Judicial
Condenan a 45 años de cárcel a ocho policías por asesinato de tres pandilleros y un obrero en Zaragoza
El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla condenó hoy a ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados por la Fiscalía de los delitos de homicidio agravado en perjuicio de cuatro víctimas y fraude procesal en perjuicio de la administración de justicia.
Asimismo, absolvió de toda responsabilidad a un subinspector a quien también la FGR vinculaba en este mismo caso, pero acusaba únicamente por incumplimiento de deberes.
El juicio se ventiló bajo la modalidad colegiada luego que la Cámara de lo penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla resolviera un recurso de apelación interpuesto por la FGR tras la realización del primer juicio en el caso a cargo del Tribunal 2do de Sentencia de Santa Tecla. En dicha resolución se ordenó la instalación de una nueva vista pública a cargo del Tribunal Primero de Sentencia.
Los nueve agentes fueron acusados de los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2016 en la colonia Villas de Zaragoza, La Libertad, cuando tuvieron conocimiento que un grupo de delincuentes estaban armados y asaltando a un camión repartido en la zona.
A raíz de dicha información, se movilizó a varios policías al lugar, y cuando los sospechosos advirtieron la presencia policial, huyeron. Según la Fiscalía, diferentes grupos de la PNC montaron un operativo de rastreo en la referida colonia ubicando a los sospechosos en una vivienda de dos plantas. Según las investigaciones, fue en ese lugar donde se desarrolló el suceso que dejó como saldo a cuatro personas muertas.
En su fallo, los jueces determinaron de manera unánime que los ocho agentes fueran condenados a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado bajo la modalidad de concurso ideal, aumentando en un tercio dicha pena, por lo que les fueron impuestos 40 años de prisión por ese ilícito.
Además, les sumaron cinco años por el delito de fraude procesal, haciendo un total de 45 años de prisión para cada uno de los ocho condenados. Los imputados, quienes habían permanecido en libertad, deberán ser remitidos a un centro penitenciario.
Para el Tribunal, la presunción de inocencia de los acusados fue desvirtuada por la prueba de cargo tanto pericial, documental y testimonial, en la cual se descartó que el hecho haya sido un enfrentamiento más bien se determinó que los policías tenían dominio de la escena y ejecutaron a las víctimas, así como también se demostró el abuso de superioridad y alevosía con la que cometieron los hechos en los cuales los defensores de los imputados no lograron demostrar ante los Jueces que los policías estaban en riesgo inminente.
El Tribunal señaló en su fallo que los agentes trataron de limpiar, manipular y alterar la escena donde sucedieron los hechos, lo cual demostró el comportamiento delictivo con el que actuaron.
La sentencia íntegra de este juicio será entregada a las partes procesales el próximo 28 de noviembre en la secretaria del Tribunal.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
