Judicial
En el tema de plazos judiciales, juez Antonio “Toni” Durán contradice a Sala de lo Constitucional y produce incertidumbre entre litigantes
Un abogado consultado por este medio, quien pidió reserva de su nombre, en virtud que no quiere tener represalias como litigante, analizó lo expuesto por el Juez Antonio “Toni” Durán, quien cumple un interinato en uno de los tribunales de Segunda Instancia de la capital, quien publicó este día en su cuenta de la red social Facebook, un criterio relacionado a los plazos judiciales, en el cual contradice los últimos pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional, así como la disposición transitoria de suspensión de plazos administrativos.
A su consideración, lo expuesto por el juez “únicamente abona a la incertidumbre y ansiedad que se ha provocado en toda la población, especialmente en los usuarios del sistema judicial y en quienes tienen
trámites administrativos pendientes o en suspenso. Esto suma a los conflictos que se han visto entre Poderes del Estado durante las últimas semanas durante la pandemia mundial por el virus covid-19.”
Precisamente en su publicación, el citado juez, refiriéndose a los plazos judiciales afirmó que “jurídicamente, están corriendo desde el lunes 25 (de mayo). Los jueces no podemos suspender los plazos judiciales en cada
caso concreto”. A criterio del abogado consultado, esta es una publicación de graves consecuencia legales, porque muchos funcionarios judiciales confunden lo que es la “independencia judicial” con una conducta
que más bien es de “matonería jurídica” o “soberbia intelectual”, pues hay una serie de instrumentos con fuerza legal que se han referido a la situación de congelamiento de plazos judiciales y administrativos.
Evitar una crisis institucional y la inseguridad jurídica para usuarios del sistema judicial y litigantes, con respecto a los plazos judiciales en recursos o solicitudes que pudieran vencerse en momentos en que todo el país está inmerso en una cuarentena que limita por razones sanitarias los desplazamientos y requiere de distanciamiento social, motivó al fiscal general Raúl Melara, a solicitar con suficiente antelación a mantener
suspendidos los plazos legales y judiciales. Es así, que el 22 de mayo del presente año, la Asamblea Legislativa aprobó una disposición transitoria que permite suspender plazos judiciales y procesales de cualquier materia, ya sea civil, penal o mercantil, hasta el 29 de mayo de 2020, pues la normativa vigente vencía el 24 de mayo.
Esto desde el análisis del abogado entrevistado, es además de un esfuerzo integrado y articulado por conservar en todos los ámbitos del Estado de Derecho, una acción que evita más desgaste para el Órgano
Judicial, pues al existir una norma jurídica general, no habrá necesidad que los jueces y tribunales tengan que calificar cada caso en particular, pues no podemos olvidar que “al impedido con justa causa no le corre
término” pues toda la población se encuentra limitada en sus movimientos con el interés de ir bajando los contagios del virus.
Por eso cuando el juez Durán, en su misma publicación manifiesta: “La CSJ ya giró instrucciones para las notificaciones electrónicas e incluso se han estado recibiendo escrito vía correo electrónico”.
Según el abogado consultado, esto “es muy peligroso, pues hasta la fecha he revisado todos los medios de divulgación de la Corte Suprema de Justicia, y no he encontrado nada en tal sentido. Todos hemos conocido que se giraron instrucciones para que los jueces y tribunales siguieran ejerciendo sus funciones en todos aquellos casos donde la confluencia de otros derechos fundamentales como la libertad de los procesados, no puede afectarse, así como hemos visto a la Sala de lo Constitucional, enfocada en procesos constitucionales relacionadas con derechos que tengan especial sensibilidad durante la Pandemia del COVID-19”, explicó.
Esta no es la primera polémica generada por el juez Durán contra el Gobierno, pues hace unos días también retó al presidente de la República, Nayib Bukele, ante un conflicto generado sobre el cumplimiento de una
resolución de la Sala de lo Constitucional y el Gobierno de la República. Y cerró su publicación dejando entre ver que la actitud del presidente le podía constar en efectos legales, diciendo que la justicia podía tardar
pero llegaría.
