Judicial
Reprograman audiencia caso Carla Ayala, tribunal no notificó a la defensa dictamen de acusación
l Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer de San Salvador reprogramó para el 27 de noviembre la audiencia preliminar contra el prófugo Juan José Castillo, alias “Samurái”, acusado del feminicidio de la agente policial, Carla Ayala.
La diligencia fue aplazada debido a que el tribunal no notificó a la defensa sobre el dictamen de acusación presentado por el ministerio público.
“Fuimos convocados este día a las 8:00 a.m. para la instalación de la audiencia, pero el día de ayer un abogado manifestó que a él no se le había notificado que Fiscalía había presentado el dictamen de acusación y la Ley le da el derecho que tiene 5 días para contestarla y hacer el ofrecimiento de prueba y se verificó que efectivamente el tribunal omitió haberle notificado que la representación fiscal lo presentó”, explicó el fiscal Arturo Cruz.
“Para evitar algún tipo de vulneración de derecho de defensa materia y técnica de los imputados se suspende esta audiencia para las 8:30 a.m. del próximo 27 de noviembre”, añadió.
Cruz dijo que como representación fiscal se sienten inconformes por los atrasos e inconvenientes que se están dando en este caso.
“Es una situación que le causa extrañeza a esta representación fiscal, transcurren 9 meses sin que nos hayan señalado audiencia preliminar, y cuando una vez nos señalan surgen este tipo de inconvenientes”, acotó.
Además señaló que existe prueba suficiente para que el proceso pase a la siguiente etapa.
“Existen diferentes testimonios que agentes policiales, de la unidad de control, disciplinarias que observaron displicencia del jefe del GRP y como otros miembros del mismo grupo que no quisieron dar con la captura del agente”, expuso.
En este caso también son procesados José Atilio Jiménez Quintanilla y Joel Isaac Castillo Arévalo, por el delito de encubrimiento, así como Ovidio Antonio Pacheco Morales, Wilfredo Deras Hernández, Juan Antonio Linares y José Antonio Pérez Pineda por Incumplimiento de Deberes.
Los imputados pertenecen al extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) y de acuerdo al ministerio público, todos están vinculados directa o indirectamente en el feminicidio de Ayala.
Un testigo criteriado presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), ha declarado que una estructura de 31 pandilleros de la 18 de la facción sureña, planificó y ejecutó una serie de homicidios, entre ellos dos masacres en el penal de Izalco.
Los pandilleros que delinquían en Soyapango e Ilopango son procesados por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y privación de libertad agravada.
«A estas 31 personas se les acumula una gran variedad de delitos, entre los cuales se encuentran dos masacres que ocurrieron dentro del centro penal de Izalco en el año 2016», dijo uno de los fiscales.
El testigo del ministerio público ha revelado la forma en la cual se perpetraron las masacres y el móvil fue por una pugna interna dentro de esa organización terrorista.
Por feminicidio agravado en perjuicio de tres mujeres, la representación fiscal busca una pena de 50 años y 30 años por el delito de homicidio agravado.
«Contamos con la declaración de una persona a quien se le dio un criterio de oportunidad (beneficios penales a cambio de colaborar) y establece la forma en la cual la pandilla planificó días antes el cometimiento de estas masacres las cuales se dieron por pugnas internas de la pandilla 18 en esa época», agregó el representante de la Fiscalía.
Una de las masacres ocurrió el 18 de junio de 2016; cuatro pandilleros de la 18 fueron asesinados debió a la purga interna en esa estructura.
Los mareros enfrentan la vista pública de forma virtual desde el centro penal de Izalco, donde están recluidos por otros delitos y cumpliendo condenas recibidas en otros procesos penales.
El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 25 años de cárcel a cinco integrantes de la clica Criminal Gánster Locos Salvatruchos de la MS-13 por el homicidio agravado de un hombre al que atacaron cuando descansaba en su casa.
De acuerdo con el informe oficial, el crimen se cometió el 16 de enero de 2019, cuando la víctima, de 74 años, descansaba en su casa, en el caserío Nuevo Puente, en el cantón San Marcos Lempa, del distrito de Jiquilisco, en el municipio de Usulután Oeste.
Según el reporte fiscal, los cinco terroristas llegaron a la casa de la víctima y la atacaron con arma blanca, por lo que le provocaron lesiones graves en la cabeza y el cuello que le causaron la muerte. Por este hecho han sido sentenciados Gabriel Alberto Iraheta Orellana, alias Turis; Jaime Balmore Beltrán Abarca, alias Domba; Rubén Ernesto Mejía Roque, alias Carmelo; Oswaldo Antonio Castillo, alias Pico; y Milagro del Carmen Mejía Roque.
De momento, los cinco criminales están prófugos de la justicia; sin embargo, el Tribunal de Sentencia de Usulután los procesó gracias a la reforma del Código Procesal Penal que permite decretar sentencia firme contra delincuentes que han sido declarados en rebeldía.
El 89 % [71,356] de los más de 80,000 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción se encuentran guardando prisión como medida emitida por un juez mientras continúan los procesos judiciales en su contra, así lo explicó, recientemente, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado.
«De los 80,095 pandilleros capturados durante dos años del régimen de excepción, 71,356 están detenidos con medidas [es decir guardan prisión por orden de un juez, mientras continúan los procesos judiciales en su contra]», señaló el fiscal.
Delgado detalló que las ordenes de detención han sido logradas gracias a las más de 4,000 solicitudes de imposición de medidas que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado ante los tribunales y juzgados correspondientes para que los mareros sean procesados de forma grupal (como estructuras) y no individual.
«Hemos presentado un total de 4,452 solicitudes de imposición de medidas en estos dos años de régimen, esto ha servido para la imposición de la detención provisional en contra de 71,356 pandilleros. Ahorita, en la etapa en la que estamos, es agrupar a todas estas personas para ser procesado por organización criminal, posterior a eso ya vendrán los juicios, es decir, ya la exposición ante cada uno de los jueces de las diferentes evidencias que hemos recolectado», indicó el fiscal.
Delgado también aclaró que hay pandilleros que ya han sido condenados por delitos y proceso judiciales cometidos e iniciados previo a la aplicación del estado de excepción.
«Lo que sí ha sucedido es que algunos de estos pandilleros tenían cuentas pendientes en otros tribunales por otros cargos, por hechos sucedidos antes de la aplicación del régimen de excepción, entonces en contra de esas personas también se ha continuado con los procesos y a cada uno se le ha impuesto la pena correspondiente», explicó.
Según las estadísticas de la Fiscalía, de los 80,095 mareros capturados, un total de 55,114 pertenecen a la MS; 24,450 forman parte de la pandilla 18 [10,258 a los revolucionarios y 14,192 a los sureños]; y 531 pertenecen a otras estructuras criminales como la Mao Mao y la Máquina.
El departamento que presenta mayor cantidad de pandilleros detenidos es San Salvador con 22,210, de estos, 10,793 son de la MS, 11,159 de la 18 y 258 a otras pandillas; a San Salvador le sigue el departamento de Sonsonate con 9,780 capturados, de los cuales, 7,224 son de la MS, 2,547 pertenecen a la 18, y 9 a otras estructuras terroristas.
