Política
Presidente Bukele recibe fuerte apoyo nacional e internacional por decisión de vetar “Ley de Amnistía disfrazada” aprobada por la Asamblea Legislativa
El presidente de la República, Nayib Bukele, recibe un fuerte apoyo nacional e internacional luego que el mandatario anunciara que vetará la Ley de Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Legislativa el miércoles pasado, debido a sus evidentes omisiones a favor de responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño.
En momentos que los diputados desarrollaban la sesión plenaria en la que aprobaron la cuestionada ley, el presidente anunció que vetaría la normativa si no contenía “tres elementos fundamentales para que sea justicia transicional: Verdad, reparación y justicia” y luego señaló que “una ley de reconciliación no puede ser una amnistía disfrazada”.
Activistas y organismos defensores de los derechos humanos, destacadas personalidades extranjeras, gobiernos y figuras políticas han rechazado de manera enérgica la normativa y expresaron su contundente respaldo a la decisión del presidente.
President of El #Salvador saying that he will veto amnesty law in its current form. https://t.co/bnPIKSRfpq
— Michael Deibert (@michaelcdeibert) February 27, 2020
“Esta ley de amnistía ignora completamente las instrucciones de la Sala de lo Constitucional. El presidente Nayib Bukele está en lo correcto. Él debería vetar esta ley. ¡La Asamblea Legislativa debería escuchar a las víctimas!”, manifestó el congresista demócrata estadounidense por el estado de Massachusetts, Jim McGovern.
A través de la Cancillería, la administración del presidente de Colombia, Iván Duke Márquez, reconoció “los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para que no haya impunidad con las víctimas” y consideró que “amnistiar crímenes atroces va contra el derecho de las víctimas”.
La Asamblea Nacional de Venezuela también saludó la decisión del presidente Bukele y expresó su decidido apoyo y acompañamiento al Gobierno de El Salvador “ante las pretensiones de usar la figura legal de la amnistía para tapar violaciones de los derechos humanos e imponer un estado de impunidad”.
“Como legisladores y defensores de la democracia, no solo en Venezuela, sino que, en la región, manifestamos nuestro total apoyo y solidaridad con el presidente Bukele, con las víctimas y con todos los salvadoreños”, manifestó en un pronunciamiento la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración.
Nuestro apoyo al presidente @nayibbukele y al gobierno de #ElSalvador ante las pretensiones de usar la figura legal de la Amnistía para tapar violaciones de derechos humanos e imponer un estado de impunidad. pic.twitter.com/xbQO4bRnS0
— Armando Armas (@ArmandoArmas) February 28, 2020
La Oficina de Washington para América Latina (WHOLA) ha retomado el anuncio del mandatario salvadoreño de que vetará la ley, aprobada durante una plenaria convocada a última hora de la tarde del miércoles.
“La Asamblea Legislativa aprobó una cuestionable ley de amnistía el día miércoles26 de febrero. Cualquier intento de proteger a quienes cometieron delitos de guerra a la expensa de las víctimas, está equivocado. El Presidente debe vetar la ley”, expresa el organismo.
Durante su gestión, el Presidente Bukele ha expresado su total respaldo a las víctimas del conflicto armado y su compromiso porque se les brinde justicia. El mandatario ha sido un abanderado del respeto de los derechos constitucionales de la población salvadoreña.
Por su parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió a los legisladores salvadoreños que se abstengan de restablecer la amnistía incluida en un anteproyecto de ley sobre reconciliación que discuten actualmente ya que dejaría sin rendir cuentas a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad y privaría de justicia a las víctimas.
“En lugar de lograr estos objetivos cruciales, el anteproyecto presentado podría impedir que los derechos de las víctimas se cumplan”, declaró Bachelet. “Y al otorgar impunidad a los autores de delitos muy graves, aumentaría la probabilidad de que esos hechos se repitiesen”, añadió.
Comparto nuestra reflexión sobre la Ley de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional, y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y con la sociedad entera que sufrió el conflicto armado. Sin justicia transicional no se puede pasar la página. pic.twitter.com/a293Sl8TYL
— Birgit Gerstenberg (@BGerstenbergUN) February 27, 2020
La permanencia en ARENA de Joel Humberto Sánchez, cuando era candidato a la presidencia de la república por el tricolor, tenía un precio: $30 millones, según reveló ayer él mismo en la entrevista Las Cosas Como Son, monto que le fue exigido por directores departamentales del instituto político, quienes tenían el apoyo del presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, para amenazar a su aspirante.
Dicha cantidad sería para financiar supuestos gastos de la campaña electoral del partido en el mercado de las pasadas elecciones generales.
«Así literal me lo dijeron, en diciembre (de 2023), ese fue el regalo de Navidad que me dieron todos los directores departamentales; y saltó uno, puedo decir el nombre: Efraín Cañas, tú me dijiste eso, y me amenazaste, me insultaste y el presidente del partido estaba a la par mía y ni tan siquiera se paró a callarlo. Me dijiste: “Si no trae $30 millones este día por favor retírese, que para qué se metió a esto”. Así de sencillo y trágico, teniendo al presidente del partido enfrente y al resto de gente del COENA en mi casa de campaña, en mi propia casa burlándose de mí», narró Sánchez.
Efraín Cañas fue candidato a alcalde por San Salvador Sur por el partido ARENA en las elecciones del pasado 3 de marzo, en las cuales perdió ante el candidato de Nuevas Ideas, Mario Vásquez.
Sánchez, salvadoreño radicado en Estados Unidos, aseguró que fue García Saade quien lo convocó y convenció en diciembre pasado para que sostuviera una reunión con los directores departamentales de ARENA, en la que recibió las amenazas de expulsión.
