El 89 % [71,356] de los más de 80,000 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción se encuentran guardando prisión como medida emitida por un juez mientras continúan los procesos judiciales en su contra, así lo explicó, recientemente, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado.

«De los 80,095 pandilleros capturados durante dos años del régimen de excepción, 71,356 están detenidos con medidas [es decir guardan prisión por orden de un juez, mientras continúan los procesos judiciales en su contra]», señaló el fiscal.

Delgado detalló que las ordenes de detención han sido logradas gracias a las más de 4,000 solicitudes de imposición de medidas que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado ante los tribunales y juzgados correspondientes para que los mareros sean procesados de forma grupal (como estructuras) y no individual.

«Hemos presentado un total de 4,452 solicitudes de imposición de medidas en estos dos años de régimen, esto ha servido para la imposición de la detención provisional en contra de 71,356 pandilleros. Ahorita, en la etapa en la que estamos, es agrupar a todas estas personas para ser procesado por organización criminal, posterior a eso ya vendrán los juicios, es decir, ya la exposición ante cada uno de los jueces de las diferentes evidencias que hemos recolectado», indicó el fiscal.

Delgado también aclaró que hay pandilleros que ya han sido condenados por delitos y proceso judiciales cometidos e iniciados previo a la aplicación del estado de excepción.

«Lo que sí ha sucedido es que algunos de estos pandilleros tenían cuentas pendientes en otros tribunales por otros cargos, por hechos sucedidos antes de la aplicación del régimen de excepción, entonces en contra de esas personas también se ha continuado con los procesos y a cada uno se le ha impuesto la pena correspondiente», explicó.

Según las estadísticas de la Fiscalía, de los 80,095 mareros capturados, un total de 55,114 pertenecen a la MS; 24,450 forman parte de la pandilla 18 [10,258 a los revolucionarios y 14,192 a los sureños]; y 531 pertenecen a otras estructuras criminales como la Mao Mao y la Máquina.

El departamento que presenta mayor cantidad de pandilleros detenidos es San  Salvador con 22,210, de estos, 10,793 son de la MS, 11,159 de la 18 y 258 a otras pandillas; a San  Salvador le sigue el departamento de Sonsonate con 9,780 capturados, de los cuales, 7,224 son de la MS, 2,547 pertenecen a la 18, y 9 a otras estructuras terroristas.

Mientras que, en La Libertad, las autoridades han detenido a 8,763 mareros, de estos, 7,236 forman parte de la MS, 1,477 son de la 18, y 50 pertenecen a otras pandillas.

Luego que varios de los nuevos 44 concejos municipales del periodo 2024-2027 tomaran la decisión de aumentar los sueldos, las dietas y los gastos de representación -situación que ha causado indignación entre la población-, la Corte de Cuentas de la República (CCR) advirtió ayer que auditará el uso de los fondos públicos en las alcaldías, y cualquier irregularidad en el manejo de los recursos en este tipo de casos la denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En ese sentido, el ente contralor exigió que los nuevos concejos municipales -que iniciaron funciones el 1.° de mayo pasado- cumplan con los lineamientos del Código Municipal en torno al buen uso de los recursos públicos, para no incurrir en repercusiones legales.

«Cada alcalde y su concejo municipal deben obedecer y cumplir lo establecido en los artículos 30, 31 y 78 del Código Municipal, en los que se expresa que “el concejo no podrá acordar ningún gasto para el cual no exista previsión presupuestaria”; asimismo, no podrá autorizar egresos de fondos que no estén consignados expresamente en el presupuesto», se lee en el comunicado que la CCR publicó en la red social X.

Uno de los casos en que hubo incremento en salario y dietas fue en la alcaldía de La Libertad Costa, gobernada desde el 1.° de mayo pasado por el partido GANA. Sin embargo, luego de la indignación que generó esta decisión que impactará en las finanzas de la municipalidad, el alcalde Rafael Ávalos anunció ayer que revertirán el aumento de $6,800 que se recetó, los $4,000 asignados a los síndicos y los $1,800 para los regidores.

«Mantendré el sueldo del alcalde de La Libertad del periodo anterior [$3,500], por eso les comparto la nómina de salarios del alcalde, síndico y concejo municipal para el periodo 2024-2027», escribió Ávalos en Facebook.

A través de un comunicado publicado en X, el partido GANA informó ayer que abrirá expediente disciplinario contra sus miembros que como funcionarios municipales se hayan adjudicado aumentos a partir del miércoles anterior.

En redes sociales se denunció que el concejo municipal de La Unión Norte, también se recetó un aumento salarial. En este municipio el alcalde Edwin Serpas, de Nuevas Ideas, votó en contra, lo mismo que hicieron los concejales cian en La Libertad Norte.

Nuevas Ideas anunció el jueves pasado que expulsará de sus filas a quienes se aumenten el salario, las dietas o gastos de representación. El jefe de la bancada cian, Christian Guevara, recomendó que los funcionarios municipales -incluidos los de Nuevas Ideas- que se aumentaron los salarios sesionaran de emergencia para revertir esa decisión administrativa.

Para la CCR, los 44 alcaldes deben ser responsables en el uso de los fondos públicos que administrarán, por tanto, los exhortó a utilizarlos de manera diligente, eficiente y con transparencia.

«Nuestro equipo de auditores se encuentra trabajando en territorio para que, en caso de encontrar irregularidades, se proceda a realizar las acciones de control correspondientes, informando los hallazgos oportunamente a la Fiscalía General de la República, como lo contempla el artículo 8-A de la Ley de la CCR», advirtió el organismo contralor.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) procedieron este viernes con el borrado de grafitis alusivos a grupos de pandillas en las cercanías de algunos centros escolares en el sector de Santa Ana.

La institución policial detalló que los grafitis fueron localizados en la 15 calle poniente y 2 avenida sur de Santa Ana, sector del territorio santaneco donde funcionan varios centros escolares.

Ante esto, un grupo de ciudadanos denunció la presencia de los grafitis, por lo que las autoridades procedieron con el borrado, a fin de eliminar todo remanente de pandillas y grupos criminales en El Salvador Salvador.

Tras una denuncia ciudadana, nuestros policías se trasladaron a la 15 calle Poniente y 2 avenida Sur de Santa Ana, donde hay centros escolares, para borrar grafitis alusivos a las pandillas.

Durante muchos años, estos “placazos” fueron señal de la presencia de estructuras… pic.twitter.com/6a933OGPaj

— PNC El Salvador (@PNCSV) May 3, 2024