Alejandro Muyshondt concilia con víctimas y deberá pagar $2,500 - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Alejandro Muyshondt concilia con víctimas y deberá pagar $2,500

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Durante el receso que hubo de la audiencia inicial en contra del asesor de seguridad de la Presidencial, Alejandro Muyshondt, se informó que había logrado conciliar con las víctimas.

Su abogada defensora, Bertha María Deleón, confirmó el acuerdo por los delitos de daños, amenazas y hurto; pero que deberá pagar $2,500.

“Acabamos de terminar las intervenciones de las partes, ha terminado la audiencia y estamos esperando la decisión de la jueza; ha dicho que va a revisar la acusación y las pruebas que ha presentado la Fiscalía y en 20 minutos nos va a dar la resolución”, manifestó Deleón a los medios.

En el mismo proceso judicial, uno de los agentes de seguridad de Muyshondt también fue acusado por el caso.

La defensa de Muyshondt ha solicitado, además, sobreseimiento definitivo por los delitos de resistencia, portación irresponsable de armas de fuego y expresiones de violencia contra la mujer.

De este último delito, Deleón confirmó por medio de su cuenta de redes sociales que fue sobreseído. 

La valoración de la abogada es que el Ministerio Público se excedió en las acusaciones por estos últimos delitos.

En el caso de armas, explicó que no hubo la tenencia irresponsable o ilegal de arma de fuego como lo argumentaron los fiscales porque corroboraron que la documentación de las mismas tienen los permisos en orden.

La audiencia fue realizada la mañana del miércoles en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.

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Con engaños, tres pandilleros se llevaron a otra zona a una joven para aprovecharse de ella. Fueron condenados

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Fiscales de la Unidad Penal Juvenil de la oficina del departamento de San Vicente demostraron que, tres adolescentes de 17 años de edad e integrantes de organización terrorista, participaron en aprovecharse de una joven para tener relaciones.

De acuerdo al reporte, los incriminados corresponden a  José S., José G., y Víctor N., quienes fueron sancionados con un total de seis años y medio, tres de los cuales estarán en internamiento y los otros tres años con seis meses, en libertad asistida.

En la Vista Pública en el Juzgado de Menores de San Vicente, la representación Fiscal demostró que en el mes de julio del 2019, la víctima fue llevada con engaños hasta uno de los cantones del municipio de Santo Domingo, donde estos sujetos se aprovecharos, estableciendo la participación de los tres implicados.

Por el trauma depresivo que le produjo el hecho, la víctima se quiso quitar la vida cortándose las venas de las muñecas, y fue llevada hasta el hospital nacional de San Vicente, que dio aviso a la sede Fiscal de San Vicente.

El informar sobre los hechos permitió que se iniciara una investigación y que se sancionara penalmente a los responsables.

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Condenan a prisión a tres peligrosos delincuentes que asesinaron a un joven en Soyapango

Imagen de archivo

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El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, impuso la pena de 55 años de cárcel a tres peligrosos delincuentes que le arrebataron la vida a un joven en el municipio de Soyapango, al oriente de San Salvador.

Los ahora condenados fueron identificados como: Edwin Oswaldo López Chávez, de 21 años de edad, Christian Javier Salazar Martínez, de 23 años y José Rigoberto Acevedo Alvarado, de 19 años; quienes ultimaron a la identificada como víctima Oscar Eligio Reyes Fuentes.

Las pruebas comprobaron el cometimiento del delito por parte de los condenados, entre ellas la prueba testimonial de un testigo que presenció el asesinato.

El 6 de abril de 2018, en el pasaje Conacastes de la Urbanización Bosques de Prusia, del municipio de Soyapango, en el departamento de San Salvador, venía ingresando una persona que se venía forcejeando con pandilleros de la zona, luego uno de ellos lo agarró de la cintura y lo intentó botar, además lo golpeaba constantemente, llevando una arma blanca en las manos con la que también lo lesionaba en la espalda y cabeza, asimismo otro de los sujetos sacó un arma de fuego con la que le disparó en tres ocasiones.

El cuerpo quedó tirado sobre unas gradas de un pasaje aseguró el testigo.

Los homicidas luego de cometer el hecho revisaron el bolsón que portaba la víctima, de dónde sacaron un arma y huyeron del lugar.

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Honorable Corte en Pleno le da la razón al empresario Enrique Rais al no procesarlo en tribunales de crimen organizado. ¿Será que el sistema de justicia también le dará la razón de la persecución que ha denunciado durante mucho tiempo el empresario?

