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Nacionales

A juicio Nicolás Salume por atentar contra la salud de los salvadoreños, según el Juzgado Ambiental

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El Juzgado Ambiental de San Salvador ordenó iniciar un proceso penal contra el representante legal del botadero ubicado en el cantón Melara, La Libertad, Nicolas Adriano Salume Pacas, por no acatar las medidas cautelares respecto al procesamiento de desechos solidos en el mencionado lugar.

La orden judicial limitaba a procesar 500 toneladas diarias de desechos sólidos en el botadero, pero los encargados del recinto duplicaron la capacidad autorizada, desobedeciendo así la medida cautelar.

Por lo tanto, el Juzgado se ha visto obligada a girar la orden a la Fiscalía General de la República (FGR), porque considera que esta acción de Salume pone en riesgo la salud de la población de periferia.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó una verificación de aplicación de medidas cautelares emitidas por el tribunal el pasado 28 de mayo de 2019, donde se ordenaba que se suspendiera de manera inmediata (en las próximas 24 horas) el ingreso de desechos sólidos excedentes a 500 toneladas diarias, la cantidad autorizada a procesar por el MARN, en diciembre de 2018. La institución consignó un incumplimiento de lo establecido.

“Certifíquese el presente expediente a Fiscalía General de la República para que inicie investigación penal contra el señor Nicolás Adriano Salume Pacas, representante legal de Gestión Integral de Desechos Ciudad y Puerto de La Libertad, Sociedad por Acciones de Economía Mixta y de Capital Variable, por la comisión del delito de Desobediencia de Particulares del artículo del Código Penal 338, en razón del incumplimiento de las medidas cautelares impuestas en la resolución de las 14:40 horas del día 28-V-2019”, dicta la resolución.

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La medida cautelar que fue informada a la sociedad PULSEM el 3 de junio del presente año, pero la misma fue obviada por los titulares de la empresa. “Respecto a la primera medida cautelar, consta en informes del MARN agregados en el presente auto, que se verificó la cantidad de desechos sólidos que ingresan al Relleno Sanitario de La Libertad y que durante el periodo del 1 al 13 de junio del presente año se han recibido la cantidad de 14,104.73 toneladas, teniendo un promedio de 1,084.98 toneladas por día. Asimismo, durante el periodo 14 al 30 de junio del presente año se recibieron en el relleno sanitario la cantidad total de 13,010.19 toneladas, teniendo un promedio de 765.31 toneladas por día”, destaca la resolución.

Otra de las medidas cautelares establecidas por el Juzgado Ambiental exigía a la empresa presentar en un plazo de cinco días, el reporte con el total de desechos sólidos ingresados desde el 10 de diciembre de 2018 al mes de abril del presente año, el cual fue presentado sin respaldo documental y en el que también se resalta que el relleno de Melara no respetó el límite de toneladas de desechos a procesar otorgado por el MARN. “Si bien el informe no presenta mayores formalidades tales como sello y firma de su procedencia o que el mismo efectivamente venga sustentado en bitácora de control que certifique la recepción de las cantidades expresadas en el mismo, al hacer una operación para deducir el promedio total de toneladas diarias de desechos sólidos que fue recibido en ese periodo, resulta que el promedio equivale a 778.98 toneladas por día, siempre superando las 500 tonelada promedio diarias autorizadas por el MARN. Exceso que se evidencia incluso antes de la imposición de las medidas cautelares por este tribunal”, agrega la resolución.

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De igual manera el Juzgado Ambiental denegó revocar las medidas cautelares como lo había solicitado un represente legal de la empresa PULSEM, ya que hasta el momento el relleno sanitario no cumple las normas establecidas para su funcionamiento.

El tribunal instó al MARN el inicio del procedimiento sancionatorio respectivo por el incumplimiento de las condiciones impuestas en el permiso ambiental”, destaca.

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Judicial

FGR logra penas de hasta 180 años de cárcel para pandilleros de la MS

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La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.

En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.

Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.

Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.

Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.

Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.

Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.

Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.

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Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.

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Nacionales

Encuentran a recién nacido sin vida en baños de centro comercial de Soyapango

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que investiga el homicidio de un recién nacido que fue encontrado en los baños de un centro comercial de Soyapango.

«Nuestros equipos de Investigaciones ya trabajan para resolver el caso», advirtió la Policía.

