Develan presunta corrupción en Honduras que tiene como principal actor al presidente Juan Orlando Hernández - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Develan presunta corrupción en Honduras que tiene como principal actor al presidente Juan Orlando Hernández

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Honduras vive momentos de zozobra luego que saliera a la luz una trama de corrupción que tiene su raíz en el gobierno y en ciertos poderes del Estado.

La noticia se ha dado ha conocer por medio de un artículo de Univision Noticias, en el que señala al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, políticos y un sinfín de organizaciones sin fines de “lucro” que habrían recibieron más de $70 millones en la en la última década, gran parte de los cuales se canalizaron, según sugiere la evidencia, hacia políticos y campañas con el fin de influir en elecciones y votaciones importantes.

La investigación señala que al menos 360 diputados y exdiputados habrían lavado en muy corto tiempo cientos de millones de dólares de fondos de desarrollo en uno de los países más pobres de la región, lo cual contribuye a estimular el éxodo de migrantes hacia Estados Unidos.

Las organizaciones, diputados y exdiputados están ligados directamente con el presidente Juan Orlando Hernández, según las investigaciones.

Foto: Congreso de diputados en Honduras.

El destape de corrupción ha generado una ola de protestas por parte de los ciudadanos, quienes se ha mostrado indignados por el hecho la malversación de fondos públicos y lavado de dinero que implican a la familia del mandatario.

El Ministerio Publico hondureño ha tenido pruebas de la corrupción desde hace una década, según documentos obtenidos por Univisión. Sin embargo, sólo se han procesado tres casos contra dos docenas de políticos que revelan apenas la punta del iceberg de la corrupción, lo que ha provocado la indignación pública generalizada a causa de la impunidad.

Los políticos hondureños amenazados por la investigación anticorrupción han intentado obstruir a los investigadores mediante la aprobación de leyes que limitan la competencia de los fiscales y reducen las sentencias para posibles delitos.

Las revelaciones se producen en un momento en que el malestar ha causado protestas masivas en las calles y está en duda el futuro de un equipo especial de investigadores contra la corrupción de la Organización de los Estados Americanos, conocido como la MACCIH por sus siglas en español,luego de que expire su mandato en enero.

Mientras tanto, la corrupción en Honduras ha complicado las relaciones con la administración Trump, la cual quiere que los gobiernos de América Central cooperen más mediante la adopción de medidas que reduzcan la migración masiva hacia la frontera estadounidense. Muchos expertos resaltan la corrupción pública como un factor importante que obliga a los hondureños a migrar hacia el norte, pues erosiona los servicios públicos adecuados. En marzo, la administración Trump interrumpió la ayuda exterior a Honduras, Guatemala y El Salvador, debido a la frustración porque dichos países no lograron detener el flujo de migrantes.

El presidente Hernández negó cualquier vínculo con la corrupción en una declaración proporcionada a Univision. “El presidente está a la vanguardia de la lucha contra la corrupción”, según la declaración enviada a Univisión por Mishcon de Reya, una firma de abogados de Londres que representa al gobierno hondureño.

Añadió que él estaba orgulloso de su papel al permitir que la MACCIH opere en Honduras, así como los esfuerzos “históricos” para limpiar la policía, y la implementación de un acuerdo de extradición con Estados Unidos “que desafió el poder que ejercían narcotraficantes dentro del Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ejecutivo”.

La corrupción política en Honduras no es nueva, pero la más reciente trama de corrupción se institucionalizó luego de que el Congreso Nacional aprobara una ley en 2006 que creó un Fondo de Desarrollo Departamental a disposición de los diputados. Conforme disponía de más fuentes de financiamiento, la trama amplió su alcance, hasta llegar incluso a un fondo reservado controlado por Hernández, con un presupuesto cuyos detalles de gastos de partidas están guardados en secreto.

bbc.com

“Nadie tiene licencia para recibir sobornos, no hay razones para que nadie saque un centavo de todo esto”, dijo el exdiputado José Azcona, mientras tenía abierto un libro y señalaba fragmentos de la ley de 2006 que él mismo ayudó a redactar, y que fue diseñada para llevar asistencia necesaria a comunidades pobres y rurales.

El Fondo de Desarrollo Departamental se creó con un presupuesto anual de 20 millones de dólares para proyectos de infraestructura en los distritos legislativos. Se suponía que funcionaría como los proyectos tradicionales de clientelismo político en Estados Unidos, diseñados para mantener contentos a los electores de legisladores influyentes mediante el financiamiento de proyectos en sus comunidades, dijo Azcona, quien ahora es profundamente crítico con la forma en que se corrompió el programa.

