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Judicial

Sentencian a almacenes Prado a pagar fianza de más $1 un millón por cobros indebidos a clientes

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Tras admitir y analizar la denuncia por posibles cobros indebidos en perjuicio de los consumidores, el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a Almacenes Prado (GMG Servicios El Salvador, S.A. de C.V.), rendir una fianza por la suma de 1,028,569.84 de dólares.

En noviembre de 2019, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, denunció ante el Tribunal que una auditoría practicada a una cartera de 42,276 créditos otorgados en el período comprendido entre el 21 de noviembre de 2017 y 22 de abril de 2018, determinó que este proveedor habría cobrado indebidamente más de un millón de dólares a sus clientes.

Dicha investigación verificó si los intereses y recargos efectuados por GMG Servicios se apegaron a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor (LPC) y la Ley Contra la Usura (LCU), pero encontró, entre otros, hallazgos susceptibles de constituir infracciones contra ambas leyes.

De acuerdo con lo encontrado por las autoridades en la auditoría, se determinó que la empresa cobró de intereses superiores a la Tasa Máxima Legal permitida, en un total de 20,618 créditos, por un monto de 725,470.96 dólares.

Además, se encontró que la empresa cobró comisiones contrarias a la ley, en un total de 13,628 créditos, por un monto de 292,685.19 dólares.

La tercera anomalía encontrada por las autoridades fue la utilización de un método de cálculo de intereses contrario a la LPC, en un total de 487 créditos, por un monto de 10,413.69 dólares;

De igual forma, se encontraron introducción de cláusulas abusivas en los contratos de los consumidores; obstaculización a las labores de la Defensoría del Consumidor; y no remisión de la información de su actividad crediticia al Banco Central de Reserva (BCR).

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Las conductas atribuidas a GMG Servicios podrían encajar en múltiples incumplimientos e infracciones, en concreto con las establecidas en los artículos: 17, literales b), d), f) e i); 12 y 18, literales c), en relación con el Art. 44, literal e) de la LPC; Arts. 12-A y 19, literal a) en relación con el 44, literal d) de la LPC; Art. 7, literal h) en relación con el 44, literal f) de la LPC, así como las establecidas en los artículos 6 y 12 de la Ley Contra la Usura.

Al respecto, será el Tribunal Sancionador la instancia que determine las posibles infracciones contra la ley, imponga las sanciones correspondientes y, en su caso, ordene a GMG Servicios El Salvador, S.A. de C.V., devolver lo cobrado indebidamente a los consumidores, que en total asciende a la suma de 1,028,569.84 de dólares.

Judicial

Prisión para extorsionista ligado a exalcalde de ARENA en Apopa

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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Elvis Alexander López Moreno, pandillero del Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.

«Este día se ha culminado la Vista Pública en contra del imputado Elvis Alexander López Moreno persona que estaba siendo acusada por el delito de extorsión, agravada, la condena emitida esta mañana ha sido de 15 años de prisión», afirmó la fiscal del caso.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) demostraron que López Moreno extorsionó a una víctima durante el 2012, exigiéndole $5 semanales a cambio de no atentar contra su vida.

«Él era una persona que pertenecía a la pandilla 18 revolucionarios que operaba en la colonia Popotlán 1 y Popotlán 2, en Apopa, extorsionando a los vendedores de la zona exigiéndoles la mal llamada renta, la exigencia que le hacía a la víctima era de $5 semanales renta que estuvo pagando por más de un año», explicó la fiscal.

Según las autoridades, López Moreno fue deportado de Estados Unidos en diciembre de 2021 y está vinculado a otros procesos penales junto al exalcalde de Apopa, por el partido ARENA, José Elías Hernández quien paga una condena por varios delitos y vinculaciones con pandilleros.

«Esta persona fue extraditada de los Estados Unidos hacia El Salvador y ha tenido vinculación en otros delitos como homicidio, agrupaciones ilícitas, extorsión, entre otros, está vinculado al exalcalde de Apopa, Elías Hernández», indicó la fuente.

La fiscal detalló que López Moreno, supuestamente, trabajaba como jardinero para la comuna de Apopa, cuando Hernández fungía como alcalde.

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Judicial

FGR ordena captura de hombre acusado de intento de homicidio en Colón

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La  Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la detención de Cristóbal Abarca Rivas por haber intentado asesinar con un corvo a otra persona.

El delito fue cometido el 29 de enero de este año en el cantón Las Moras, jurisdicción de Colón, en La Libertad.

De acuerdo a las investigaciones de la FGR, el imputado llegó a la casa de un familiar y agredió a la víctima con el arma blanca y lo lesionó en varias partes del brazo. Tras herir a la víctima, el imputado se fugó.

Por esos esos hechos la FGR acusará al procesado ante las autoridades judiciales por el delito de homicidio simple imperfecto o tentado.

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Judicial

Ordenan detención de 31 sujetos por diferentes delitos

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La Fiscalía General de la República (FGR) giro ayer órdenes de captura para 31 sujetos implicados en diversos delitos y relacionados a estructuras de crímenes comunes o grupos de pandillas.

Entres los delitos que se les imputan a estos sujetos están: estafa, extorsión, homicidio, desaparición de personas, homicidio tentado, lesiones graves y amenazas graves. Los delitos han sido cometidos en diversas zonas de El Salvador.

Entre los detenidos se identificó a Nelson José Cruz Aguilar, Elí Alexander Mendoza y Carlos Antonio Cruz Rodríguez, quienes son señalados de haber desaparecido a una persona que se negó a formar parte de su grupo de pandillas.

Según la investigación fiscal, estos sujetos interceptaron a la víctima mientras se encontraba en un local en el sector de San Rafael Obrajuelo, para después trasladarla a un lugar aislado. Las autoridades aún continúan la investigación de este caso.

Otros detenidos, identificados como Rembert Antonio Valladares Portillo, José Samuel Mejía y Jocelyn Díaz de Valladares, fueron vinculados a un caso de extorsión en el que exigían hasta $50 quincenales a un negocio a cambio de no atentar contra la vida del propietario y sus familiares.

Finalmente, este operativo permitió la resolución de varios casos de estafa en los que los imputados usaban las plataformas de redes sociales para promocionar joyas, celulares y electrodomésticos.

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