«Y si no daba [el dinero] “te expulsamos del partido”. Esto no es nuevo, era como la cuarta vez [que me amenazaban]. Ahora lo puedo decir porque ya no pertenezco al partido, ya no me van a hacer nada […] no lo podía decir por la amenaza del tribunal (interno), la amenaza de la expulsión, pero ahora estoy libre y puedo decir las cosas como son», explicó el excandidato arenero.
El pasado lunes Sánchez notificó su renuncia al partido, luego que el presidente del COENA solicitara, el 10 de abril, la apertura de un proceso de expulsión contra el excandidato por emitir declaraciones en supuesto perjuicio de la imagen del instituto de derecha.Sánchez manifestó ayer haberse sentido «amenazado y desgastado» durante el periodo preelectoral con su candidatura, pues además de haber recibido amenazas también hubo duras críticas por parte de altas autoridades del partido, quienes buscaban un «protagonismo político».
«Podía más el interés personal, el protagonismo político que el plan de nación. Querían protagonismo y ellos [partidos políticos de oposición y la sociedad civil] tenían esas discrepancias de «ese candidato es mío». En realidad, no había un consenso, era una lucha interna entre partidos por protagonismo. Era un desgaste, se los decía todo el tiempo», dijo.
Comentó que miembros de ARENA también se aprovechaban de su «estatus de empresario» para realizar reuniones en el extranjero en restaurantes de lujo, donde le tocó pagar en una ocasión más de $1,800 por una cena para aproximadamente 12 personas. «Eran unos abusivos», aseveró Sánchez.
«Yo pagué cada cinco de mi campaña y apoyé inclusive a muchos candidatos que les miraba potencial […] diputados, alcaldes, diputados al Parlacen, y ahora muchos de ellos son detractores y me acusan de que yo tuve la culpa de los resultados que tuvimos, porque no les di $30 millones. En realidad eran propuestas descabelladas, todas las que me hacían eran descabelladas, y siendo yo una persona cuerda no iba a acceder a tanta atrocidad», indicó.
También denunció que aparte de pedirle $30 millones movimientos sociales que en principio impulsaron su candidatura presidencial le exigían $15 millones por apoyarlo, e incluso afirmó que recibió amenazas por parte de dichos grupos de retirarle su acompañamiento.
«La sociedad civil también me amenazaba. Te vamos a quitar el apoyo, nos vamos a ir con el candidato de tal partido […] era totalmente un desastre», añadió.
De acuerdo al excandidato tricolor, las indicaciones que le dio el partido durante la campaña electoral eran «confusas» y las estrategias que implementaban hacían quedar mal su imagen ante los electores. «No utilizaba los colores del partido y la gente decía “es que Joel se avergüenza”, y no. Es que era el mismo COENA que me dijo que no lo usara […] eran las directrices del COENA. El mismo partido me dijo: No se vaya a poner chaleco. Me ponían en entredicho, me hacían quedar mal con las bases, fue una campaña muy dura y confusa», afirmó Sánchez.
Aseguró que en ARENA incluso fue menospreciado por su apariencia física. «Ellos querían ver al mesías, querían ver a alguien prominente, alto, yo pienso que blanco y pelo rubio; y cuando me miran, un salvadoreño como soy yo, real, cojutepecano, gordito y bajito, comenzaron a tirarme posturas elevadas, astrales», comentó.
El Gobierno Central solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar la suscripción de un préstamo con la em-presa Yutong Bus (fabricante chino de autobuses), por la cantidad de $179,577,857 para financiar el 85 % del proyecto de renovación de buses del servicio colectivo en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
La solicitud fue presentada a través de una pieza de correspondencia, que fue admitida en la sesión ple-naria 153, que se realizó el lunes anterior, siendo admitida y enviada a la comisión de hacienda y especial del presupuesto para su respectivo estudio.
De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio de Hacienda, es el Ministerio de Obras Públi-cas a través del Viceministerio de Transporte el encargado de realizar el proyecto, que tiene por finalidad mejorar las condiciones de conectividad de los usuarios en el AMSS, así como la reducción de la conta-minación ambiental.
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron dos disposiciones transitorias enfocadas a proteger la economía familiar.
La primera de las iniciativas busca mantener estables las tarifas del pasaje que pagan los salvadoreños por el servicio del transporte público.
Para lograrlo, los parlamentarios ampliaron el período de vigencia de la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros tipo Colectivo y Masivo.
Dicha iniciativa fue aprobada con 64 votos a favor y busca mantener la estabilidad del pasaje, por un mes más, a partir del 1 de mayo hasta el último día de ese mes.
Por otra parte, los parlamentarios acordaron prorrogar la vigencia de las placas de los vehículos automotores.
Con 73 votos, los parlamentarios aprobaron ampliar la disposición Transitoria a la Ley de derechos fiscales para ampliar vigencia de las placas con formato 2011.
Dicha iniciativa busca ser una medida de contingencia ante diversos factores internacionales que impactan de forma negativa la economía del país.
«Este decreto tiene como propósito prorrogar el periodo de validez de las placas de circulación de los vehículos. El Gobierno sigue en la búsqueda de estrategias que ayuden a disminuir el impacto económico en las familias salvadoreñas y esta iniciativa es prueba de ello», indicó el diputado de Nuevas Ideas, Salvador Chacón.
De acuerdo con la normativa actual, la vigencia de las placas de los vehículos deben renovarse cada quinquenio, pero dada la situación del alza de precios del petróleo y sus derivados, debido a la crisis global, los parlamentarios consideran necesario ampliar transitoriamente el periodo de validez del uso de las mismas.
