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Judicial

Honorable Corte en Pleno le da la razón al empresario Enrique Rais al no procesarlo en tribunales de crimen organizado. ¿Será que el sistema de justicia también le dará la razón de la persecución que ha denunciado durante mucho tiempo el empresario?

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Después de haber evaluado la Corte Suprema de Justicia y confirmado que la resolución por medio de la cual el Juzgado Especializado de instrucción “C” de San Salvador, estaba apegada a derecho cuando decidió no asumir competencia para conocer sobre la causa penal intentada contra Enrique Rais, Hugo Blanco Rais, Francisco Grimaldi y Ernesto Gutiérrez, decidió remitir nuevamente el expediente al Juzgado 2o de Instrucción, autoridad que de forma incomprensible y retomando literalmente una resolución judicial de otro Tribunal, como en su momento se hizo ver, pretendió que el caso se ventilare como hechos de crimen organizado, lo que ahora ha quedado confirmado por el máximo Tribunal del país, que no es así, por lo que se pierde toda la base que la fiscalía intentó presentar para acusar al empresario, su sobrino y dos abogados.

El caso penal seguido contra Rais, se encuentra fundado en las mismas escuchas cuestionadas sobre su legalidad y su autenticidad que han sido utilizadas en el caso conocido como “Rais-Martínez” y en un testigo anónimo con criterio de oportunidad, al que Fiscalía pretende generar un anticipo de prueba y que según la defensa de algunos imputados, no se ha permitido investigar a profundidad sobre la forma en que ha declarado, como su presencia o no en el país, al momento de presuntamente rendir sus declaraciones ante dos fiscales de la Unidad de Crimen Organizado de la FGR, mientras Wil Walter Ruiz Ponce, primo hermano del Ex Fiscal General Douglas Meléndez, era Jefe de esa unidad. Tampoco se ha informado por los fiscales del caso, ante que autoridad judicial se autorizó el criterio de oportunidad de ese supuesto testigo.

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También es importante destacar, según los abogados defensores de Hugo Blanco Rais, que “la decisión ilegal que adoptó el Juzgado 2o de Instrucción, ha sido causa de violación a garantías para los procesados en este caso.” Según los profesionales del derecho, cuando ese Tribunal a fecha 31 de julio de 2019, se declara incompetente  de manera infundada y remite el expediente a la jurisdicción especializada, se contaba con el plazo prorrogado de seis meses para que la defensa aportara toda la prueba de descargo correspondiente y pudiera desvirtuar los elementos de prueba con los que supuestamente contaba la representación fiscal; sin embargo el Juzgado Especializado de Instrucción “C” el día 09 de agosto de 2019, confirma que el caso no tiene relación con “actos de criminalidad organizada” y además confirma que el juzgado remitente (2o de instrucción) “utilizó los mismos fundamentos que el Tribunal Primero de Sentencia para declinar su competencia”, en pocas palabras que “plagió el fallo” y esto provocó que el caso tuviera que ir a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, quien resolvió el conflicto de competencia hasta finales de enero de 2020 y los abogados únicamente hemos conocido de la resolución hasta el día 14 de febrero de 2020, eso es dos días después que venció el plazo de instrucción a estas alturas ya improrrogable.

 Según los defensores de Blanco Rais, irresponsablemente la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez comunica que ahora la Fiscalía General de la República cuenta con cinco días hábiles para presentar el dictamen de acusación y señalar fecha para audiencia preliminar; cuando en realidad estamos ante un situación sumamente compleja, porque el Sistema Judicial tuvo a nuestro cliente sin un “Juez Natural” que atendiera la causa durante el plazo de instrucción, ante el que poder hacer peticiones, solicitudes, ofertar y proponer la producción de prueba, interponer Excepciones o cualquier otro tipo de acciones para comprobar la inocencia del procesado.

