Abogado ambientalista: “una muestra que las instituciones funcionan, será que caiga sobre el señor Salume el peso de la ley, por la contaminación en su botadero de basura.” - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Abogado ambientalista: “una muestra que las instituciones funcionan, será que caiga sobre el señor Salume el peso de la ley, por la contaminación en su botadero de basura.”

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El abogado Sergio Portillo, dedicado especialmente a los temas ambientales, presentó este día viernes 13 de septiembre una petición ante Fiscalía General de la República, reiterando que esa institución está obligada a ordenar una acusación penal, en contra de Nicolás Adriano Salume Pacas, como representante legal de la sociedad dueña del botadero de basura situado en el Puerto de La Libertad, por haber cometido el delito de Desobediencia de Particulares, al continuar incumpliendo la medida cautelar que le fue impuesta por un Juzgado Ambiental.

De acuerdo al profesional del derecho, a principios de junio de 2019, el Tribunal Ambiental, una vez comprobó que el botadero del Puerto de La Libertad, estaba recibiendo una cantidad de desechos sólidos entre 1,100 a 1,200 toneladas diarias, superior en más del 100 por ciento de la capacidad autorizada para disposición final, que según el permiso ambiental era de un máximo de 500 toneladas diarias a tratar; y ordenó medidas cautelares, entre la que se encontraba la inmediata suspensión de recepción de desechos sólidos por sobre la cantidad que tiene permitido ingresar al botadero para su disposición final. Además que por casi tres años el botadero estuvo operando sin permiso de funcionamiento, con la permisibilidad y tolerancia de la Ex Ministra Lina Pohl, quien todavía tiene pendiente enfrentar a la justicia por esos actos arbitrarios, recordó el abogado.

El hecho denunciado contra el señor Salume, surge en atención que el botadero de basura del Puerto de La Libertad, del cual es dueño el antes mencionado, incumple la medida cautelar y sigue recibiendo desechos sólidos en cantidades superiores a las contenidas en el permiso ambiental. Y recientemente, con el último informe dirigido por el Ministerio de Medio Ambiente, al Tribunal que dictó la medida, se ratifica que continúa desobedeciendo la orden judicial.

El citado abogado manifiesta que después de la batalla legal que ha llevado por detener la grave contaminación ambiental que comete el Botadero de Basura propiedad del señor Salume, entre la que se encuentra como más preocupante que el sitio de disposición final no está realizan la captación de gases emanados de la basura, a pesar que esa situación era un requisito obligatorio para otorgarles el permiso ambiental. Lo cual significa que gases altamente contaminantes y que pueden producir enfermedades, como el metano y otros metales pesados, no se están destruyendo en el Botadero, sino que están contaminando la atmósfera provocando el efecto invernadero y afectando la salud de los pobladores locales.

Finalmente resalta que espera que las instituciones como el MARN y la Fiscalía, actúen apegados a derecho, ya que le preocupa el tiempo transcurrido sin que se haya solucionado la situación de contaminación ambiental de dicho Botadero. Recordó que desde hace varios meses presentó la solicitud para que se le revoque definitivamente el permiso ambiental al Botadero, por la contaminación ambiental ocasionada en la zona, la cual afecta a los habitantes circunvecinos pero también daña el Ecosistema Marino Costero del principal corredor turístico en el litoral del país. En cuanto a la Fiscalía, confía que tratándose de un delito comprobado, se procederá pronto a presentar acusación contra Nicolás Adriano Salume Pacas, con la imposición de la medida que corresponda, inclusive la detención provisional, pues el Fiscal General de la República, en declaraciones recientes a recordado que “Nadie está por encima de la ley.”

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Con engaños, tres pandilleros se llevaron a otra zona a una joven para aprovecharse de ella. Fueron condenados

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Fiscales de la Unidad Penal Juvenil de la oficina del departamento de San Vicente demostraron que, tres adolescentes de 17 años de edad e integrantes de organización terrorista, participaron en aprovecharse de una joven para tener relaciones.

De acuerdo al reporte, los incriminados corresponden a  José S., José G., y Víctor N., quienes fueron sancionados con un total de seis años y medio, tres de los cuales estarán en internamiento y los otros tres años con seis meses, en libertad asistida.

En la Vista Pública en el Juzgado de Menores de San Vicente, la representación Fiscal demostró que en el mes de julio del 2019, la víctima fue llevada con engaños hasta uno de los cantones del municipio de Santo Domingo, donde estos sujetos se aprovecharos, estableciendo la participación de los tres implicados.

Por el trauma depresivo que le produjo el hecho, la víctima se quiso quitar la vida cortándose las venas de las muñecas, y fue llevada hasta el hospital nacional de San Vicente, que dio aviso a la sede Fiscal de San Vicente.

El informar sobre los hechos permitió que se iniciara una investigación y que se sancionara penalmente a los responsables.

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Condenan a prisión a tres peligrosos delincuentes que asesinaron a un joven en Soyapango

Imagen de archivo

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El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, impuso la pena de 55 años de cárcel a tres peligrosos delincuentes que le arrebataron la vida a un joven en el municipio de Soyapango, al oriente de San Salvador.

Los ahora condenados fueron identificados como: Edwin Oswaldo López Chávez, de 21 años de edad, Christian Javier Salazar Martínez, de 23 años y José Rigoberto Acevedo Alvarado, de 19 años; quienes ultimaron a la identificada como víctima Oscar Eligio Reyes Fuentes.

