Judicial
Empleados amenazaron de muerte al dueño de un bar cuando este llegó a cerrar la caja
Un bar fue la manzana de la discordia que separó a un grupo de socios, luego de una serie de pleitos que los llevaron hasta los tribunales. Ahora, la supuesta víctima pide la devolución de dinero invertido en el establecimiento.
Jorge (nombre modificado por seguridad) tiene 43 años de edad y es un administrador de empresas que decidió unir sus esfuerzos junto con un amigo, conocido como Emerson, con el objetivo de crear uno de los bares más prestigiosos de la colonia Escalón. Sin embargo dos empleados del establecimiento conocidos como Glenda P. y Wilfredo C. se encargaron de destruir toda relación empresarial.
Todo comenzó cuando Jorge y su amigo empresario se reunieron el 21 de junio de 2017 para inscribir la sociedad y formalizar sus planes de negocio. Ese día se acordó que su amigo quedaría como único propietario, mientras que él sería el suplente ya que había invertido el 50% del total de la inversión. El bar fue denominado “Guilty” y comenzó sus operaciones en octubre del 2017 en una plaza comercial ubicada sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador.
Los meses corrieron y las ganancias fueron llegando a las arcas de aquellos amigos, pero todo cambió cuando Jorge se presentó a las instalaciones del negocio para dar el cierre de las cajas y realizar el inventario de los productos. Era domingo 14 de enero de 2018, a las 2:00 de la mañana.
Estaba confiado en que nada malo saldría esa madrugada, pero a la entrada estaba Glenda, quien tenía un semblante molesto y un poco irritado. Ella había sido nombrada como administradora del local y momentos antes de que Jorge llegara había dado la orden de no dejarlo pasar, sin dar razón, algo que el socio desconocía.
Cuando se dio cuenta, Jorge les dijo que debían dejarlo entrar ya que era el dueño de la mitad de la inversión. Esto provocó que Glenda se enfureciera aún más y comenzara a insultarlo desmesuradamente hasta llegar a amenazarlo, mientras que llamaba a los guardias de seguridad.
Todo iba sucediendo muy rápido y de un momento a otro apareció Wilfredo, esposo de Glenda, quien también le comenzó a gritar señalando que lo mataría. Jorge no sabía con exactitud qué es lo que estaba pasando, pero optó mejor por irse antes de que todo se saliera de control.
Consternado por lo que había pasado esa madrugada decidió llamar a su socio, pero este jamás le contestó las constantes llamadas y mensajes de texto que diariamente eran enviados por el desesperado empresario.
Ante esto decidió interponer una denuncia en contra del matrimonio, ya que “se sentía ofendido” por lo sucedido y ha solicitado que se le devuelva la inversión, los bienes del establecimiento y el total de las ganancias obtenidas desde que se inició el negocio.
Ahora ellos serán procesados por el delito de amenazas, caso que se encuentra en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, quien ha dado un plazo de tres meses para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda investigar y aclarar los hechos.
Tanto Glenda como Wilfredo se encuentran en libertad y deben de presentarse periódicamente a la instancia judicial a la espera de la fecha de la audiencia preliminar.
Por: El Salvador Times.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
