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Judicial

Juez de Instrucción, confirma que el caso Corruptela está basado en prueba ilegal y es una doble persecución contra Enrique Rais.

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El Juzgado 4o de Instrucción, pronunció recientemente resolución judicial en la que reconoce las graves ilegalidades que fueron cometidas por la Fiscalía en perjuicio del empresario Enrique Rais y que han producido la acusación en su contra en el conocido como Caso “corruptela” mismo que estaría basado en escuchas telefónicas ilegales y de las que no existe garantía de su legitimidad, además de no constar que se haya autorizado judicialmente intervenir ningún aparato telefónico o en uso por parte de Rais.

Precisamente el Juez de Instrucción, al mismo tiempo que se excusa para seguir conociendo de la causa penal, por el motivo de haber conocido de los mismos hechos que se imputan a Rais, en el caso “corruptela” en la tramitación de otras causas penales tanto en el Juzgado 5o de instrucción, como en el 8o de instrucción, ambos de la ciudad de San Salvador, reconoce ampliamente que los procesos penales contra el empresario, tienen su origen en una intervención telefónica promovida contra otras personas distintas al empresario ya que éste no estaba siendo objeto de investigación, que nunca existió autorización judicial para escuchar conversaciones de Rais y que la información ha sido manipulada por la fiscalía y policía, no existiendo certeza sobre la cadena de custodia de la prueba y sobre el contenido de los audios.

También destacó que la prueba con la cual fiscalía montó el caso, fueron unas escuchas que el Ex Director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones ocultó su existencia al entonces Fiscal General de la República, en las que además de no aparecer Enrique Rais, sino otras personas investigadas por distintos hechos, tales escuchas cumplieron los seis meses que indica la ley de escuchas, para poder utilizaras como prueba y acusar penalmente a los intervenidos, caso contrario deben ser destruidas; sin embargo, en este caso, fueron utilizadas casi DIEZ MESES, después del periodo en que debían destruirse y por ende, DIECISÉIS MESES después de haber concluido la intervención telefónica de la que se obtuvieron.

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Los abogados de Rais, han sostenido durante más de tres años que el empresario es víctima de una persecución arbitraria, por intereses económicos de competidores desleales y por razones políticas, que fueron potenciadas por las ilegalidades del Ex Fiscal General Douglas Meléndez, quien por medio de su primo hermano y Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz y el Ex Jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez Díaz, fabricó los distintos procesos penales, que en realidad se tratan del mismo hecho, mismos delitos señalados y contra las mismas personas, en lo que ya no es ni siquiera una doble persecución, sino que se está en presencia de una triple persecución.

De manera que la Fiscalía monta en unas escuchas vencidas, donde no consta intervención judicial de Rais y sin certeza de legitimidad, el conocido como “Caso Rais Martínez”, acusándolo de beneficiarse por medio de la entrega de dádivas al Ex Fiscal General Luis Martínez, de procesos acomodados a los intereses del empresario; cuando se dan cuenta que son descubiertos en el fraude de haber alterado la información de unos Análisis de Bitácoras y está por realizarse la audiencia preliminar del caso, los fiscales fabrican el llamado caso “corruptela”, que precisamente tiene la misma base de hechos y la misma prueba. Y para tratar de darle otra orientación coaccionan a seis personas de la FGR, entre fiscales y empleados, para que declaren falsamente en contra de Enrique Rais, situación que está comprobada cuando renuncian de los criterios de oportunidad que les habían sido autorizados y por tanto sus declaraciones carecen de validez, por ser prueba prohibida.

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Frente a todas estas ilegalidades que han sido advertidas por el Juzgado que lleva la causa, precisamente en la misma resolución se determina que la razón de excusarse es porque no quiere que quede la misma duda, sobre la falta de objetividad del Juez, pues es claro que lo que procede en el caso “corruptela” es declarar la nulidad del proceso seguido contra Rais, pero al haber conocido el juzgador, también de los otros procesos que son réplicas del “corruptela” opta porque sea el Tribunal de Segunda Instancia que confirme si debe o no seguir al frente de la tramitación de la acusación, ya que está en juego que se alcance la justicia sobre las violaciones a derechos fundamentales del empresario.

Según los abogados de Rais, al ser consultados, el ejercicio de transparencia del Juez Cuarto de instrucción, es un buen signo para el sistema judicial, que no ha tenido el valor de aceptar que los procesos penales que recibieron y en los que se acusa a Enrique Rais, están basados en pruebas ilegales, pruebas prohibidas y son tres veces el mismo caso. Ante la falta de pronunciamiento inclusive de la propia Corte Suprema de Justicia, donde están pendientes de resolverse peticiones constitucionales de trascendencia, se vieron obligados a demandar a la Fiscalía, la PDDH y el Sistema Judicial por no garantizar el acceso a una pronta y cumplida justicia para su defendido. Y confirman que ya preparan más acciones internacionales al quedar comprobado que Enrique Rais es víctima de una triple persecución penal, por los mismos hechos, lo que está prohibido por la ley nacional y los tratados internacionales.

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FGR logra que procesados en Caso SITRAMSS sean enviados a juicio

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Durante la Audiencia Preliminar en el Caso SITRAMSS, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que los procesados sean enviados a juicio, en este sentido, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, emitió orden de captura para Nelson Napoleón García, exviceministro de transporte en uno de los gobiernos del FMLN.

En la investigación García es acusado por dos cargos de extorsión agravada, debido a que realizó actos de intimidación y coacción en contra de transportistas que prestaban servicio en la terminal y la vía que era utilizada por el Sitramss, a quienes les exigía que entregaran sus líneas de transporte.

Además, las pruebas presentadas en el caso también demostraron que los procesados presentes: Edwin Flores, exdirector de Tránsito del VMT, concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a SIPAGO, empresa privada de Miguel Ángel Castaneda, acción que no contó con la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.

Por otra parte, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, fue separado del proceso por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.

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Autoridades piden seis años de cárcel para diputado desaforado Erick García

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En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.

Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.

García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.

Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.

Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.

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Exdiputado del FMLN y familia enfrentan juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.

El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.

En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.

A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.

En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.

A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.

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Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.

«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.

Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.

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