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Policías y empresario colaboraban y financiaban pandillas en Usulután y Ozatlán

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Una estructura delincuencial de 45 personas que operaban en los municipios de Usulután y Ozatlán fueron enviados a prisión por diversos delitos, entre los condenados hay agentes policiales y un empresario que ayudaban y financiaban pandillas.

Homicidio y extorsión agravados, proposición y conspiración de homicidio y organizaciones terroristas, son algunos de los delitos por los que fueron sentenciados.

Entre los condenados están Edwin Alberto Avilés, Rafael Armando Vargas, Neris Antonio Guandique Trejo y Guillermo Antonio Rivera Paz, quienes eran agentes policiales y ayudaban a los grupos terroristas.

De acuerdo con las investigaciones, la ayuda que los agentes brindaban consistía en dar información sobre los procedimientos policiales que se iban a desarrollar en las zonas de Usulután y Ozatlán.

Dos de los policías estaban destacados en la sección de Tránsito Terrestre de Ozatlán, uno en la propia delegación del municipio y otro más que trabajaba en San Salvador, pero que vivía en dicho municipio.

El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel validó las pruebas fiscales y condenó a los cuatro policías a ocho años de cárcel por informar y alertar a los mareros de la zona.

Otro de los condenados fue Gilberto Núman Carballo Cruz, empresario dueño de un agro servicio, una ferretería y un local comercial, quien financiaba a los pandilleros.

Según las autoridades, el hombre proporcionaba armas, municiones, gasolina y dinero para que fueran a cometer los hechos delictivos. En el juicio, también en el Juzgado Especializado, Carballo aceptó los delitos a cambio de una pena reducida de tres años.En la estructura también hubo pena de prisión de 20 años para un marero por asesinar a un agricultor que se dirigía a su trabajo en La Montañona de Ozatlán. Por otros casos de extorsión agravada fueron emitidas condenas de 15 y 30 años de cárcel.

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Judicial

Exdiputado del FMLN y familia enfrentan juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.

El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.

En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.

A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.

En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.

A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.

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Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.

«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.

Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.

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Judicial

FGR logra penas de hasta 180 años de cárcel para pandilleros de la MS

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La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.

En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.

Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.

Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.

Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.

Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.

Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.

Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.

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Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.

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Envían a prisión a sujeto que transportaba un cadáver envuelto en sábanas en su vehículo accidentado

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Fredy Enrique Figueroa Salazar, quien fue detenido el pasado 30 de marzo transportando el cadáver de un hombre en su vehículo, seguirá en prisión, así ha resuelto el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, La Libertad.

La Fiscalía General de la República lo acusa de homicidio agravado, lesiones culposas y conducción peligrosa. Según el expediente judicializado, a eso de las 6:00 de la mañana, el imputado se accidentó manejando en estado de ebriedad y a excesiva velocidad en el redondel que está en la entrada de Quezaltepeque.

Cuando llegaron a inspeccionar la escena del accidente, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) constataron que Miguel Ángel Acosta Estrada quien transitaba por el lugar había sido atropellado y al seguir el procedimiento registraron el automotor que llevaba en su interior el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas. En el vehículo también encontraron $4,000, de los que se desconoce la procedencia lícita.

En las indagaciones, el ministerio público determinó que el homicidio del joven que era trasladado en el vehículo había ocurrido en Nejapa, en horas de la madrugada del 30 de marzo.

Al verificar una casa relacionada con el detenido, los agentes hallaron la escena del crimen: había manchas de sangre, el arma de fuego utilizada para el crimen y un zapato de la víctima similar al que encontraron en el vehículo que manejaba Figueroa Salazar.

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