Condenan a la alcaldía de Santa Tecla a pagar a MIDES por incumplimiento de contrato - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Condenan a la alcaldía de Santa Tecla a pagar a MIDES por incumplimiento de contrato

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El Tribunal Arbitral falló contra la Alcaldía de Santa Tecla, dirigida por Roberto d´Aubuisson, y le ordenó pagar la suma de $34 mil 830 por el incumplimiento de contrato con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).

Por mayoría, los jueces llegaron a la conclusión que la Alcaldía de Santa Tecla se lucró por el incumplimiento a su obligación de enviar el mínimo de desechos sólidos pactados en el contrato durante el mes de mayo de 2019.

En la misma resolución, los jueces declararon no ha lugar la pretensión de la Alcaldía de Santa Tecla que buscaba que MIDES le pagara $199 mil en concepto de restitución de pagos hechos por la municipalidad a la empresa para el cierre del segundo relleno sanitario que forma parte del Proyecto y que no cerró por el construyó incorporó esos pagos a su patrimonio.

Además, el Tribunal Arbitral declaró no ha lugar la pretensión de la alcaldía tecleña de recibir un pago de $318 mil por parte de MIDES.

Anteriormente, la Alcaldía de Santa Tecla y MIDES llegaron a un acuerdo global al contrato de Desechos Sólidos para que se normalizara la disposición final en el relleno de Nejapa.

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Prisión provisional para hombre que asesinó a un vigilante privado, en San Vicente

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Un sujeto fue enviado a prisión provisional por el Juzgado Primero de Paz de San Vicente, al ser acusado por quitarle la vida a una persona.

Según fuentes del Centro Judicial Isidro Menéndez, el sospechoso fue identificado como Juan Francisco Gómez Castillo, quien le quitó la vida a Israel Cortez Palacios quien se dedicaba como vigilante privado en el mercado municipal de San Vicente.

El hecho ocurrió la noche del pasado viernes, cuando Gómez Castillo agredió al vigilante con un arma en un caso de intolerancia, detalló la fuente del centro judicial.

El sospechoso fue detenido en el período de flagrancia por agentes  de la Policía Nacional Civil (PNC), en el marco del Plan Control Territorial que ejecuta el Gobierno de El Salvador.

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Sala ordena enviar a sus casas a detenidos en sedes policías por incumplir cuarentena domiciliar

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La mañana de este Viernes, la Sala de lo Constitucional resolvió favorable un Hábeas Corpus presentado el día 22 de Marzo, a favor de 3 mujeres que se encontraban circulando en la zona del centro de Jiquilisco en el departamento de Usulután.

Según los expresado por las 3 mujeres, estas se encontraban realizando compras en el mercado municipal, para proveerse de Alimentos y Medicinas, cuando estas fueron detenidas por agentes de la Policia Nacional Civil (PNC), estas fueron trasladadas a la delegación correspondiente, donde se encontraban sin recibir alimentos ni fundamento legal para su detención.

En este caso resolvió, que las 3 mujeres involucradas deben ser liberadas y trasladadas a su casa donde cumplirán la cuarentena domiciliar, ademas de todas las personas que hayan sido detenidas desde el 21 de Marzo, y que NO hayan sido trasladadas a centros de contención donde podrían contagiarse también tienen que ser enviadas a sus casas a cumplir la cuarentena.

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Juzgados analizan sacar de cárceles a reos mayores de 60 años que adolecen enfermedades crónicas o terminales por ser más vulnerables al COVID-19

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Los cuatro juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, así como sus similares del interior del país, comenzaron desde este jueves a analizar los casos de la población reclusa vulnerable por adolecer enfermedades.

Cada caso será analizado de manera separada bajo la independencia judicial, por lo que los jueces tomarán en cuenta los dictámenes médicos, a efecto de valorar si los reos mayores de 60 años que adolecen enfermedades crónicas o terminales deben ser trasladados a centros hospitalarios o recibir otro tipo de beneficio.

Lo anterior para evitar que por su vulnerabilidad se vayan a contagiar de coronavirus (COVID-19) y vayan a afectar al resto de la población reclusa.

El análisis de los casos de manera individual surge luego de una reunión entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y jueces de Vigilancia Penitenciaria con el director general de Centros Penales Osiris Luna.

Centros Penales presentó un listado de 557 reos que están en condiciones de vulnerabilidad, por lo que los jueces se comprometieron a evaluar los casos y seguir los procedimientos jurídicos para determinar quiénes serán trasladados a hospitales o serán objeto de otros beneficios, como la portación de brazaletes electrónicos.

Otro beneficio podría ser la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la libertad condicional u otras medidas que estén contempladas en el marco jurídico.

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