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Adolescentes centroamericanos y mexicanos revelan abuso de torturas en refugios de EE.UU.

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Muchos adolescentes de México y Centroamérica que en años recientes han llegado como refugiados a Estados Unidos han sido víctimas de castigos que rayan en la tortura en un reformatorio al que suelen ser enviados algunos de los menores no acompañados mque son detenidos en la frontera, quienes en lugar de ser protegidos son encarcelados debido a las políticas impuestas por la administración del presidente Donald Trump.

En espera de que los casos de asilo de los menores no acompañados sean resueltos en corte, las autoridades de inmigración entregan la custodia de muchos de ellos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ( ORR), entidad del gobierno federal que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Los menores transferidos a la ORR son colocados en albergues o casas de crianza ‘foster care’, pero algunos otros en la etapa de la adolescencia son enviados a cárceles juveniles con las que el gobierno acuerda su encierro.

Uno de esos reformatorios es el Shenandoah Valley Juvenile Center, ubicado en el estado de Virginia, donde se reveló el maltrato físico y psicológico que sufrieron varios adolescentes citados en una demanda judicial. 

Los testimonios inscritos en los documentos de la corte describen el castigo al que eran sometidos y refieren los insultos que constantemente recibían los jóvenes inmigrantes, tanto de los otros internos estadounidenses como del propio personal del centro carcelario.

Al estilo de la mafia

Uno de los adolescentes refugiados relata que en una ocasión se agarró a trompadas con un muchacho americano porque ya estaba cansado de que lo llamaran “pendejo” y “onion head”, los guardias del lugar lo amarraron a una silla, le cubrieron la cabeza con una bolsa y empezaron a golpearlo.

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El castigo aplicado al estilo de la mafia lo recibió en cinco ocasiones, según cuenta el joven, además de que también eran sancionados con encierro en solitario y desnudos cuando no participaban en las clases o por golpear las paredes con el balón cuando jugaban futbol o si se quejaban de alguna dolencia o malestar físico.

Los relatos de varios jóvenes refugiados citados en la demanda describen escenarios similares sobre el castigo que padecían cuando eran inmovilizados en una silla y con una bolsa en la cabeza que por momentos los asfixiaba.

La acusación por uso excesivo de la fuerza en contra del reformatorio juvenil fue presentada en 2017, pero fue hasta julio de 2019, después de un largo proceso judicial en el que se escucharon los testimonios y se presentaron las pruebas, la demanda fue desechada por la jueza Elizabeth Dillon del Tribunal Federal de Distrito en Virginia.

Protección, no castigo

Abogados del Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs que representan a los demandantes han llevado el caso a una corte de apelaciones, donde está en revisión, para que el caso pueda ser admitido y tratar de evitar que más adolescentes que llegan al país en busca de protección como refugiados sigan siendo encarcelados en correccionales para delincuentes juveniles y expuestos al abuso.

La petición de los demandantes tuvo la semana pasada el apoyo de grandes aliados cuando un grupo de más de 50 fiscales y reconocidos abogados de todo el país enviaron una opinión a los magistrados para que las acusaciones sean llevadas a juicio, al considerar que los jóvenes inmigrantes no habían cometido delito alguno para ser enviados al reformatorio.

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“El propósito de la detención es para protegerlos, no para castigarlos“, señalan los fiscales en el documento enviado al tribunal de apelaciones para expresar su preocupación por el trato que reciben los inmigrantes que buscan asilo, que en este caso incluye abuso físico y confinamiento solitario.

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Colapso del puente de Baltimore podría generar el mayor pago de un seguro marítimo

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«Se percibe como una pérdida muy sustancial, potencialmente la mayor pérdida marítima jamás asegurada, aunque no por fuera de los parámetros que planeamos», dijo a la cadena CNBC el principal ejecutivo de la compañía, Bruce Carnegie-Brown.

«Estamos empezando a desplegar recursos anticipando que se trate de un reclamo muy sustancial para la industria», añadió.

Se cree que seis obreros murieron en el incidente en el puente Francis Scott Key, que ocurrió en las primeras horas del martes.

La interrupción del tráfico de buques en el puerto de Baltimore podría causar efectos económicos en cadena, más que nada a nivel local, según advierten expertos.

Baltimore es el mayor puerto de manipulación de vehículos del país. Allí se transportan automóviles y equipos agrícolas pesados, según el secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

Por el puerto pasan diariamente mercancías con valor de entre 100 y 200 millones de dólares.

Carnegie-Brown dijo a CNBC que también habría reclamaciones por el barco, la carga y el puente, pero son los «impactos de segundo orden» los que se volverían sustanciales y «tardarán algún tiempo en resolverse».