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Después de haber evaluado la Corte Suprema de Justicia y confirmado que la resolución por medio de la cual el Juzgado Especializado de instrucción “C” de San Salvador, estaba apegada a derecho cuando decidió no asumir competencia para conocer sobre la causa penal intentada contra Enrique Rais, Hugo Blanco Rais, Francisco Grimaldi y Ernesto Gutiérrez, decidió remitir nuevamente el expediente al Juzgado 2o de Instrucción, autoridad que de forma incomprensible y retomando literalmente una resolución judicial de otro Tribunal, como en su momento se hizo ver, pretendió que el caso se ventilare como hechos de crimen organizado, lo que ahora ha quedado confirmado por el máximo Tribunal del país, que no es así, por lo que se pierde toda la base que la fiscalía intentó presentar para acusar al empresario, su sobrino y dos abogados.

El caso penal seguido contra Rais, se encuentra fundado en las mismas escuchas cuestionadas sobre su legalidad y su autenticidad que han sido utilizadas en el caso conocido como “Rais-Martínez” y en un testigo anónimo con criterio de oportunidad, al que Fiscalía pretende generar un anticipo de prueba y que según la defensa de algunos imputados, no se ha permitido investigar a profundidad sobre la forma en que ha declarado, como su presencia o no en el país, al momento de presuntamente rendir sus declaraciones ante dos fiscales de la Unidad de Crimen Organizado de la FGR, mientras Wil Walter Ruiz Ponce, primo hermano del Ex Fiscal General Douglas Meléndez, era Jefe de esa unidad. Tampoco se ha informado por los fiscales del caso, ante que autoridad judicial se autorizó el criterio de oportunidad de ese supuesto testigo.

También es importante destacar, según los abogados defensores de Hugo Blanco Rais, que “la decisión ilegal que adoptó el Juzgado 2o de Instrucción, ha sido causa de violación a garantías para los procesados en este caso.” Según los profesionales del derecho, cuando ese Tribunal a fecha 31 de julio de 2019, se declara incompetente  de manera infundada y remite el expediente a la jurisdicción especializada, se contaba con el plazo prorrogado de seis meses para que la defensa aportara toda la prueba de descargo correspondiente y pudiera desvirtuar los elementos de prueba con los que supuestamente contaba la representación fiscal; sin embargo el Juzgado Especializado de Instrucción “C” el día 09 de agosto de 2019, confirma que el caso no tiene relación con “actos de criminalidad organizada” y además confirma que el juzgado remitente (2o de instrucción) “utilizó los mismos fundamentos que el Tribunal Primero de Sentencia para declinar su competencia”, en pocas palabras que “plagió el fallo” y esto provocó que el caso tuviera que ir a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, quien resolvió el conflicto de competencia hasta finales de enero de 2020 y los abogados únicamente hemos conocido de la resolución hasta el día 14 de febrero de 2020, eso es dos días después que venció el plazo de instrucción a estas alturas ya improrrogable.

 Según los defensores de Blanco Rais, irresponsablemente la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez comunica que ahora la Fiscalía General de la República cuenta con cinco días hábiles para presentar el dictamen de acusación y señalar fecha para audiencia preliminar; cuando en realidad estamos ante un situación sumamente compleja, porque el Sistema Judicial tuvo a nuestro cliente sin un “Juez Natural” que atendiera la causa durante el plazo de instrucción, ante el que poder hacer peticiones, solicitudes, ofertar y proponer la producción de prueba, interponer Excepciones o cualquier otro tipo de acciones para comprobar la inocencia del procesado.

“Acá hay un gran reto para el Fiscal General, afirmaron los abogados, en hacer prevalecer el Estado de Derecho, pues si no ha existido etapa de instrucción, por cauas no atribuibles a los procesados, sino por un grave error judicial del Juez 2o de Instrucción, no hay fundamentos para establecer un Dictamen de Acusación, ya que la prueba existente fue cuestionada desde la audiencia inicial, al ser señalada por el Juzgado 8o de Paz como insuficiente. No se trata solamente que la Fiscalía acuse, se trata del ente que debe velar también porque se tutelen los derechos y garantías de los procesados”- reiteraron. Finalmente, también dejaron entrever que en caso la Fiscalía actúe ilegalmente formulando dictamen de acusación, acudirán ante la Sala de lo Constitucional, ya que en este caso se han violado derechos fundamentales como la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de defensa.

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