Pero en uno de los países más corruptos de la región, la debilidad de las instituciones y la falta de supervisión produjeron resultados diferentes. En el mejor de los casos, fue un mecanismo para comprar votos de electores. En el peor de los casos, fue una trama para enriquecerse rápidamente, un fondo reservado para campañas políticas o una herramienta para comprar votos para el congreso de 128 escaños.

Carreteras, escuelas y otros proyectos para los que los diputados asignaron fondos nunca se completaron.

Poco después, el congreso –en aquel momento encabezado por Hernández–, modificó las reglas del fondo, dándoles a los diputados más discreción con respecto a los proyectos que eligieran financiar.

Como resultado, el dinero pasó de apoyar proyectos de infraestructura a iniciativas locales más pequeñas, como fumigaciones, talleres, útiles escolares y paquetes de alimentos, proyectos que no dejan huellas una vez que se ejecutan o se consumen y, por lo tanto, son más difíciles de verificar. Comenzaron a aparecer de la nada las organizaciones sin fines de lucro que recibían inmediatamente fondos del gobierno, según los documentos obtenidos por Univision. Las organizaciones sin fines de lucro fueron establecidas por quienes los investigadores han denominado “acopiadores”, que acumularon vastas redes de ellas, según documentos y personas familiarizadas con sus operaciones.

Como pago por sus servicios, los acopiadores recibían un porcentaje de los fondos, según las tres acusaciones de la MACCIH contra los políticos.

Una de las redes que Univision descubrió consta de 24 organizaciones sin fines de lucro que recibieron al menos 23 millones de dólares en fondos públicos y están vinculadas a un trío de acopiadores.

En medio se encuentra un hombre llamado Geovanny Castellanos, quien ha sido acusado por su papel en la malversación de fondos mediante dos de esas organizaciones. Pero el alcance de su red era mucho mayor, según documentos judiciales y declaraciones de testigos. Castellanos y sus coconspiradores adquirían organizaciones sin fines de lucro ociosas, fundaban otras nuevas o colaboraban con activistas políticos para gestionar otras, según muestran los documentos.

La investigación de Univision reveló que las actividades de la red de 24 organizaciones sin fines de lucro dieron lugar al menos a 16 Reportes de Operaciones Sospechosas por parte de la Comisión Bancaria, incluyendo seis durante la campaña de 2013. Además de los 15 diputados que resultaron acusados (todos los cuales se han declarado inocentes), las actas del Congreso y los registros judiciales muestran que al menos 34 diputados más solicitaron fondos del gobierno para estas sospechosas organizaciones sin fines de lucro.

Según documentos judiciales, Augusto Cruz, exdiputado de un partido minoritario, asignó fondos para al menos siete de las organizaciones sin fines de lucro. Y la legisladora del Partido Nacional, Gladis López, tiene vínculos con al menos cuatro. Tanto López como Cruz fueron acusados el año pasado por corrupción relacionada con esta red en la que presuntamente también se embolsaron dinero sin realizar los proyectos declarados.

Tanto López como Cruz se han declarado inocentes.

López apareció recientemente en una lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 20 funcionarios hondureños “contra quienes hay denuncias creíbles de que han cometido o facilitado actos de corrupción”.

López no respondió a una solicitud de entrevista. Cruz no quiso hacer comentarios.

Univision también identificó numerosas redes similares. En algunos casos, el diputado también fungía como acopiador, eliminando así al intermediario. Renán Inestroza, quien hace parte del liderazgo del Congreso, también administra una red de al menos tres organizaciones sin fines de lucro que ha recibido casi seis millones de dólares de fondos públicos desde que ingresó al congreso en 2010, incluyendo solicitudes de financiamiento de al menos 15 legisladores, según las actas del Congreso.

Los informes de proyectos presentados a la Secretaría de Hacienda llevan las firmas de supuestos beneficiarios que difieren tanto que parecen haber sido falsificados o reciclados, según los documentos obtenidos por Univision. Ésta era una táctica común, como lo demuestran los numerosos nombres, huellas digitales y firmas que no concuerdan y aparecen en varios documentos.

Los recibos presentados incluían artículos como balones de fútbol y uniformes que la empresa de construcción privada de Inestroza supuestamente compró para las organizaciones sin fines de lucro. Inestroza no acepto una solicitud de entrevista.

