Judicial
«Nunca nos imaginamos que su condena iba a ser peor que la del expresidente», hija de Pablo Gómez, quien se declaró inocente en caso Saca
La corrupción del país marcó el resultado de las elecciones presidenciales este año. Pero además, los sonados casos de corrupción marcaron de cerca las vidas de algunas personas. La familia de Pablo Gómez, el único en el caso contra el expresidente Antonio Saca que no tomó el trato con la Fiscalía, para reducir su pena en un histórico proceso por corrupción en el país, sienten en carne propia cómo la corrupción cambió su vida.
Gómez fue condenado a 16 años de cárcel y el Juzgado Segundo de Sentencia determinó que el exempleado deberá pagar $5 millones por su participación en la estructura creada por el expresidente Saca para desfalcar al Estado salvadoreño.
La sentencia fue criticada por los salvadoreños, pues el exempleado de Casa Presidencial obtuvo una pena muy por encima del exmandatario a quien se le condenó a 10 años de prisión y de otros exfuncionarios que se les impuso cinco años a cambio de confesar. No obstante, Gómez fue el único imputado en este caso que no quiso negociar un procedimiento abreviado a cambio de una disminución de pena como los demás.
“Él sigue fiel con tanto que ha pasado en este tiempo. Él confió en la Corte de Cuentas, en Hacienda, en la misma Fiscalía. Nadie de la familia, tenía idea de que él iba a ser arrastrado de la forma en la que fue arrastrado en todo el proceso y nunca nos imaginamos que su condena iba a ser peor que la del expresidente”, dice una de las hijas del exempleado de Casa Presidencial a El Salvador Times.
Aunque al principio, cuando Gómez, el expresidente Saca y el resto de los involucrados fueron detenidos, la familia tuvo sus dudas. Pero ahora, están seguros de que su padre es inocente y que además, hizo lo correcto al no aceptar el trato con los fiscales, por su dignidad y sus valores.
“A muchos nos sorprendió que no aceptó el procedimiento abreviado. Pero nosotros que lo conocemos, podemos decir que mi papá es así. Él no puede mentir, no puede dar falso testimonio y él mismo dice que no puede hablar de algo que no vio”, dice otra de las hijas de Gómez que hablaron con este periódico.
“Mi papá nunca se imaginó que con su trabajo se estaba haciendo algo indebido o desviando fondos de Casa Presidencial. A mi papá, siempre lo caracterizo como un persona bien sencilla, bien apegada a sus valores y a su religión”, sostuvo.
Para la familia fue duro ver como su padre fue puesto junto a Saca y otros funcionarios ahora condenados por corrupción. Saber que ese dinero de Casa Presidencial sirvió para que ellos se enriquecieran.
Una vida limitada
¿Cómo olvidar la mansión del expresidente Saca “un palacio con lujos” -como dijo el entonces fiscal general, Douglas Menéndez- con 20 habitaciones, gimnasio, capilla privada, casa de campo y demás, que según la Fiscalía fue construida con el dinero desviado del Estado?
Contrario a esa mansión, ubicada en una zona exclusiva del país, la casa de Gómez, que está en proceso de extinción de dominio, no refleja ningún lujo. Solo tiene tres modestas habitaciones, un baño estrecho y un pequeño pasillo que da con el patio.
La casa que Gómez compró con ayuda del Fondo Social de Vivienda en 1988, junto con su esposa, no tiene una piscina, tampoco tiene jacuzzi y mucho menos acabados de lujo. En la casa del expresidente, encontraron varios vehículos de lujo, el único automóvil que condujo el exempleado por muchos años, está viejo y descuidado, empolvándose en el parqueo de la colonia donde vivía junto a sus hijas.
La habitación en la que Gómez dormía hasta que fue detenido, aún conserva todo en el lugar que él lo dejó. Tampoco tiene lujos, sus camisas pueden contarse con facilidad y en las paredes ahora cuelgan algunos cuadros que ha pintado él mismo en Mariona.
Contrario a los hijos del expresidente que gozaron de viajes o de estudiar en las mejores escuelas, los cuatro hijo de Gómez fueron a la escuela pública como muchos salvadoreños y tuvieron que trabajar para poder pagar sus carreras de universidad, también como muchos salvadoreños.
“Como familia, nosotros vivimos bien alejados de su vida laboral. Él era superdedicado al trabajo, se estresaba, porque lo notábamos, pero en la casa no hablaba del trabajo. Siempre hemos tenido las cosas necesarias y esa fue su filosofía, ahorrar por si alguien se enfermaba y cosas así, pero nos tenía limitados”, continúa narrando su hija.
En la mansión del expresidente había hasta un salón de belleza, en el que la ex primera dama se arreglaba. La esposa de Gómez, en cambio, tenía un taller de costura y vendía paletas, frescos y chocobananos en la colonia para contribuir a la economía familiar, como lo hacen muchas mujeres salvadoreñas.
“Cuando usted pregunta, cuál ha sido el cambio en nuestras vidas… Pues, fue un choque bien fuerte. Ver de lo que se le acusaba a mi papá. Ver lo de la responsabilidad civil… Todo ha sido alejado de nuestra realidad. En la esfera del poder, él no estaba invitado a nada. Él era un empleado no tenía ni poder de saber, ni poder de decisión”, dice una de las jóvenes.