Un grupo de trabajo del gobierno de Estados Unidos que evalúa las interrupciones de la cadena de suministro se reunió el miércoles para discutir los posibles impactos en las cadenas de suministro regionales y nacionales, tras el colapso del puente, según un comunicado de la Casa Blanca.

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Motín carcelario deja un muerto y cuatro heridos en Ecuador

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«Hasta este momento (…) la situación informada es precisamente ésta: cuatro heridos, un fallecido», dijo el viceministro de Seguridad, Lyonel Calderón, al canal Teleamazonas, sin precisar si entre las víctimas hay efectivos estatales.

«Tenemos que esperar que concluya la revisión completa de todo el centro penitenciario», agregó, lo cual incluye «un control de armas, municiones y explosivos» y un balance de los resultados del operativo.

Calderón insistió en que «la situación está completamente controlada» en la cárcel Regional de Guayaquil (suroeste), de la cual escapó Adolfo ‘Fito’ Macías, líder de la organización Los Choneros, una de las principales del país.

Su fuga detectada a inicios de enero desató una guerra entre narcotraficantes y el Estado que dejó una veintena de muertos y llevó al gobierno a decretar el estado de excepción, extendido hasta abril, además de militarizar las cárceles y las calles.

«Hemos retomado el control del Centro de Rehabilitación Social 4», había indicado el presidente Daniel Noboa en la red X la noche del miércoles, destacando que se evitó «una posible escalada».

«Intentos desestabilizadores»

Periodistas de la AFP constataron disparos y fuego al interior de la Regional, una de las cuatro prisiones que conforman un gran complejo penitenciario de Guayaquil que ha sido escenario de matanzas entre reos de grupos rivales.

Los cruentos enfrentamientos, que han llegado a durar varios días, dejan más de 460 muertos desde 2021 en masacres que ya son las peores de Latinoamérica.

Las cárceles ecuatorianas son centro de operaciones y campo de batalla de bandas narcotraficantes vinculadas a carteles de Colombia y México. Aunque las revueltas de presos son comunes, esta es la primera que enfrenta Noboa desde que asumió el poder, en noviembre.

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Por iniciativa del mandatario, los ecuatorianos acudirán a las urnas el 21 de abril para resolver en referendo y consulta popular medidas para afrontar la situación: si los militares deben apoyar a los policías para combatir la delincuencia sin un estado de excepción, autorizar la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado y aumentar las penas para el terrorismo y narcotráfico.

Calderón sostuvo que los incidentes «son intentos desestabilizadores del estado de derecho, de la democracia porque estamos en vísperas de una consulta popular que quiere resolver los problemas de seguridad».

Tras la fuga de «Fito», quien desde 2011 cumplía una condena a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, las bandas criminales protagonizaron en enero una violenta arremetida con saldo de una veintena de muertos, ataques a la prensa, explosiones y más de 200 secuestros temporales en cárceles y calles.

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El papa lava los pies a 12 mujeres en una prisión de Roma

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El papa Francisco, sensible al universo carcelario, lavó el jueves los pies de 12 mujeres detenidas en una prisión de Roma, un rito que marca el jueves antes de la Pascua.

El jesuita argentino visitó a media tarde la cárcel de mujeres de Rebibbia, en la periferia noreste de la capital italiana.

Ya había realizado este rito en 2015, pero es la primera vez que lo consagra solo a mujeres.

Sentado en una silla de ruedas, Jorge Bergoglio lavó los pies de cada una de las 12 reclusas, algunas de ellas llorando, antes de limpiarlas con una toalla y besarlas.

El papa de 87 años apareció en buen estado a pesar de que su salud había sido motivo de preocupación en los últimos días, debido a las repetidas infecciones que le han impedido leer sus discursos en varias ocasiones.

«Todos conocemos grandes y pequeños fracasos», lanzó el papa Francisco en una homilía improvisada durante la misa celebrada en el patio de este centro de detención, donde están encarceladas unas 370 mujeres.

El papa Francisco, que ya visitaba a presos en Buenos Aires, destacó que el lavatorio de los pies «es un gesto que nos llama a servir a los demás».

En la tradición cristiana, el Jueves Santo conmemora el día en que Cristo lava los pies a los apóstoles en su Última Cena.

El ritual fue perpetuado en el cristianismo, excepto en algunas ramas del protestantismo.

Desde su elección en 2013, el jefe de la Iglesia católica ha visitado en varias ocasiones cárceles o centros de acogida para refugiados, lavando los pies a exmafiosos, enfermos o marginados.

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El viernes por la noche debería presidir el «Vía Crucis» en el Coliseo, al que no había podido asistir en 2023 por razones de salud.

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