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Judicial

Presidente de la CSJ asegura que suspensión de plazos judiciales y procesales deben suspenderse por ley de emergencia, ante opinión de juez Antonio Durán

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda Navas insistió en una misiva enviada a la Asamblea Legislativa, la necesidad de suspensión de los plazos administrativos judiciales y procesales mientras dure la vigencia de la ley de emergencia o cuarentena por COVID-19.

La propuesta del presidente de la CSJ, surge luego que el juez Antonio Durán emitiera una opinión en su cuenta de Facebook, en la cual contradice los últimos pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional, así como la disposición transitoria de suspensión de plazos administrativos judiciales y procesales.

La opinión de Durán no ha sido bien vista por el sector jurídico del país teniendo en cuenta que él, ejerce como juez interino y crea graves condiciones que rompe el estado de derecho, así como también incertidumbre a los derechos humanos de las personas que están siendo judicializadas, pues no tienen clara su estado procesal.

Para el presidente del Órgano Judicial, la detención de los plazos es necesaria por estar dentro de la mencionada ley: “lo cual por criterios técnicos no permitiría, de manera regular, a los usuarios y a los servidores judiciales desarrollar sus actividades con normalidad”.

La opinión del juez Durán provocó preocupación y confusión en abogados litigantes, quienes ante las dificultades de movilización consideraron peligroso que el razonamiento de Durán fuera el mismo de todo el sistema judicial, pues éstos están corriendo desde el lunes 25 de mayo).

“Los jueces no podemos suspender los plazos judiciales en cada caso concreto”, escribió el juez Durán en su momento.

Sin embargo, CSJ emitió su postura oficial en la que señala que los plazos judiciales, procesales y administrativos deben mantenerse durante el tiempo que dure la cuarentena.

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“Me pronuncio en carácter personal, que la suspensión de los plazos judiciales y administrativos, es necesaria al estar dentro de la vigencia de un decreto de emergencia o cuarentena, que en virtud de criterios técnicos no permitiera, de manera regular, a los usuarios y a los servidores judiciales desarrollar sus actividades con normalidad”, asegura Pineda Navas en la carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce.

El parlamento consultó a la Corte Suprema de Justicia si consideraban necesario que se emitieran disposiciones en el sentido de mantener la suspensión de los plazos, a lo que Navas respondió de manera categoría que sí es necesario mantener la vigencia de la suspensión.

“Por lo anterior, tendrá que ser dentro de un decreto de emergencia que emitiera esa Asamblea, en el que se incorpore la Suspensión de los plazos judiciales y administrativos, por el tiempo de vigencia del referido cuerpo de ley, de conformidad a los parámetros dictados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, finaliza la nota que contiene la firma del presidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas.

Judicial

Prisión para extorsionista ligado a exalcalde de ARENA en Apopa

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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Elvis Alexander López Moreno, pandillero del Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.

«Este día se ha culminado la Vista Pública en contra del imputado Elvis Alexander López Moreno persona que estaba siendo acusada por el delito de extorsión, agravada, la condena emitida esta mañana ha sido de 15 años de prisión», afirmó la fiscal del caso.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) demostraron que López Moreno extorsionó a una víctima durante el 2012, exigiéndole $5 semanales a cambio de no atentar contra su vida.

«Él era una persona que pertenecía a la pandilla 18 revolucionarios que operaba en la colonia Popotlán 1 y Popotlán 2, en Apopa, extorsionando a los vendedores de la zona exigiéndoles la mal llamada renta, la exigencia que le hacía a la víctima era de $5 semanales renta que estuvo pagando por más de un año», explicó la fiscal.

Según las autoridades, López Moreno fue deportado de Estados Unidos en diciembre de 2021 y está vinculado a otros procesos penales junto al exalcalde de Apopa, por el partido ARENA, José Elías Hernández quien paga una condena por varios delitos y vinculaciones con pandilleros.

«Esta persona fue extraditada de los Estados Unidos hacia El Salvador y ha tenido vinculación en otros delitos como homicidio, agrupaciones ilícitas, extorsión, entre otros, está vinculado al exalcalde de Apopa, Elías Hernández», indicó la fuente.

La fiscal detalló que López Moreno, supuestamente, trabajaba como jardinero para la comuna de Apopa, cuando Hernández fungía como alcalde.

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Judicial

FGR ordena captura de hombre acusado de intento de homicidio en Colón

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La  Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la detención de Cristóbal Abarca Rivas por haber intentado asesinar con un corvo a otra persona.

El delito fue cometido el 29 de enero de este año en el cantón Las Moras, jurisdicción de Colón, en La Libertad.

De acuerdo a las investigaciones de la FGR, el imputado llegó a la casa de un familiar y agredió a la víctima con el arma blanca y lo lesionó en varias partes del brazo. Tras herir a la víctima, el imputado se fugó.

Por esos esos hechos la FGR acusará al procesado ante las autoridades judiciales por el delito de homicidio simple imperfecto o tentado.

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Ordenan detención de 31 sujetos por diferentes delitos

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La Fiscalía General de la República (FGR) giro ayer órdenes de captura para 31 sujetos implicados en diversos delitos y relacionados a estructuras de crímenes comunes o grupos de pandillas.

Entres los delitos que se les imputan a estos sujetos están: estafa, extorsión, homicidio, desaparición de personas, homicidio tentado, lesiones graves y amenazas graves. Los delitos han sido cometidos en diversas zonas de El Salvador.

Entre los detenidos se identificó a Nelson José Cruz Aguilar, Elí Alexander Mendoza y Carlos Antonio Cruz Rodríguez, quienes son señalados de haber desaparecido a una persona que se negó a formar parte de su grupo de pandillas.

Según la investigación fiscal, estos sujetos interceptaron a la víctima mientras se encontraba en un local en el sector de San Rafael Obrajuelo, para después trasladarla a un lugar aislado. Las autoridades aún continúan la investigación de este caso.

Otros detenidos, identificados como Rembert Antonio Valladares Portillo, José Samuel Mejía y Jocelyn Díaz de Valladares, fueron vinculados a un caso de extorsión en el que exigían hasta $50 quincenales a un negocio a cambio de no atentar contra la vida del propietario y sus familiares.

Finalmente, este operativo permitió la resolución de varios casos de estafa en los que los imputados usaban las plataformas de redes sociales para promocionar joyas, celulares y electrodomésticos.

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