Unos días después se corrió el rumor que mencionaba el intento de los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa para promover antejuicio contra el presidente Bukele. “Esperamos que las posiciones que está adoptando al juez Durán, que no debemos olvidar su investidura y la imparcialidad en su función, no tengan intereses políticos, pues no hay que dejar de lado, las relaciones cercanas de índole familiar del Juez, con personajes de la alta dirigencia del partido FMLN, como es Walter Durán, quien entre otros cargos fue embajador y representante diplomático en varios países, entre ellos China”, recordó el litigante.
Finalmente, para el abogado, la actitud del juez Durán de realizar una crítica política y considerarse un paladín del derecho al decir que como “funcionarios se deben a la ley”, pero hace lo contrario, primando su
criterio frente a la postura institucional. Y recomendó a todos los usuarios y abogados que tienen casos en el tribunal donde imparte justicia el juez que verifiquen la situación y si ha realizado algo contrario a la ley, procedan si es necesario inclusive haciendo las denuncias pertinentes.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
Judicial
Envían a prisión a sujeto que transportaba un cadáver envuelto en sábanas en su vehículo accidentado
Fredy Enrique Figueroa Salazar, quien fue detenido el pasado 30 de marzo transportando el cadáver de un hombre en su vehículo, seguirá en prisión, así ha resuelto el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, La Libertad.
La Fiscalía General de la República lo acusa de homicidio agravado, lesiones culposas y conducción peligrosa. Según el expediente judicializado, a eso de las 6:00 de la mañana, el imputado se accidentó manejando en estado de ebriedad y a excesiva velocidad en el redondel que está en la entrada de Quezaltepeque.
Cuando llegaron a inspeccionar la escena del accidente, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) constataron que Miguel Ángel Acosta Estrada quien transitaba por el lugar había sido atropellado y al seguir el procedimiento registraron el automotor que llevaba en su interior el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas. En el vehículo también encontraron $4,000, de los que se desconoce la procedencia lícita.
En las indagaciones, el ministerio público determinó que el homicidio del joven que era trasladado en el vehículo había ocurrido en Nejapa, en horas de la madrugada del 30 de marzo.
Al verificar una casa relacionada con el detenido, los agentes hallaron la escena del crimen: había manchas de sangre, el arma de fuego utilizada para el crimen y un zapato de la víctima similar al que encontraron en el vehículo que manejaba Figueroa Salazar.
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ha condenado este martes a 13 años y cuatro meses de cárcel a Norman Quijano, por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Al diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia de ARENA en las alecciones de 2014, los magistrados le inpusieron la condena por reunirse con pandillas y negociar con los principales cabecillas una serie de beneficios a cambio de que votaran por él y lo eligieran presidente, acción calificada como fraude electoral.
La Cámara luego de evaluar una serie de pruebas consistentes en videos, testimonios y documentos, consideró que el político incurrió en los dos delitos y sus acciones ilegales deben ser sancionadas con prisión.
Fue condena en concurso ideal, es decir que con una sola cometió los dos delitos. Y la ley dice que se debe condenar por el delito que tenga la pena más grave y en esta caso el fraude electoral que tiene 10 años y se le debe aumentar la tercera pena.
Para emitir su fallo los magistrados valoraron videos que los mismos cabecillas de las pandillas grabaron y donde se observa a Norman Quijano reunido y pidiéndoles que revoquen su decisión de impedirle a la gente que vaya a votar y que a todos los mareros se les diga que voten por el partido ARENA.
A cambio el exfuncionario les dice que va invertir en beneficio de las pandillas $100 millones, que esos fondos saldrán del presupuesto general de la nación.
La Cámara también tuvo a disposición la declaración rendida de forma virtual por el testigo criteriado Noé, uno de los cabecillas que compareció a la reunión con Quijano, lo dicho por el testigo, complementó y reforzó los videos presentados como evidencia por parte de la Fiscalía.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó información sobre esa reunión entre Quijano con las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.
Además de los $100 millones ofrecidos, hubo entregas de dinero, a la MS le dieron $50,000, y las dos facciones de la pandilla 18, $25,000 cada una.
#CRONIO El exdiputado Norman Quijano ha recibido una condena de 13 años y 4 meses de cárcel por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Además, fue inhabilitado para ejercer el cargo que tiene actualmente. https://t.co/uARgoOy6gA
— Diario Digital Cronio (@croniosv) April 16, 2024
