Pandilleros secuestran y abusan de una mujer, y minutos antes de ser descuartizada, es rescatada por la PNC en Usulután - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Pandilleros secuestran y abusan de una mujer, y minutos antes de ser descuartizada, es rescatada por la PNC en Usulután

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Una mujer fue raptada por cinco pandilleros de un bar y restaurante ubicado en la carretera Litoral, municipio de Concepción Batres, Usulután. El registro judicial indica que el hecho ocurrió el 14 de abril de 2018.

La víctima fue llevada a la fuerza en vehículo hacia San Miguel donde los delincuentes la violaron y hasta la amenazaron que después la iban a descuartizar y que sus restos serían enterrados en una fosa clandestina.

Al día siguiente, los criminales trasladaron a la víctima hasta una zona rural en Usulután, donde también fue violada por otros pandilleros.

Los delincuentes llevaron corvos, piochas y palas para desmembrar y enterrar a la víctima.

Antes de asesinarla, la golpearon en el rostro, la desnudaron, le colocaron una camisa y un saco que cubrió su cabeza.

La mujer comenzó a gritar, pedía ayuda; siguió gritando y lo hacía cada vez más fuerte.

A los pocos minutos, un carro patrulla llegó al sector, varios policías se bajaron y los delincuentes huyeron; uno de los malhechores obligó a la víctima a que corriera con ellos, pero la mujer se negó y el criminal optó por dejarla y escapar.

Finalmente, la joven fue rescatada con vida y relató a los policías todo lo que había pasado con los delincuentes.

Hasta 41 años de cárcel

Por este caso las autoridades capturaron a cinco delincuentes que fueron procesados en los juzgados de San Miguel.

El jueves 23 de enero, los sujetos enfrentaron la justicia en el Juzgado Especializado para una Vida de Libre de Violencia para las Mujeres donde fueron acusados de feminicidio agravado tentado, violación agravada y privación de libertad.

Conociendo el caso, y las pruebas presentadas por la Fiscalía en la vista pública, al juez no le tembló la mano para condenar a los criminales a penas de 38 y 41 años de cárcel.

Los sentenciados fueron Héctor Antonio Amaya Hernández y Daniel Armando Montoya Palacios, (41 años de prisión); Carlos Arturo Márquez Guzmán y Carlos Humberto Argueta Chávez condenados a 38 años.

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Fiscalía investigará la muerte de ingeniero que se encontraba en cuarentena

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La Fiscalía General de la República (FGR), dio inicio a las investigaciones en torno a la muerte del ingeniero Óscar Méndez, en un centro de cuarentena donde fue albergado por el Ministerio de Salud tras su retorno al país, procedente de Panamá.

A través de su cuenta de Twitter la FGR confirmó las investigaciones. «La Fiscalía informa que desde el día ayer, se ha iniciado investigación en relación al caso de fallecido en hotel situado en Antiguo Cuscatlán. Para no no revictimizar a la familia doliente, no se brindarán más detalles del caso por el momento», informó.

Dina de Méndez, esposa del fallecido, denunció ayer que su esposo no recibió atención médica y que no permitió el ingreso de medicamentos especializados por presentar un problema en los riñones.  Según pruebas habría dado negativo a coronavirus.

Por su parte, el Gobierno informó en un corto comunicado que la causa de fallecimiento del farmacéutico fue un por paro respiratorio. El cadáver fue localizado en una habitación del hotel Beverly Hills, donde había sido puesto en cuarentena.

Ingresó al país desde Panamá y fue puesto en cuarentena en un albergue de Villa Olímpica (ahora cerrado), en Mejicanos, donde se localizaron varios casos positivos del virus.

Tras el cierre del albergue de Mejicanos fue enviado al hotel Beverly Hills, junto a 18 personas más, por presentar fiebre. Sin embargo, su esposa afirma que no se le proporcionaron los medicamentos indicados.

«El paciente, que tenía un padecimiento prostático e infección urinaria, experimentó una disnea súbita. El Gobierno lamenta el deceso y se solidariza con su familia, pero reitera que se cumplieron todos los protocolos de atención necesarios en este caso», finaliza el comunicado del Gobierno.

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Capturan a feminicida de Silvia Yesenia Menjivar, quien horas antes había sido reportada como desaparecida en Chalatenango

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El Fiscal General de la República, Raúl Melara, informó sobre la importante captura del responsable de arrebatarle la vida a una mujer el pasado 1 de abril, en Nueva Trinidad, departamento de Chalatenango.

De acuerdo al reporte, las autoridades de la FGR giraron orden de captura esta tarde en contra del sujeto identificado como Francisco Alberto, por el delito Feminicidio agravado en perjuicio de Silvia Yesenia Menjivar Menjívar.

“Esta tarde giramos orden de captura en contra de Francisco Alberto, por el delito Feminicidio agravado en perjuicio de Silvia Yesenia Mejivar Menjívar. Hecho ocurrido el día 1 de abril del presente año en Nueva Trinidad, Chalatenango. Ya está capturado”, comentó el fiscal.

Según la oficina fiscal de Chalatenango, la joven de 25 años de edad, desapareció la tarde del martes pasado y su cuerpo fue encontrado horas más tarde.

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Sala ordena libertad para Jorge Isidoro Nieto por uso de prueba ilícita en la acusación

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la libertad para Jorge Isidoro Nieto, exministro de obras públicas, quien fue condenado a 12 años de prisión por el delito de peculado doloso, luego de resolver un recurso interpuesto por la defensa.

De acuerdo con la Sala, en el proceso penal contra el exministro, hubo una vulneración al derecho de defensa, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) habría utilizado prueba ilícita en su acusación.

Por lo tanto, la resolución al hábeas corpus fue la orden de poner a Nieto en libertad.

La Sala aclaró que, aunque admitió el recurso, el proceso contra Niego debe seguir su «correspondiente trámite en la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro». 

Nieto guarda prisión desde el 29 de noviembre de 2019, cuando el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador lo condenó a 12 años de cárcel por el delito de peculado.

Los jueces decidieron que guardara prisión en el penal de Metapán (Santa Ana) mientras la defensa interpone los recursos de apelación para intentar revertir la condena.

Hace unos días, la parte defensora pidió arresto domiciliar para el exfuncionario porque tiene problemas de salud crónicos y el brote de covid-19, enfermedad causada por el coronavirus convertida en pandemia, lo pone en riesgo. Pidieron que porte un brazalete electrónico que garantice que no se fugaría de su hogar.

La sentencia contra el exministro incluye pagar al Estado $12,984,953.52 como responsabilidad civil. El tribunal lo condenó porque comprobó que permitió que un tercero se apropiara de fondos públicos en la ejecución del tramo II del proyecto del bulevar Diego de Holguín (hoy bulevar Monseñor Romero).

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