En 2013, cuando Hernández se postuló por primera vez para Presidente de la República, el gasto del Fondo de Desarrollo Departamental alcanzó su punto máximo, y mostró tendencias políticas claras. Mientras que en años anteriores la mayoría de los fondos se desembolsaron en diciembre, ese año casi todos los fondos se gastaron en los meses previos a las elecciones de noviembre, entre ellos más de dos millones de dólares que se transfirieron a municipios en el departamento de origen de Hernández que se encontraban bajo el mandato de alcaldes pertenecientes a su partido.

“El presidente del Congreso es el que decide, el que maneja el fondo”, dijo Marvin Ponce, exdiputado del partido minoritario Unificación Democrática quien ejerció como tal desde 2006 hasta 2014.

En ese momento, incluso los miembros del propio partido de Hernández cuestionaron públicamente su gestión del fondo. En una entrevista con el periódico local La Prensa, el político del Partido Nacional, Fernando Andurray, dijo que Hernández tenía “una pulpería particular con un enorme presupuesto” en el Congreso Nacional con el Fondo de Desarrollo Departamental.

“Las cuentas en cuestión fueron administradas por organismos burocráticos y estructuras institucionales, no estaban bajo el ‘control’ personal del presidente”, fue la respuesta del mandatario Hernández a las preguntas que Univision envió relacionadas con las acusaciones de corrupción de su gobierno.

Foto: El Siglo de Torreon.

Según los registros de la Secretaría de Finanzas, ocho de los diez principales receptores de ese año eran organizaciones sin fines de lucro que fueron objeto de informes de actividad sospechosa o fueron vinculadas por Univision a redes sospechosas de corrupción. Las dos organizaciones restantes están vinculadas al gobernante Partido Nacional, incluida la FUNDEIH (Fundación para el Desarrolo Integral de Honduras)  que está estrechamente vinculada a la familia y la administración del presidente Hernández.

La FUNDEIH fue incorporada en 2005 por la esposa de Hernández, Ana García Carias. Un documento obtenido por Univision que data de 2016 muestra que Ebal Díaz, ministro de la presidencia y mano derecha del presidente Hernández, formó parte de la junta directiva de la organización junto con un sobrino del presidente, Marco Hernández, y otras personas que trabajan en la Oficina de la Presidencia.

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Las técnicas de tortura que utilizó la CIA en sus bases secretas

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Cuando Jalid Sheij Mohammed, el pakistaní considerado autor intelectual de los ataques del 11-S, volvió a cruzar el martes los pasillos de la corte militar de Estados Unidos en la Base Naval de Guantánamo, se encontró por primera vez en muchos años con un viejo conocido.

Allí estaba también el psicólogo estadunidense James E. Mitchell, quien junto a su colega Bruce Jessen fue el responsable de idear —y en muchos casos, probar, implementar y evaluar— las técnicas de tortura que utilizó la CIA en sus bases secretas contra los detenidos tras el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.

Y quien, según admitió durante la audiencia, las supervisó y practicó a muchos de los detenidos, entre ellos el propio Mohammed.

“Fue muy chocante que la gente que él mismo torturó estuviera en esa sala y que (Mitchell) dijera delante de ellos que los volvería a torturar de nuevo”, le cuenta a BBC Mundo Julia Hall, experta de Amnistía Internacional que asiste a las audiencias en Guantánamo.

Hubo un cambio de roles: esta vez fueron los acusados los que escuchaban mientras el psicólogo respondía.

Por primera vez desde que comenzaron las audiencias en Guantánamo en 2002 —y por dos semanas—, Mitchell y su colega Jessen son cuestionados por los abogados de los detenidos sobre las técnicas que idearon en los primeros años de la llamada “guerra contra el terror”.

“James Mitchell entró y fue claro: dijo que no se arrepentía del programa o de la forma en la que estuvo involucrado. No se disculpó, no mostró ninguna forma de arrepentimiento y reconoció en la corte que él mismo había practicado waterboarding (un método que hacen sentir a la persona que se ahoga) y otras técnicas de abusos”, agrega.

Algunas organizaciones de derechos humanos esperan que los testimonios traigan luz sobre la escala del programa de tortura, así como sobre la culpabilidad de altos funcionarios o el papel del FBI, uno de los grandes secretos de estos años.

“Su testimonio puede revelar detalles adicionales sobre el programa de tortura de la CIA y, en mi opinión, cada pequeño paso adelante para comprender lo que sucedió es importante y necesario si alguna vez queremos lograr algún tipo de responsabilidad”, comenta a BBC Mundo Wells Dixon, abogado del Center for Constitutional Rights, una organización de defensa legal en la que se dedica a desafiar lo que considera detenciones ilegales en Guantánamo.

Pero los expertos también dudan de la legitimidad de estas audiencias o de sus posibles impactos, dado que se realizan en una corte militar que ha sido profundamente cuestionada en los últimos años.

