Diputados del PCN tildan de irresponsable a Cristina López y hacen un llamado urgente a la CSJ para que retome el tema de las escuchas telefónicas, según la abogada Bessy Ríos

La exatleta y exdiputada Cristina López sigue estando en la palestra pública tras los señalamientos hechos contra el Partido de Concertación Nacional (PCN), institución política para la cual laboró y al que ha acusado de mantener por varios años “contrataciones irregulares” al interior de la Asamblea Legislativa.

Las acusaciones de López se basan luego que se filtrara la noticia que ella cobró por 6 meses (mayo a octubre de 2019) un salario de $2,000 con el cargo de asesora administrativa del PCN, sin presentarse al órgano legislativo, un acto considerado como nepotismos (trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos).

Tras la noticia, López destapó la caja de pandoras al responder en su cuenta de twitter y confesar que esa modalidad de cobro, fue implementada por el mismo el jefe de fracción, José Antonio Almendáriz, a lo que ella misma ha calificado de una “una trampa” en su contra y ha acusado de ello a sus antiguos compañeros.

 Las declaraciones de López como era de esperarse ya han tenido respuestas de sus excompañeros de partido de político, quienes son acusados por la exatleta de irregularidades administrativas, presunto encubrimiento en el asesinato del dirigente político Ramón Kury y de falsedad material con la “falsificación” su sello y firma en una pieza de correspondencia que favorecía al empresario Enrique Rais, pieza de correspondencia que posteriormente fue aprobada por el congreso.

Sobre este caso específico, el actual presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce y exjefe de fracción del PCN en la legislatura 2015-2018, aseveró que López fue la única de su partido en firmar esa pieza de correspondencia, aunque desconoce quiénes más firmaron el documento.

“Ningún miembro a excepción de ella firmó esa pieza de la cual no estábamos de acuerdo”. ¿Quiénes participaron en la elaboración de esa pieza?, se le preguntó. “Desconozco”, dijo.

Ley Especial para la Intervención de Telecomunicaciones  

Cristina López, a juicio personal hizo una interpretación auténtica de un artículo de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (Art. 23) que beneficia al empresario Enrique Rais, la cual ella misma habría presentado en la ventanilla de recepción de documentos del órgano legislativo tres años atrás.

Fue específicamente el 31 de octubre de 2017 en que la exdiputada propuso por iniciativa propia una interpretación del artículo 23 de la ley.

Ese artículo establece que si un juez autorizó a la Fiscalía intervenir las llamadas telefónicas de un posible acusado, la FGR tendrá seis meses para presentar el requerimiento. De no hacerlo deberán destruir grabaciones y transcripciones. En diciembre de ese mismo año, previo a irse de vacaciones, los diputados aprobaron la interpretación planteada por la López a criterio personal y sin contar con la presencia y consentimiento del empresario Enrique Rais, quien al momento de la presentación se encontraba fuera del país.

La propuesta de López partió luego que la Fiscalía, según ella, estaba abusando de las escuchas telefónicas mediante el entro de escuchas telefónicas en administraciones anteriores.

Sobre ese punto, la abogada y defensora de derechos humanos en el país, Bessy Ríos, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de lo Constitucional, a que retomen el tema de las escuchas telefónicas y considere la destrucción de pruebas 6 meses después de no ser utilizadas como pruebas en un juicio, tal como la aprobó el órgano legislativo hace 3 años y medio.

Para Ríos, es un tema prioritario para los magistrados de la sala en mención, ya que según ella, anteriormente la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha “abusado” de las escuchas telefónicas en las administraciones de Douglas Meléndez, señalado de actos de corrupción durante su gestión y de Luis Martínez, quien actualmente guarda prisión.

Sobre el mismo hecho, el diputado pecenista, Raúl Beltrán Bonilla, también ha lanzado crítica contra la exdiputada Cristina López y ha tildado sus declaraciones de irresponsable.

“Cada diputado es responsable de las piezas que se presentan. Todos vamos a la ventanilla, nos acompaña la prensa, nadie puede decir ‘mire aquí vino Pedro Pérez a presentar una pieza de correspondencia para don fulano o favorecer de don mengano o perengano’. ¡No! es cada uno el que asume la responsabilidad. El que sabe leer, escribir y firma sabe lo que está haciendo”, dijo tajantemente Beltrán Bonilla, poniendo en evidencia el mal proceder de López.

En una entrevista a un medio radial, Cristina López dijo el lunes estar dispuesta a devolver lo cobrado en la Asamblea Legislativa, no sin antes señalar que la modalidad de cobro fue establecida por el jefe de fracción José Antonio Almendáríz.

Sus señalamientos dejan en claro la evidencia de nepotismo que por años se ha venido señalando al interior de la Asamblea Legislativa y en los partidos políticos que la conforman, tema del que ya la FGR ha tomado cartas en el asunto por orden del fiscal general Raúl Melara, quien recientemente ha declaró una investigación abierta al PCN.