Política
Presidente Bukele refuta señalamientos de ARENA y el FMLN sobre petición de $21 millones que son de un sobrante de impuestos, NO de las pensiones
Una reforma solicitada por el Gobierno para transferir excedentes de un fondo, que sirve para pagar pensiones del antiguo sistema público y para pagar capital e intereses de certificados emitidos por el Estado, ha generado una polémica en Twitter.
El presidente de la República, Nayib Bukele, por medio de su cuenta de Twitter explicó que los 21.1 millones de dólares que solicita su Gobierno corresponde a dinero de sobrantes de impuestos y no de ahorro de pensiones.
La petición del Gobierno, que surgió de una reunión del Consejo de Ministros del 6 de noviembre, es transferir estos fondos al «rubro 54 adquisiciones de bienes y servicios» de unidades de Seguridad Pública y Administración del Sistema Penitenciario, para régimen de disponibilidad policial y alimentación de reos.
En la solicitud, tanto el secretario jurídico como el ministro de Hacienda explican que el excedente obedece a una disminución en el número de personas a jubilarse.
Sin embargo, la diputada Yanci Urbina (FMLN) acusó al gobierno de poner en riesgo el pago de las pensiones pero la comisionada presidencial, Carolina Recinos de Bernal, le contestó que ya pagaron todos los intereses hasta diciembre de 2019.
Recinos se refiere a los intereses que debe pagar el Estado a los tenedores de Certificados de Inversión Previsionales (CIP) que el Estado les ha vendido años atrás. Esos tenedores de los CIP son las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) ya que estas, por ley, debieron adquirir los CIP al Estado.
En sencillas palabras, en el presente año, el Estado ya le pagó los intereses a las AFP por los ahorros de los cotizantes que por ley le ha prestado. La funcionaria publicó una carta en la cual el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) registró estos pagos.
El lunes, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el diputado Víctor Hugo Suazo, del FMLN, pidió archivar inmediatamente la solicitud y aclaró que no estaban interesados en que los funcionarios lleguen a explicarla, como lo sugirió el diputado Guadalupe Vásquez, del partido Gana. El legislador de Gana, quien preside la Comisión de Hacienda, anunció que pedirán explicaciones a los ministros Hacienda y Seguridad.
La diputada Patricia Valdivieso, de Arena, avisó que no dará los votos. El diputado René Portillo Cuadra, del mismo partido, consideró que sería una ilegalidad tomar dinero del FOP para seguridad porque sostiene que el FOP no puede transferir fondos a una cartera de Estado ni con la aprobación legislativa.
Norman Quijano, también legislador de Arena, escribió que la reforma sentaría un precedente nefasto para que cualquier déficit presupuestario se subsane a costa de obligaciones con los trabajadores.
En Twitter, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, explicó que el excedente del FOP se debe a que habían previsto que pagarían intereses de los CIP por $246 millones pero que en realidad pagaron $218 millones.
El FOP es un fondo que sirve para el pago de pensiones del antiguo sistema público de reparto así como el pago de intereses y capital de los certificados emitidos por el Gobierno.
El presidente Nayib Bukele ya se ha pronunciado al respecto tras los dimes y diretes al respecto.
“Mientras aterrizo en Japón, buscando inversión y cooperación para nuestro país, me doy cuenta que los mismos de siempre aprovecharon estas horas para atacar con mentiras y medias verdades. Hay que aclarar que nadie ha solicitado dinero de las pensiones para gastos del gobierno”, escribió.
Bukele anunció el pasado 25 de noviembre que prepara una reforma que beneficie al trabajador y amplíe a más beneficiarios.
A menos de un mes para que finalice el período legislativo 2021-2024, se visualizan cambios dentro de la Asamblea Legislativa; entre estos, que 39 de los diputados ya no continuarán en el Órgano Legislativo durante el próximo trienio.
Los motivos por los que no seguirán durante el período 2024-2027 son diversos, y en algunos casos atienden a situaciones personales, pero en términos generales se puede identificar que 18 legisladores no buscaron la reelección el 4 de febrero anterior.
En este grupo hay cinco de la fracción de ARENA, entre ellos Alberto Romero, quien se encuentra detenido mientras es procesado por el delito de enriquecimiento ilícito; Margarita Escobar y René Portillo Cuadra, quienes solicitaron permiso para ausentarse por enfermedad, renovado en varias ocasiones pero ya no retomaron sus obligaciones públicas; y Rodrigo Ávila Avilés, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue acusado de recibir sobresueldos provenientes de la partida secreta de Casa Presidencial durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca.
En el caso de la fracción de Nuevas Ideas, son nueve diputados que no participaron en la elección; entre ellos, Gerardo Aguilar y José Ilofio García, desaforados y procesados judicialmente por recibir dádivas a cambio de favores políticos; y Érick García, quien se encuentra detenido mientras enfrenta un proceso judicial por el delito de falsedad documental.
Tampoco participó Jhonny Tennant Wright, de Nuestro Tiempo, partido que desaparecerá; ni los tres diputados disidentes de ARENA: Carlos Reyes, Donato Vaquerano y Jorge Rosales.
