Judicial
Fontanero fue seducido por narcotraficantes para trabajar con ellos y ahora pasará muchos años en la cárcel por tráfico de drogas
Por hacerle un favor a uno de sus cuñados, un fontanero pasará siete años y medio en prisión por el delito de tráfico de drogas al recibir y ocultar paquetes de drogas en un rancho privado en la playa San Diego en La Libertad.
Durante muchos años, Nelson Yan reparó tuberías, pero de un momento a otro se vio seducido por el compañero de vida de una hermana quien le pidió colaborar para la estructura criminal que tenía como cabecilla a Jorge Ulloa, mejor conocido como “El Repollo”.
Según el expediente judicial, entre 2007 y 2008 Yan ayudó a su familiar a almacenar droga que provenía de Panamá y que tenía como destino final Estados Unidos. Las investigaciones fiscales revelaron que el imputado guardada la cocaína que recibía en cubetas de plástico y enterradas en la arena.
Un testigo criteriado, quien en el juicio en contra del fontanero decidió mostrar su rostro y decir su nombre, detalló las formas en las que la droga ingresaba al país. La más utilizada era por mar en lanchas que escondían compartimientos en el piso y en partes del motor.
“A la lancha le cabían 150 kilos de droga”, dijo el delator quien ha sido la pieza clave para que esta estructura criminal sea desbaratada casi en su totalidad ya que la mayoría de los integrantes se encuentran en prisión.
Cuando ingresaba por tierra, los encargados de transportarla la escondían en el motor y en la cama de pick up, transportaban hasta 124 kilos de cocaína, explicó el testigo en la sala de audiencias del Centro Judicial “Isidro Menéndez” en San Salvador.
Luego de burlar los controles migratorios, una parte de la droga era almacenada en la finca que cuidaba el cuñado del imputado a cambio de droga y $50 por cada kilo que resguardaba.
Además de San Diego, los paquetes de somníferos eran trasladados a fincas en Comasagua y San Juan Opico, siempre en La Libertad. “Se dejaba ahí porque se repartía en El Salvador para los consumidores y lo demás era llevado a Guatemala”, dijo el testigo.
Mientras el testigo daba detalles de los hechos, Yan no podía ocultar su preocupación por lo que escuchaba, ya que la declaración que su excompinche lo ponía en evidencia y poco podía hacer para revertir la situación.
Con sus manos se tocaba la cabeza, sus pies no dejaban de tener movimientos, como si estuviera impaciente y quisiera que el hombre terminara de ser interrogado o que ya no contestara más preguntas.
De acuerdo a los argumentos de la defensa, Yan se vio involucrado con la estructura criminal debido a la relación circunstancial que tenía con el encargado del lugar “lo cual lo llevó a convertirse en un cómplice no necesario”, dijo su abogado.
Una jueza del Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Yan por su participación en el delito de tráfico de drogas, mientras que fue absuelto por el delito de actos preparatorios, ya que a criterio de la juez no había suficientes pruebas que comprobaran este crimen.
Además, señaló que el imputado fue considerado como un cómplice no necesario porque cualquier otra persona pudo haber estado en su lugar y colaborar con la estructura.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