El pasado 14 de abril la Corporación procesó una escena de homicidio que tuvo como víctima a un recién nacido que fue lanzado en un bolsa a una cuneta en Quezaltepeque, La Libertad.

«Custodiamos la escena, mientras policías de investigaciones trabajan para encontrar al responsable», informó la PNC.

Los casos anteriores se suman a los dos recién nacidos y un bebé de 8 meses que fueron asesinados en las últimas semanas en diferentes zonas de El Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) ya detuvo a una de las imputadas e investiga los otros casos que han conmocionado a la población salvadoreña.

Uno de los hechos fue reportado el lunes 8 de abril y la víctima es un bebé de 8 meses quien murió a causa de diversas lesiones que recibió. El bebé fue trasladado desde Usulután hacia el hospital de Niños Benjamín Bloom, San Salvador donde falleció.

«Nuestros agentes de Investigaciones e Inteligencia ya están trabajando para resolver el crimen», escribió la Corporación en la red X en esa oportunidad.

El 3 de abril, la PNC recibió una denuncia, tras lo cual registraron una vivienda en la cual hallaron un escena de homicidio en Monte San Juan, Cuscatlán.

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En ese caso, trascendió que una mujer dio a luz y lanzó al recién nacido a una fosa séptica el 30 de marzo. El cuerpo del recién nacido fue hallado cuatro días después de haber sido asesinado.

Otro de los casos que causó indignación a escala nacional fue el ocurrido el 30 de marzo, donde la Policía detuvo a la Ada Estefani Mata de 24 años en la residencial Veranda, Santa Tecla, La Libertad.

El reporte policial detalla que Mata dio a luz a un niño, lo asfixió y después lo mutiló con un cuchillo. Luego lanzó partes del cuerpo por las tuberías de aguas negras.

Tras una intensa búsqueda que provocó el cierre de la residencial, los agentes policiales encontraron una pierna del recién nacido.

Tras el hallazgo desplegaron un operativo casa por casa y el 31 de marzo encontraron más restos del cuerpo.

Sobre este caso,  el Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla, envió a prisión a  Mata Velis,  por el homicidio de su hijo recién nacido.

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Nacionales

Imponen cinco multas a conductor de la R-102-A

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En un video que circuló en redes sociales se puede ver cuando un conductor de la ruta 102 excede la capacidad de los pasajeros, hizo una maniobra indebida y puso en riesgo la vida de las personas que se conducían en el bus que circulaba en la carretera al Puerto de La Libertad, por lo que el Viceministerio de Transporte (VMT) aplicó cinco multas y deberá de pagar $260 por todas las infracciones.

«Reportan un autobús de la R-102-A que circula sobre la carretera al Puerto de La Libertad repleto de pasajeros y algunos van en las puertas expuestos a caerse y generarse una tragedia», se lee en la denuncia.

Por su parte, el VMT informó que de inmediato identificaron al conductor de la unidad con placas AB 70699. Asimismo, se detalló que las multas son: por disputarse pasajeros poniendo en peligro la seguridad vial ($57.14), permitir que los pasajeros bajen por la puerta delantera y suban por la trasera ($57.14), conducir con las puertas abiertas ($34.29).

También permitir que los pasajeros viajen sentados en el lado izquierdo del conductor ($57.14), y sobrepasar la capacidad de pasajeros de acuerdo con las especificaciones propias del vehículo ($57.14).

«Instamos a la población a no poner en peligro su vida ni la de los demás usuarios viales», reiteró el viceministerio.

Además, se informó que sancionaron a varios automovilistas, entre ellos motoristas del transporte colectivo, que fueron captados circulando por el hombro de la vía, por lo que los gestores del VMT le impusieron una multa por no respetar la fila vehicular ($34.29) en el sector conocido como El Poliedro, sobre la carretera Panamericana oeste.

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En atención a una denuncia ciudadana, el VMT, con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptó a un conductor en evidente estado de ebriedad sobre la carretera Panamericana.

«Al realizarle la prueba de alcoholemia resultó con 270 mg/dl de alcohol en aire espirado, por lo que pudo haber causado luto en alguna familia salvadoreña, pero gracias a la denuncia ciudadana se pudo sacar de circulación», indicó el VMT.

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