Judicial
Abogado ambientalista: “Denunciaré a exministra Lina Pohl ante la CICIES por corrupción al haber permitido botadero ilegal de Salume”
El abogado ambientalista Sergio Portillo Toruño, se comunicó a esta redacción e informó que a consecuencia de la vulnerabilidad demostrada en el país, para afrontar distintos fenómenos naturales, como lo ha sido el paso de la tormenta tropical “Amanda”; se ha ocupado de hacer una revisión exhaustiva de cómo la falta de planeación y la corrupción de ciertos funcionarios públicos en las administraciones pasadas han tenido gran impacto e incidencia en todos los desastres naturales y en las pérdidas de vidas humanas que hemos tenido que lamentar durante el recién pasado fin de semana.
Un caso para CICIES
De manera que anunció la primera denuncia con la cual procederá ante La Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), corresponde a la exministra del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, por haber autorizado, tolerado y permitido el funcionamiento, en contravención de las leyes ambientales, del botadero de basura situado en el Puerto de La Libertad, que es propiedad del señor Salume.
Además, recordó que este botadero se ha sido un foco de contaminación en el municipio y que el MARN durante administraciones gubernamentales pasadas presuntamente habría incurrido en una malversación de fondos públicos y fondos provenientes de donantes internacionales, ya que gastó recursos para un cierre técnico en el sitio, sin embargo después se autorizó únicamente como relleno sanitario manual, con capacidad máxima para recibir 12 toneladas de desechos municipales diariamente.
Sin embargo, desde el año 2011, el señor Salume pasó a ser el propietario del sitio de disposición final, a través de la creación de una Sociedad de Economía Mixta (SEM), con la municipalidad del Puerto de La Libertad y presentó ante el MARN, una simple solicitud de reconversión y no un estudio de impacto ambiental, con el que de forma ilegal la entonces viceministra Pohl, autorizó la reconversión del sitio para recibir hasta 42 toneladas de desechos municipales diariamente, como un relleno sanitario mecanizado; sin embargo, desde el año 2014 (desde el 1 de junio de 2014, Lina Pohl fue nombrada Ministra del MARN por el presidente Salvador Sánchez Cerén), el señor Salume infringiendo las leyes ambientales ha explotado el sitio, recibiendo más cantidad de basura de la que indicaban sus permisos de funcionamiento y los que tiene capacidad de recibir, especialmente porque el sitio incumple con múltiples parámetros técnicos, uno de ellos es la distancia entre el Botadero y los núcleos poblacionales, que de acuerdo a la Reglamentación Ambiental, no puede haber un sitio de disposición de desechos municipales en un radio mínimo de 500 metros contados desde la ubicación de los asentamientos de viviendas.
En el caso del botadero del señor Salume, según explica Toruño, la distancia con relación a las zonas pobladas colindantes con el Caserío Melara, son menores a los 180 metros, en algunos linderos; por lo que tomando en cuenta: La vulnerabilidad de la zona, por los desbordamientos de ríos y quebradas; la mala gestión que se está dando a los desechos sólidos depositados, por exceder la cantidad que técnica y legalmente están en capacidad de recibir; las filtraciones de agua que socavan el terreno y la incapacidad que las lagunas de lixiviados que están recibiendo tal cantidad de agua lluvia y que han sido señaladas como ineficientes en un peritaje efectuado por el equipo multidisciplinario ambiental de la Corte Suprema, son una bomba de tiempo para deslaves sobre los asentamientos poblacionales y filtraciones en el manto freático y cuerpos de aguas superficiales de los lixiviados.
“Esta es una tragedia que se puede y debe evitar, no es posible que una mala gestión en el tratamiento de desechos sólidos que he venido denunciando, que solamente ha servido para enriquecer más a los dueños del botadero, se pueda cobrar vidas humanas y provocar graves daños a la zona, de por sí vulnerable”, sentenció.
De acuerdo al abogado, la ministra Lina Pohl, conocía de las graves infracciones en el botadero de salume, pero decidió favorecerlo, así en lugar de sancionarlo por los incumplimientos, permitiendo su funcionamiento ilegal, del que la propia oficina de Acceso a la información de MARN, refleja sobre los desechos recibidos en el Botadero del Puerto de La Libertad, que excedían las 42 toneladas de desechos que diariamente estaba autorizado a recibir, durante ese tiempo:
El punto más grave es que en el año 2016, el Botadero no aportó los registros de la cantidad de desechos municipales que dispuso, lo cual constituye una infracción grave, según el Art. 86 literal “c” de la Ley de Medio Ambiente, que le obliga a presentar informes anuales de operación. A pesar de esto, nunca se sancionó al botadero, ante la alcahuetería de la entonces Ministra POHL, durante la administración gubernamental del FMLN.
La FGR ha incurrido en omisión de la investigación
El abogado, también hizo énfasis que desde el año 2018, viene presentando una serie de denuncias penales y ante el MARN, sobre el funcionamiento ilegal; por tanto dañino para el medio ambiente que se comete en el botadero del señor Salume. De hecho, el profesional del derecho, recuerda que a pesar de las pruebas contundentes que Salume, cometió el delito de Desobediencia de Particulares a decisiones judiciales, el jefe de la Unidad de Delitos Ambientales de la FGR no ha procedido a presentar el requerimiento fiscal, lo que es una grave omisión de investigación.
A criterio del abogado es importante que la FGR demuestre que nadie está por encima de ley y que actúe prontamente contra Salume, que está contaminando la zona y demostrando con su conducta que no pretende hacer caso a las autoridades públicas. El delito de contaminación ambiental contenido en los arts. 264, 265 y 266 del Código Penal establecen penas superiores a los 3 años de prisión. Agregó que solicitará auditorías contra el jefe de la Unidad de Delitos Ambientales de la FGR, con la que comprobará que de forma negligente y quién sabe con qué motivos no ha diligenciado adecuadamente las investigaciones contra Salume.
Alcaldes que depositan los desechos municipales en el basurero son corresponsables
Además, el abogado Toruño recordó que las autoridades edilicias del Puerto de La Libertad, no quedan exento de tener que responder sobre la contaminación ambiental y otros desastres que se puedan generar en la zona, sobre todo en este momento donde se están viviendo los efectos de una depresión Tropical. Y que así como la Corte de Cuentas, está exigiendo transparencia al Gobierno Central, lo haga con las municipalidades que están depositando sus desechos en un botadero que no cumple con los requerimientos ambientales, lo que los convierte en corresponsables por mala administración de fondos públicos, como ocurre con los alcaldes de Santa Tecla: Roberto D’aubuisson (ARENA) y de San Marcos, doctor Fidel Fuentes. (FMLN)
Un llamado al actual Gobierno a evitar más tragedias
El abogado cierra haciendo un llamado al Gobierno para que verifique y tome las medidas de precaución en la zona cercana al Botadero del Puerto de La Libertad, antes que se deba lamentar más tragedias.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