Por ahora, no solo todos los bienes y cuentas de Gómez están congelados y en vías de extinsión de dominio, sino que además deberán completar una responsabilidad civil de $5 millones que aún no saben de dónde saldrá.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 25 años de cárcel a cinco integrantes de la clica Criminal Gánster Locos Salvatruchos de la MS-13 por el homicidio agravado de un hombre al que atacaron cuando descansaba en su casa.
De acuerdo con el informe oficial, el crimen se cometió el 16 de enero de 2019, cuando la víctima, de 74 años, descansaba en su casa, en el caserío Nuevo Puente, en el cantón San Marcos Lempa, del distrito de Jiquilisco, en el municipio de Usulután Oeste.
Según el reporte fiscal, los cinco terroristas llegaron a la casa de la víctima y la atacaron con arma blanca, por lo que le provocaron lesiones graves en la cabeza y el cuello que le causaron la muerte. Por este hecho han sido sentenciados Gabriel Alberto Iraheta Orellana, alias Turis; Jaime Balmore Beltrán Abarca, alias Domba; Rubén Ernesto Mejía Roque, alias Carmelo; Oswaldo Antonio Castillo, alias Pico; y Milagro del Carmen Mejía Roque.
De momento, los cinco criminales están prófugos de la justicia; sin embargo, el Tribunal de Sentencia de Usulután los procesó gracias a la reforma del Código Procesal Penal que permite decretar sentencia firme contra delincuentes que han sido declarados en rebeldía.
El 89 % [71,356] de los más de 80,000 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción se encuentran guardando prisión como medida emitida por un juez mientras continúan los procesos judiciales en su contra, así lo explicó, recientemente, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado.
«De los 80,095 pandilleros capturados durante dos años del régimen de excepción, 71,356 están detenidos con medidas [es decir guardan prisión por orden de un juez, mientras continúan los procesos judiciales en su contra]», señaló el fiscal.
Delgado detalló que las ordenes de detención han sido logradas gracias a las más de 4,000 solicitudes de imposición de medidas que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado ante los tribunales y juzgados correspondientes para que los mareros sean procesados de forma grupal (como estructuras) y no individual.
«Hemos presentado un total de 4,452 solicitudes de imposición de medidas en estos dos años de régimen, esto ha servido para la imposición de la detención provisional en contra de 71,356 pandilleros. Ahorita, en la etapa en la que estamos, es agrupar a todas estas personas para ser procesado por organización criminal, posterior a eso ya vendrán los juicios, es decir, ya la exposición ante cada uno de los jueces de las diferentes evidencias que hemos recolectado», indicó el fiscal.
Delgado también aclaró que hay pandilleros que ya han sido condenados por delitos y proceso judiciales cometidos e iniciados previo a la aplicación del estado de excepción.
«Lo que sí ha sucedido es que algunos de estos pandilleros tenían cuentas pendientes en otros tribunales por otros cargos, por hechos sucedidos antes de la aplicación del régimen de excepción, entonces en contra de esas personas también se ha continuado con los procesos y a cada uno se le ha impuesto la pena correspondiente», explicó.
Según las estadísticas de la Fiscalía, de los 80,095 mareros capturados, un total de 55,114 pertenecen a la MS; 24,450 forman parte de la pandilla 18 [10,258 a los revolucionarios y 14,192 a los sureños]; y 531 pertenecen a otras estructuras criminales como la Mao Mao y la Máquina.
El departamento que presenta mayor cantidad de pandilleros detenidos es San Salvador con 22,210, de estos, 10,793 son de la MS, 11,159 de la 18 y 258 a otras pandillas; a San Salvador le sigue el departamento de Sonsonate con 9,780 capturados, de los cuales, 7,224 son de la MS, 2,547 pertenecen a la 18, y 9 a otras estructuras terroristas.
El exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar, se enriquecieron ilícitamente con $171,345.15 y fueron condenados a pagar esa cantidad de dinero, también quedan inhabilitados para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
En la resolución emitida por la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron a los magistrados que el exfuncionario tuvo un incremento patrimonial no justificado.
Con la prueba documental y pericial se determinó que entre el 1 de mayo de 2009 y 30 de abril de 2012, años en los que fue diputado por el departamento de Usulután, obtuvo ingresos que se desconoce la procedencia.
Según el fallo de la Cámara, se lograron establecer los elementos de enriquecimiento ilícito y la representación de los demandados no pudo desvirtuar las irregularidades planteadas por el ministerio público.
El juicio civil] por enriquecimiento ilícito fue promovido por la Fiscalía, luego que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara que el exlegislador junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales, no pudieron desvanecer el incremento patrimonial detectado al revisar la declaración jurada presentada.
La Unidad Anticorrupción demandó por $182,374.61, pero en la resolución los magistrados condenaron por $171,345.15, ya que en una de las irregularidades se cuestionó la compra de un vehículo a costo de $11,029.46, pero se determinó que el automotor fue adquirido antes del período investigado por Probidad.
Hándal Vega fue condenado por cuatro irregularidades por un incremento patrimonial no justificado de $29,496.16; su esposa Lilian Amanda, por seis irregularidades por un monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades por la cantidad de $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
