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Aún sigue abierta la herida de la peor masacre migrantes en México a 9 años del suceso

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“Queremos un lugar seguro al cual llamar hogar», dice la voz en off de una mujer que representa a los migrantes asesinados en su camino por México para llegar a Estados Unidos.  El 24 de agosto de 2010, el Ejército encontró en San Fernando, Tamaulipas, 72 cuerpos tirados bocabajo, eran 58 hombre y 14 mujeres.

Todos migrantes, la mayoría centroamericanos, pero también había ecuatorianos, brasileños y un indio. Estaban maniatados y sus cuerpos golpeados. Murieron de un disparado por la espalda.  Les habían disparado por la espalda. Tres días antes, el cártel de Los Zetas habían secuestrado los dos camiones donde viajaban a la frontera con EEUU.

Los llevaron hasta un rancho en El Huizachal, en San Fernando, donde los bajaron, ataron de manos y les dieron dos opciones: trabajar para el cártel o morir.  Sólo una persona aceptó el empleo, según el informe judicial. A los demás los golpearon y les vendaron los ojos para matarlos uno por uno. Los disparos fueron en la espalda y la cabeza.

Hubo dos supervivientes, uno de ellos fue el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, que 24 horas después de la masacre llegó a un retén de la Marina donde informó de lo ocurrido.

Los Zetas eran conocidos por ser sanguinarios. Sus integrantes habían formado parte de un grupo de militares de élite. El principal territorio donde operaban era Tamaulipas y además del narcotráfico también se dedicaron al secuestro y la extorsión.

Para Gary Moore, un periodista especializado en incidentes humanitarios internacionales que investigó sobre el caso en 2011, estos asesinatos son la mayor matanza registrada en un solo acontecimiento desde la Revolución Mexicana.

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Hasta la fecha no hay condenados por la masacre. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo hace un año que había 11 procesados y una orden de aprehensión pendientes, pero ninguna sentencia por este delito de lesa humanidad.

En el octavo aniversario del asesinato, el gobierno otorgó una indemnización económica a una víctima directa y 47 familiares de cinco migrantes ecuatorianos. Jaime Rochín del Rincón, entonces comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), dijo que esto representaba el «reconocimiento del Estado mexicano sobre su responsabilidad y un acompañamiento a las víctimas de esa masacre».

La indemnización económica forma parte del proceso de reparación del daño, una de las obligaciones internacionales que tienen el Estado mexicano con víctimas de tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales. Esta fue la primera medida para la búsqueda de justicia en este caso, pero hasta la fecha sigue inconcluso.

«Seguimos exigiendo a los gobiernos la completa identificación de los restos. No queremos dinero, sino saber si realmente son de nuestros hijos los restos que nos entregaron», dijo la salvadoreña Mirna Solórzano en 2017 al diario español El País.

Después de que los 72 cuerpos de migrantes en San Fernando fueran encontrados se descubrieron 47 fosas con 195 restos en el mismo municipio de Tamaulipas en 2011. Un año después se hallaron 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León.

La lucha de los familiares ha sido acompañada por la Fundación para la Justicia, una organización no gubernamental que apoya en la búsqueda de migrantes desaparecidos, creada en 2011 con sede Ciudad de México y representantes en Honduras, El Salvador y Guatemala.

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Para conmemorar el noveno aniversario de la masacre de San Fernando, la Fundación para la Justicia hizo un video donde recuerdan, entre otras cosas, que hay «más de 72 deudas con la verdad y la justicia». La voz en off continúa: «La gente no se pierde de este planeta, no se escapa por la estratósfera. Quien no está aquí, quien hace falta, quien está desaparecida, desaparecido, sólo puede estar en esta tierra, sólo nos puede hacer falta en esta tierra. Quienes caminamos aquí, no nos perdemos. Yo habito aquí en la memoria. Yo habito aquí hasta que me encuentren. Yo habito aquí en la tierra. Y ustedes habitan aquí rotos».

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Internacionales

Colapso del puente de Baltimore podría generar el mayor pago de un seguro marítimo

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«Se percibe como una pérdida muy sustancial, potencialmente la mayor pérdida marítima jamás asegurada, aunque no por fuera de los parámetros que planeamos», dijo a la cadena CNBC el principal ejecutivo de la compañía, Bruce Carnegie-Brown.

«Estamos empezando a desplegar recursos anticipando que se trate de un reclamo muy sustancial para la industria», añadió.

Se cree que seis obreros murieron en el incidente en el puente Francis Scott Key, que ocurrió en las primeras horas del martes.

La interrupción del tráfico de buques en el puerto de Baltimore podría causar efectos económicos en cadena, más que nada a nivel local, según advierten expertos.

Baltimore es el mayor puerto de manipulación de vehículos del país. Allí se transportan automóviles y equipos agrícolas pesados, según el secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

Por el puerto pasan diariamente mercancías con valor de entre 100 y 200 millones de dólares.