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“Acá hay un gran reto para el Fiscal General, afirmaron los abogados, en hacer prevalecer el Estado de Derecho, pues si no ha existido etapa de instrucción, por cauas no atribuibles a los procesados, sino por un grave error judicial del Juez 2o de Instrucción, no hay fundamentos para establecer un Dictamen de Acusación, ya que la prueba existente fue cuestionada desde la audiencia inicial, al ser señalada por el Juzgado 8o de Paz como insuficiente. No se trata solamente que la Fiscalía acuse, se trata del ente que debe velar también porque se tutelen los derechos y garantías de los procesados”- reiteraron. Finalmente, también dejaron entrever que en caso la Fiscalía actúe ilegalmente formulando dictamen de acusación, acudirán ante la Sala de lo Constitucional, ya que en este caso se han violado derechos fundamentales como la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de defensa.

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Judicial

Prisión para extorsionista ligado a exalcalde de ARENA en Apopa

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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Elvis Alexander López Moreno, pandillero del Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.

«Este día se ha culminado la Vista Pública en contra del imputado Elvis Alexander López Moreno persona que estaba siendo acusada por el delito de extorsión, agravada, la condena emitida esta mañana ha sido de 15 años de prisión», afirmó la fiscal del caso.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) demostraron que López Moreno extorsionó a una víctima durante el 2012, exigiéndole $5 semanales a cambio de no atentar contra su vida.

«Él era una persona que pertenecía a la pandilla 18 revolucionarios que operaba en la colonia Popotlán 1 y Popotlán 2, en Apopa, extorsionando a los vendedores de la zona exigiéndoles la mal llamada renta, la exigencia que le hacía a la víctima era de $5 semanales renta que estuvo pagando por más de un año», explicó la fiscal.

Según las autoridades, López Moreno fue deportado de Estados Unidos en diciembre de 2021 y está vinculado a otros procesos penales junto al exalcalde de Apopa, por el partido ARENA, José Elías Hernández quien paga una condena por varios delitos y vinculaciones con pandilleros.

«Esta persona fue extraditada de los Estados Unidos hacia El Salvador y ha tenido vinculación en otros delitos como homicidio, agrupaciones ilícitas, extorsión, entre otros, está vinculado al exalcalde de Apopa, Elías Hernández», indicó la fuente.

La fiscal detalló que López Moreno, supuestamente, trabajaba como jardinero para la comuna de Apopa, cuando Hernández fungía como alcalde.

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FGR ordena captura de hombre acusado de intento de homicidio en Colón

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La  Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la detención de Cristóbal Abarca Rivas por haber intentado asesinar con un corvo a otra persona.

El delito fue cometido el 29 de enero de este año en el cantón Las Moras, jurisdicción de Colón, en La Libertad.

De acuerdo a las investigaciones de la FGR, el imputado llegó a la casa de un familiar y agredió a la víctima con el arma blanca y lo lesionó en varias partes del brazo. Tras herir a la víctima, el imputado se fugó.

Por esos esos hechos la FGR acusará al procesado ante las autoridades judiciales por el delito de homicidio simple imperfecto o tentado.

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Ordenan detención de 31 sujetos por diferentes delitos

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La Fiscalía General de la República (FGR) giro ayer órdenes de captura para 31 sujetos implicados en diversos delitos y relacionados a estructuras de crímenes comunes o grupos de pandillas.

Entres los delitos que se les imputan a estos sujetos están: estafa, extorsión, homicidio, desaparición de personas, homicidio tentado, lesiones graves y amenazas graves. Los delitos han sido cometidos en diversas zonas de El Salvador.

Entre los detenidos se identificó a Nelson José Cruz Aguilar, Elí Alexander Mendoza y Carlos Antonio Cruz Rodríguez, quienes son señalados de haber desaparecido a una persona que se negó a formar parte de su grupo de pandillas.

Según la investigación fiscal, estos sujetos interceptaron a la víctima mientras se encontraba en un local en el sector de San Rafael Obrajuelo, para después trasladarla a un lugar aislado. Las autoridades aún continúan la investigación de este caso.

Otros detenidos, identificados como Rembert Antonio Valladares Portillo, José Samuel Mejía y Jocelyn Díaz de Valladares, fueron vinculados a un caso de extorsión en el que exigían hasta $50 quincenales a un negocio a cambio de no atentar contra la vida del propietario y sus familiares.

Finalmente, este operativo permitió la resolución de varios casos de estafa en los que los imputados usaban las plataformas de redes sociales para promocionar joyas, celulares y electrodomésticos.

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