“El objetivo de las comisiones militares nunca ha sido lograr el progreso, y ciertamente tampoco la justicia o la responsabilidad por actos terroristas como el 11 de septiembre. Más bien, el propósito ha sido y sigue siendo preservar el status quo, evitar la liberación de los exdetenidos de la CIA y encubrir los detalles de su tortura y, en última instancia, que la CIA evite la responsabilidad por la tortura”, indica Dixon.

En criterio del experto, el testimonio de Mitchell ahora es simplemente un recordatorio de cuánto tiempo ha llevado llegar a este punto en el que una de las principales personas responsables de tortura dsea a testificar en el tribunal de Guantánamo.

“También un recordatorio de cómo todavía no se ha tenido en cuenta lo que sucedió con las víctimas de tortura de la CIA. Todavía no ha habido ninguna responsabilidad significativa. Indudablemente, esta es la razón por la cual Mitchell se ofreció a testificar, porque aparentemente no tiene nada que temer y es una oportunidad para defender sus acciones que son, seamos honestos, completamente indefendibles por cualquier estándar legal o moral”, agrega.

La “guerra contra el terrorismo”

Los ataques de septiembre de 2001 llevaron a EE.UU. a la campaña más larga y costosa de su historia: la llamada “guerra contra el terrorismo”.

Las operaciones internacionales, apoyadas por países aliados y la OTAN, conllevaron no solo a abrir frentes de batalla en varias naciones de Medio Oriente, sino también a una cacería de los principales líderes y miembros de lo que EE.UU. consideraba “organizaciones terroristas”.

Desde inicios de la década del 2000, las cabezas de supuestos miembros de Al Qaeda, el Talibán y otros grupos extremistas comenzaron a figurar en la lista de los más buscados del mundo.

Y en ella, los presuntos responsables detrás del 11-S ocuparon los primeros escaños.

Desde enero de 2002, comenzaron a llegar a Guantánamo los primeros presos y poco a poco la cárcel improvisada en una base militar en el oriente de la isla de Cuba se llenó con algunos de los hombres más peligrosos del mundo.

Dos fotos de archivo de Khalid Sheikh Mohammad
Khalid Sheikh Mohammad fue capturado por primera vez en Pakistán en 2003. Getty Images

Pero no fue la única: Estados Unidos comenzó a crear centros de detención secretos en numerosos países del mundo, donde los prisioneros eran interrogados para obtener información sobre Al Qaeda y potenciales “ataques terroristas”.

“El informe de tortura del Senado muestra que la CIA estaba completamente mal equipada para detener e interrogar a los detenidos después del 11 de septiembre”, recuerda Dixon.

“La agencia estaba desesperada y agitada tras su fracaso para evitar los ataques (incluso por no alertar al FBI de que algunos de los secuestradores estaban en EE.UU. antes de los ataques) y, sospecho, la CIA querían venganza, por lo que recurrieron a Mitchell y Jessen, quienes ofrecieron soluciones rápidas y fáciles”, agrega.

Psicología del terror

Según el abogado, fue entonces cuando los dos psicólogos que habían hecho carrera en las fuerzas armadas, comenzaron a colaborar con la Agencia Central de Inteligencia para diseñar “técnicas de interrogatorio severo”.

“Mitchell y su colega Jessen fueron psicólogos militares que la CIA contrató para interrogar a los detenidos después del 11 de septiembre, aparentemente para obtener información de inteligencia importante, que, como sabemos ahora, no pudieron obtener”, indica.

Ambos trabajaron como contratistas por meses para la agencia y establecieron una compañía privada en 2005 ( Mitchell Jessen y Asociados, con oficinas en el estado de Washington y Virginia) para proveer a la agencia con los métodos y los mecanismos para sacar información a los presos de la “guerra contra el terror”.

El programa se llamó, eufemísticamente, “interrogatorio mejorado”.

“Ese programa buscaba que los interrogados proveyeran información que la CIA consideraba valiosa de los detenidos a través de severas técnicas de tortura y fueron justificados con una serie de memos que aseguraban que los efectos serían mínimos o a corto plazo”, señala Hall.

La llamada "guerra contra el terrorismo" ha arrojado muchas sombras sobre los métodos utilizados por las autoridades para obtener confesiones.
La llamada “guerra contra el terrorismo” ha arrojado muchas sombras sobre los métodos utilizados por las autoridades para obtener confesiones. Getty Images

Entre otras técnicas, además del ahogamiento simulado, los reos eran encerrarlos en pequeñas cajas, sometidos a condiciones de soledad extrema, privación del sueño, manipulación de la dieta, desnudez forzada o abuso rectal.