Carnegie-Brown dijo a CNBC que también habría reclamaciones por el barco, la carga y el puente, pero son los «impactos de segundo orden» los que se volverían sustanciales y «tardarán algún tiempo en resolverse».

Un grupo de trabajo del gobierno de Estados Unidos que evalúa las interrupciones de la cadena de suministro se reunió el miércoles para discutir los posibles impactos en las cadenas de suministro regionales y nacionales, tras el colapso del puente, según un comunicado de la Casa Blanca.

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Motín carcelario deja un muerto y cuatro heridos en Ecuador

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«Hasta este momento (…) la situación informada es precisamente ésta: cuatro heridos, un fallecido», dijo el viceministro de Seguridad, Lyonel Calderón, al canal Teleamazonas, sin precisar si entre las víctimas hay efectivos estatales.

«Tenemos que esperar que concluya la revisión completa de todo el centro penitenciario», agregó, lo cual incluye «un control de armas, municiones y explosivos» y un balance de los resultados del operativo.

Calderón insistió en que «la situación está completamente controlada» en la cárcel Regional de Guayaquil (suroeste), de la cual escapó Adolfo ‘Fito’ Macías, líder de la organización Los Choneros, una de las principales del país.

Su fuga detectada a inicios de enero desató una guerra entre narcotraficantes y el Estado que dejó una veintena de muertos y llevó al gobierno a decretar el estado de excepción, extendido hasta abril, además de militarizar las cárceles y las calles.

«Hemos retomado el control del Centro de Rehabilitación Social 4», había indicado el presidente Daniel Noboa en la red X la noche del miércoles, destacando que se evitó «una posible escalada».

«Intentos desestabilizadores»

Periodistas de la AFP constataron disparos y fuego al interior de la Regional, una de las cuatro prisiones que conforman un gran complejo penitenciario de Guayaquil que ha sido escenario de matanzas entre reos de grupos rivales.

Los cruentos enfrentamientos, que han llegado a durar varios días, dejan más de 460 muertos desde 2021 en masacres que ya son las peores de Latinoamérica.

Las cárceles ecuatorianas son centro de operaciones y campo de batalla de bandas narcotraficantes vinculadas a carteles de Colombia y México. Aunque las revueltas de presos son comunes, esta es la primera que enfrenta Noboa desde que asumió el poder, en noviembre.

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Por iniciativa del mandatario, los ecuatorianos acudirán a las urnas el 21 de abril para resolver en referendo y consulta popular medidas para afrontar la situación: si los militares deben apoyar a los policías para combatir la delincuencia sin un estado de excepción, autorizar la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado y aumentar las penas para el terrorismo y narcotráfico.

Calderón sostuvo que los incidentes «son intentos desestabilizadores del estado de derecho, de la democracia porque estamos en vísperas de una consulta popular que quiere resolver los problemas de seguridad».

Tras la fuga de «Fito», quien desde 2011 cumplía una condena a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, las bandas criminales protagonizaron en enero una violenta arremetida con saldo de una veintena de muertos, ataques a la prensa, explosiones y más de 200 secuestros temporales en cárceles y calles.

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El papa lava los pies a 12 mujeres en una prisión de Roma

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El papa Francisco, sensible al universo carcelario, lavó el jueves los pies de 12 mujeres detenidas en una prisión de Roma, un rito que marca el jueves antes de la Pascua.

El jesuita argentino visitó a media tarde la cárcel de mujeres de Rebibbia, en la periferia noreste de la capital italiana.

Ya había realizado este rito en 2015, pero es la primera vez que lo consagra solo a mujeres.

Sentado en una silla de ruedas, Jorge Bergoglio lavó los pies de cada una de las 12 reclusas, algunas de ellas llorando, antes de limpiarlas con una toalla y besarlas.

El papa de 87 años apareció en buen estado a pesar de que su salud había sido motivo de preocupación en los últimos días, debido a las repetidas infecciones que le han impedido leer sus discursos en varias ocasiones.

«Todos conocemos grandes y pequeños fracasos», lanzó el papa Francisco en una homilía improvisada durante la misa celebrada en el patio de este centro de detención, donde están encarceladas unas 370 mujeres.

El papa Francisco, que ya visitaba a presos en Buenos Aires, destacó que el lavatorio de los pies «es un gesto que nos llama a servir a los demás».

En la tradición cristiana, el Jueves Santo conmemora el día en que Cristo lava los pies a los apóstoles en su Última Cena.

El ritual fue perpetuado en el cristianismo, excepto en algunas ramas del protestantismo.

Desde su elección en 2013, el jefe de la Iglesia católica ha visitado en varias ocasiones cárceles o centros de acogida para refugiados, lavando los pies a exmafiosos, enfermos o marginados.

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El viernes por la noche debería presidir el «Vía Crucis» en el Coliseo, al que no había podido asistir en 2023 por razones de salud.

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