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Judicial

Al menos 11 fiscales, entre ellos el primo hermano del exfiscal Douglas Meléndez, Walter Ruiz, enfrenarán audiencia inicial mañana por graves delitos contra el empresario Enrique Rais  

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Los apoderados legales del empresario Enrique Rais han acusado al menos a 11 fiscales por fabricar y alterar supuestas pruebas en contra su patrocinador.

Según los representantes de Rais, Douglas Meléndez, ahora exfiscal de la República y el resto de fiscales intentaron “blindar” a Wil Walter Ruiz Ponce.

La acusación se hizo  por un error  de la Ingeniero Maricela Granados Ponce, quien “tratando de justificar lo injustificable”, al juez 5 de Paz y fue solicitada sin haber realizado ni corroborado las evidencias presentadas que sustentan la prueba, y algo que fue reconocido por la fiscal Mayra Raquel Guerra ante el juez Mario Mira Montes

Con ellos se los representantes de Enrique Rais esperan “sentar un precedente, los Fiscales no están por encima de la ley y muy por el contrario deben aplicarla con imparcialidad y justicia” dijo uno de los abogados querellante.

Estos serían los 11 fiscales acusados.

Wil Walter Ruiz Ponce :

1A )     Actos Arbitrarios art 320 Pn.

2A )     Divulgación de Material Reservado  art. 34 LEIT y art 41 Pn

3A )     Uso de Información  Proveniente de Intervenciones Ilícitas art. 36 LEIT

  1. Julio Cesar Larrama Barahona :

1B )    Privación de Libertad por Funcionario Publico art. 290 Pn

2B )    Atentado al Derecho de Defensa  art. 298 Pn

3B )    Divulgación de Material Reservado  art. 34 LEIT y art 41 Pn

4B )    Actos Arbitrarios art 320 Pn.

 

  1. Xenia Lizeth Linares Rodriguez :

C1 )  Privación de Libertad por Funcionario Publico art. 290 Pn

C2 )  Atentado al Derecho de Defensa  art. 298 Pn

C3 )  Divulgación de Material Reservado  art. 34 LEIT y art 41 Pn

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C4 )  Falsedad Documental Agravada  art. 284 y 285  Pn

C5 )  Uso de Información Proveniente de Intervenciones Ilícita  art. 36 LEIT

C6 )  Fraude Procesal  art.  306 Pn

C7 )  Actos Arbitrarios  art.  320 Pn

 

  1. D) Mayra Raquel Guerra de Quintanilla :

D1)   Divulgación de Material Reservado  art. 34 LEIT y art 41 Pn

D2)   Uso de Información Proveniente de Intervenciones Ilícita  art. 36 LEIT

D3)   Actos Arbitrarios  art.  320 Pn

D4)   Falsedad Documental Agravada  art. 284 y 285  Pn

D5)   Fraude Procesal  art.  306 Pn

 

  1. E) Froilán Francisco Coto Cabrera :

E1)   Divulgación de Material Reservado  art. 34 LEIT y art 41 Pn

 

  1. F) Sigfrido Alcides Campos Crespo :

F1)  Desobediencia   art. 322 Pn

F2)   Falsedad Documental Agravada  art. 284 y 285  Pn

F3)   Falsedad Ideológica   art. 285  Pn

F4)   Fraude Procesal  art.  306  Pn

F5)   Intervenciones Telefónicas Ilícitas   art  35 LEIT

F6)   Uso de Intervenciones Ilícitas   art. 36 LEIT

F7)   Actos Arbitrarios  art.  320  Pn

 

  1. G) Maricela Granados Ponce, Ingeniero en Sistemas de la FGR :

Estos son los delitos que desfilaran ante el Juez 5 de Paz.

G1)  Divulgación Dolosa de Material Reservado  art.  34 LEIT

G2)  Fraude Procesal  art.  306  Pn

Información proveniente del requerimiento Fiscal presentado al Juzgado 5 de Paz

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Judicial

Autoridades piden seis años de cárcel para diputado desaforado Erick García

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En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.

Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.

García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.

Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.

Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.

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Exdiputado del FMLN y familia enfrentan juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.

El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.

En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.

A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.

En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.

A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.

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Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.

«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.

Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.

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Judicial

FGR logra penas de hasta 180 años de cárcel para pandilleros de la MS

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La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.

En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.

Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.

Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.

Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.

Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.

Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.

Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.

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Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.

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