“Todas esas técnicas, desde un punto de vista legal, son consideradas sin lugar a duda formas tortura y el propio presidente Obama lo reconocería”, afirma Hall.

Según datos de una investigación del Senado, la CIA pagaba a Mitchell y Jessen US$1.800 por día y la compañía que crearon recibió US$80 millones por sus servicios hasta que se rescindió su contrato en 2009.

Esto ocurrió después de que la CIA ya había aceptado pagar un contrato de indemnización de US$5 millones que cubría, entre otras cosas, procesamientos criminales.

Según el contrato actual, la agencia está obligada a pagar gastos legales de la empresa hasta 2021.

Falta de capacidad

Según un informe del Senado, “ninguno de los dos psicólogos tenía experiencia dirigiendo interrogatorios, ni tampoco conocimiento específico sobre Al Qaeda, experiencia en la lucha contra el terrorismo o conocimientos culturales o lingüísticos relevantes”.

Aunque en un inicio sus nombres fueron mantenidos en secreto y aparecían en los informes con los pseudónimos de Dr. Grayson Swigert y Dr. Hammon Dunbar, desde que se conoció su identidad, muchas organizaciones han pedido que sean llamados a testificar sobre sus acciones.

La Asociación Estadounidense de Psicología los expulsó de sus filas y rechazó públicamente sus métodos por “violar la ética de la profesión y dejar una mancha en la disciplina”.

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FOTOS: Dan a conocer identidad de jóvenes que perdieron la vida en terrible accidente en San Vicente

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Un fuerte y trágico accidente de tránsito ocurrido durante este viernes, ha generado conmoción en el país debido a que dos jóvenes perdieron su vida debajo de un vehículo.

El percance ocurrió sobre la carretera que de San Vicente conduce hacia Zacatecoluca, en el municipio de Tecoluca. Ahí se hicieron presentes elementos policiales para indagar sobre lo ocurrido y para procesar la doble escena de muerte

En el accidente se vieron involucrados un pick up y una motocicleta, donde se conducían las víctimas fatales. Tras las investigaciones se identificó a ambos muchachos, quienes eran habitantes de Zacatecoluca.

Se trata de Alejandra Amaya Aguilar y Óscar Molina, quienes eran vendedores de una empresa de telefonía. 

De acuerdo con el reporte, en el percance vial se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo tipo pick up.

Ambos viajaban en la motocicleta e intentaron sobrepasar un vehículo, sin embargo, invadieron carril contrario en el cual circulaba el pick up en cuestión. Los cuerpos de ambos quedaron bajo las llantas del carro

Estos son Óscar y Alejandra:

Foto cortesía Viroleño Noticias.
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TESTIMONIO: “Dios es grande y me tiene viva”: relato de vendedora tras salvarse milagrosamente del bus de la ruta 9 accidentando en la fachada del ISSS Amatepec

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Maritza Hernández recordará este miércoles como un día glorioso, quizá porque estuvo a punto de cruzar el umbral de la muerte. 

En un abrir y cerrar de ojos pudo haber muerto, pero “Dios es grande y me tiene viva” asegura.

Ella tiene un negocio improvisado. Vende pupusas, comida, refrescos y otros productos de consumo diario en una caseta cerca a los portones principales del hospital Amatepec, del Seguro Social, en Soyapango. 

Se encontraba preparando la venta cuando vio venir un autobús de la ruta 9 repleto de pasajeros en sentido contrario. La unidad se precipitó contra el muro del hospital y luego chocó contra su negocio, dijo la angustiada mujer por el sucedo que casi le arrebata su vida.

“El bus venía a este lado, venía buscando el negocio, y cuando yo lo vi ya lo tenía cerca, me tiró y las cosas que tenía acá se vinieron abajo. Él venía directo, no le agarraron los frenos”, relata. 

“La gente gritaba, pidiendo auxilio, quedó cruzado (bus) y luego se dio contra un carrito verde”, agregó la mujer que resultó con golpes leves en sus dos rodillas.  

Maritza de milagro no sufrió golpes graves y por lo mismo no la atendieron en el hospital. Le dijeron que habían otros pacientes más graves del mismo accidente.  La comerciante fue testigo presencial de este percance vial que dejó un saldo de 20 personas lesionadas, algunas muy graves. El conductor fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) por no portar licencia de conducir, está bajo custodia policial en ISSS Amatepec, pues también resultó lesionado en el hecho.   

Por: Luis Orellana.

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