Sí buscaron la reelección 17 legisladores, pero no recibieron el apoyo de la población necesario para permanecer en el cargo. En este grupo están los cuatro diputados del FMLN, quienes en ocasiones no votaban de la misma forma, dejando entrever una división en la fracción roja; se suman cuatro diputados tricolor, cuatro diputados de GANA, entre ellos Romeo Auerbach, quien terminó separándose del partido; y cuatro diputados de Nuevas Ideas que no lograron las marcas ni los votos requeridos para mantenerse.
Un tercer grupo que ya no regresará al Salón Azul de la Asamblea como diputados está conformado por cuatro de Nuevas Ideas que participaron en las elecciones municipales y se convirtieron en alcaldes.
Ellos son José Urbina, alcalde electo de San Salvador Oeste; Marcela Pineda, alcaldesa electa de La Paz Este; Jorge Castro, jefe municipal electo de Santa Ana Oeste; y Edwin Serpas, alcalde electo de la alcaldía de La Unión Norte. Recibirán sus credenciales el próximo 25 de abril.
Un factor importante que incide de alguna manera en que varios de los diputados ya no continúen es la nueva conformación del congreso, que pasa de tener 84 a 60 escaños, una decisión establecida en el decreto legislativo 755, del 7 de junio de 2023.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregará a finales de este mes las credenciales a los concejos municipales y diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) electos en los comicios del 3 de marzo pasado.
Guillermo Wellman, magistrado electoral, detalló a «Diario El Salvador» que las credenciales a los nuevos funcionarios de elección popular se entregarán el jueves 25 del corriente mes y año.
Wellman aclaró que los documentos oficiales a los nuevos funcionarios municipales los dará cada Junta Electoral Departamental (JED), es decir, que el acto será en los 14 departamentos.
«La ley da la facultad a la JED para que ellos puedan entregar [las credenciales], pero también ello lo avala el organismo colegiado», explicó el funcionario electoral.
Por su parte, el TSE entregará solo las credenciales a los diputados electos del Parlacen, foro político regional con sede en Ciudad de Guatemala, en el que El Salvador tiene 20 diputados.
En marzo pasado, los salvadoreños eligieron a las autoridades de 44 gobiernos municipales y a los diputados del Parlacen.
De acuerdo con los resultados del escrutinio final, Nuevas Ideas ganó 28 alcaldías, GANA seis, el PCN tres, el PDC cuatro, la coalición PCN-PDC una, ARENA una y Fuerza Solidaria una. Los funcionarios de los gobiernos locales tomarán posesión de sus cargos el 1.º de mayo próximo para un período de tres años.
La elección de parlamentarios dejó a Nuevas con 13 diputaciones, dos para ARENA, dos para el FMLN, uno para GANA, uno para el PDC y uno para el PCN.
Los diputados tomarán sus curules en octubre de 2026 para cinco años. El Salvador también llevó a cabo en febrero pasado las elecciones presidenciales y legislativas, que las ganó también Nuevas Ideas, cuyas credenciales ya se entregaron.
Política
La seguridad ciudadana y la paz social continuarán con nueva prórroga del régimen de excepción
Durante un mes más permanecerá vigente el Régimen de Excepción, con la nueva prórroga que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa, hoy durante la sesión plenaria ordinaria.
Los parlamentarios recibieron del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, la solicitud de aprobación de la vigésima quinta prórroga del Régimen, por un período de 30 días, para continuar con las tareas de captura de todas las personas que pertenecen o participan en la actividad criminal de las pandillas.
La iniciativa fue ampliamente discutida y aprobada con dispensa de trámite con 67 votos de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN, PDC y diputados independientes. Siete diputados de la oposición votaron en contra y cuatro abstenciones.
El régimen de excepción suspende las garantías constitucionales de las personas que pertenecen a las pandillas, que en nuestro país son consideradas como grupos terroristas.
De acuerdo con el Decreto, esta herramienta es aplicada para enfrentar un fenómeno sin precedentes reconocido a escala mundial que llevó al país a convertirse en una de las naciones más violentas del planeta.
La solicitud presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública detalla que aún existen remanentes de las pandillas en libertad, por lo cual aún existe la amenaza de que se reagrupen y continúen afectando a la población.
Desde el mes de marzo de 2022, cuando fue aprobado por primera vez el régimen de excepción hasta la fecha, las instituciones que conforman el gabinete de seguridad han logrado la captura de 79,184 miembros de las pandillas 18 y la MS-13.
«Ahora somos un país atractivo ante el mundo, pero no podemos confiarnos; porque aún hay personas que andan viendo cómo hacer el mal, hay personas que quieren reagruparse para sembrar miedo a la población», detalló el diputado de Nuevas Ideas Jonathan Hernández.
El régimen ha logrado una reducción en de otros delitos que cometían estos grupos criminales como las extorsiones y por el contrario ha motivado a los emprendedores a retomar sus negocios.
Otras de las consecuencias positivas del régimen es que el país ha creado un clima de seguridad adecuado para las inversiones, para potenciar el turismo y por consiguiente para enrumbar al país al desarrollo económico.
«Gracias al clima de seguridad, los salvadoreños y los extranjeros disfrutaron de las vacaciones de semana santa con total tranquilidad», detalló el diputado de Nuevas Ideas Walter Alemán.