Las pruebas comprobaron el cometimiento del delito por parte de los condenados, entre ellas la prueba testimonial de un testigo que presenció el asesinato.

El 6 de abril de 2018, en el pasaje Conacastes de la Urbanización Bosques de Prusia, del municipio de Soyapango, en el departamento de San Salvador, venía ingresando una persona que se venía forcejeando con pandilleros de la zona, luego uno de ellos lo agarró de la cintura y lo intentó botar, además lo golpeaba constantemente, llevando una arma blanca en las manos con la que también lo lesionaba en la espalda y cabeza, asimismo otro de los sujetos sacó un arma de fuego con la que le disparó en tres ocasiones.

El cuerpo quedó tirado sobre unas gradas de un pasaje aseguró el testigo.

Los homicidas luego de cometer el hecho revisaron el bolsón que portaba la víctima, de dónde sacaron un arma y huyeron del lugar.

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Honorable Corte en Pleno le da la razón al empresario Enrique Rais al no procesarlo en tribunales de crimen organizado. ¿Será que el sistema de justicia también le dará la razón de la persecución que ha denunciado durante mucho tiempo el empresario?

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Después de haber evaluado la Corte Suprema de Justicia y confirmado que la resolución por medio de la cual el Juzgado Especializado de instrucción “C” de San Salvador, estaba apegada a derecho cuando decidió no asumir competencia para conocer sobre la causa penal intentada contra Enrique Rais, Hugo Blanco Rais, Francisco Grimaldi y Ernesto Gutiérrez, decidió remitir nuevamente el expediente al Juzgado 2o de Instrucción, autoridad que de forma incomprensible y retomando literalmente una resolución judicial de otro Tribunal, como en su momento se hizo ver, pretendió que el caso se ventilare como hechos de crimen organizado, lo que ahora ha quedado confirmado por el máximo Tribunal del país, que no es así, por lo que se pierde toda la base que la fiscalía intentó presentar para acusar al empresario, su sobrino y dos abogados.

El caso penal seguido contra Rais, se encuentra fundado en las mismas escuchas cuestionadas sobre su legalidad y su autenticidad que han sido utilizadas en el caso conocido como “Rais-Martínez” y en un testigo anónimo con criterio de oportunidad, al que Fiscalía pretende generar un anticipo de prueba y que según la defensa de algunos imputados, no se ha permitido investigar a profundidad sobre la forma en que ha declarado, como su presencia o no en el país, al momento de presuntamente rendir sus declaraciones ante dos fiscales de la Unidad de Crimen Organizado de la FGR, mientras Wil Walter Ruiz Ponce, primo hermano del Ex Fiscal General Douglas Meléndez, era Jefe de esa unidad. Tampoco se ha informado por los fiscales del caso, ante que autoridad judicial se autorizó el criterio de oportunidad de ese supuesto testigo.

También es importante destacar, según los abogados defensores de Hugo Blanco Rais, que “la decisión ilegal que adoptó el Juzgado 2o de Instrucción, ha sido causa de violación a garantías para los procesados en este caso.” Según los profesionales del derecho, cuando ese Tribunal a fecha 31 de julio de 2019, se declara incompetente  de manera infundada y remite el expediente a la jurisdicción especializada, se contaba con el plazo prorrogado de seis meses para que la defensa aportara toda la prueba de descargo correspondiente y pudiera desvirtuar los elementos de prueba con los que supuestamente contaba la representación fiscal; sin embargo el Juzgado Especializado de Instrucción “C” el día 09 de agosto de 2019, confirma que el caso no tiene relación con “actos de criminalidad organizada” y además confirma que el juzgado remitente (2o de instrucción) “utilizó los mismos fundamentos que el Tribunal Primero de Sentencia para declinar su competencia”, en pocas palabras que “plagió el fallo” y esto provocó que el caso tuviera que ir a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, quien resolvió el conflicto de competencia hasta finales de enero de 2020 y los abogados únicamente hemos conocido de la resolución hasta el día 14 de febrero de 2020, eso es dos días después que venció el plazo de instrucción a estas alturas ya improrrogable.

 Según los defensores de Blanco Rais, irresponsablemente la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez comunica que ahora la Fiscalía General de la República cuenta con cinco días hábiles para presentar el dictamen de acusación y señalar fecha para audiencia preliminar; cuando en realidad estamos ante un situación sumamente compleja, porque el Sistema Judicial tuvo a nuestro cliente sin un “Juez Natural” que atendiera la causa durante el plazo de instrucción, ante el que poder hacer peticiones, solicitudes, ofertar y proponer la producción de prueba, interponer Excepciones o cualquier otro tipo de acciones para comprobar la inocencia del procesado.

“Acá hay un gran reto para el Fiscal General, afirmaron los abogados, en hacer prevalecer el Estado de Derecho, pues si no ha existido etapa de instrucción, por cauas no atribuibles a los procesados, sino por un grave error judicial del Juez 2o de Instrucción, no hay fundamentos para establecer un Dictamen de Acusación, ya que la prueba existente fue cuestionada desde la audiencia inicial, al ser señalada por el Juzgado 8o de Paz como insuficiente. No se trata solamente que la Fiscalía acuse, se trata del ente que debe velar también porque se tutelen los derechos y garantías de los procesados”- reiteraron. Finalmente, también dejaron entrever que en caso la Fiscalía actúe ilegalmente formulando dictamen de acusación, acudirán ante la Sala de lo Constitucional, ya que en este caso se han violado derechos fundamentales como la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de defensa.

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