Política
Presidente Bukele busca suprimir 694 plazas que rondan los $11.3 millones al año
El presidente de la República, Nayib Bukele envió la semana pasada, a través del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, una propuesta de modificación a la Asamblea Legislativa de la Ley de Salarios de Casa Presidencial donde se contempla la supresión de 694 plazas de varias dependencias que tienen un costo anual de $11.3 millones.
En el documento enviado por Bukele se contempla la supresión de las secretarías de Asuntos Legislativos y Jurídicos; secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; Secretaría de Gobernabilidad; Secretaría de Inclusión Social y el programa Ciudad Mujer; secretaría Técnica y de Planificación y sus tres dependencias y por último la división de Asistencia Alimentaria.
En la Ley de Salarios vigente (la que dejó el gobierno de Salvador Sánchez Cerén), la dependencia de CAPRES que más empleados tenía era la Secretaría de Inclusión Social (SIS), con 110 personas trabajando que representan un gasto salarial de $132,882.36. Esta tenía dos dependencias, una era la división de asistencia alimentaria y la otra el programa Ciudad Mujer.
Ciudad Mujer tenía en planilla a 197 personas para diferentes rubros. Bukele dijo que continuaría y que se iba a asignar a otro ministerio, pero por lo pronto aparece dentro de la lista para suprimir. Los 197 empleados de Ciudad Mujer representan una erogación mensual de $222,044.82
La otra dependencia de Inclusión Social era la división de Asistencia Alimentaria, que según se lee en la página de la SIS, se encargaba de “operativizar políticas de asistencia alimentaria y nutrición para apoyar grupos vulnerables”. Esta tenía 120 personas trabajando para ganar $86,676.96. La supresión de Inclusión Social y de Ciudad Mujer trajo consigo varias críticas al mandatario.
Bukele dijo que Inclusión Social se iría para el Ministerio de Cultura, pero por el momento también aparece dentro de los que se van a suprimir.
Luego aparece la secretaría Técnica y de Planificación, que tiene 63 empleados en distintos cargos y que de ella dependen tres unidades como la de Planificación del Desarrollo, Coordinación de Gobierno y Cooperación Internacional y Transformación del Órgano Legislativo. La propia Secretaría tiene 63 empleados, Planificación 16, Coordinación de Gobierno 19 y Transformación otros 34, totalizando 132 empleados para un gasto total de $298,241.16.
La siguiente es la secretaría de Transparencia, que tenía a cargo Marcos Rodríguez y tenía 65 empleados con un total mensual de $86,920. Le sigue la secretaría de Gobernabilidad con 49 empleados y $68,091.87 y finalmente la secretaría más pequeña de CAPRES, la de Asuntos Legislativos que se pagaba $49,352 mensual por sus 21 empleados.
Una suma entre los salarios mensuales anteriormente dichos da como resultado: la SIS con $132,882.36, Ciudad Mujer con $222,044.82, Asistencia Alimentaria con $86,676.96, la secretaría Técnica con $298,241.16, Transparencia con $86,920, Gobernabilidad con $68,091.87 y asuntos legislativos con $49,352 totalizan un coste mensual de $944,209, por lo que multiplicado por los 12 meses del año totaliza $11,330,510.16.
Los reclamos del FMLN
Luego de presentada la iniciativa a la Asamblea Legislativa, esta se sometió a votación para que pudiera ser enviada a la comisión y que se empezara con el análisis. La pieza pasó pero el FMLN no dio los votos y montó una conferencia de prensa para explicar su rechazo a la nueva normativa.
El partido, encabezado por su jefa de fracción, Nidia Díaz y por la encargada de temas de Hacienda, Yanci Urbina, explicó que además de estar suprimiendo los beneficios que se lograron con Ciudad Mujer y la secretaría de Inclusión Social se estaba dejando sin trabajo a 694 personas y afectado a la misma cantidad de familias.
“Adolece de legalidad desde el principio en el sentido de que no son explícitas las razones que justifican la supresión de las plazas que, al compararlas con la Ley de Salarios, representa el 52% del personal asignado a esa cartera de Estado. No hace ningún tratamiento especial al programa Ciudad Mujer, que conocimos por los medios de comunicación que tendría un traslado a otra dependencia”, dijo Yanci Urbina.
Urbina dijo que la supresión incluía plazas de ordenanzas, motoristas, plazas de técnicos de diferentes niveles. Agregó que la iniciativa pasada por alto las disposiciones del Servicio Civil.
“La posición del FMLN es un rechazo total y absoluto a los despidos, sobre todo aquellos injustificados y por supuesto a todo aquello que amenace contra la estabilidad laboral, nosotros lo rechazamos, porque no solo trae desempleo y hambre, sino que también inseguridad en las familias y violenta el derecho al trabajo y a los ingresos que todo ser humano tiene derecho”, indicó Nidia Díaz.
Por lo pronto, la pieza siguió su curso de ley y se encuentra en manos de la comisión de Hacienda de la Asamblea, donde puede haber un acuerdo sin los votos del FMLN y llegar al pleno, donde también fue ser aprobada a pesar de la oposición del Frente.
Por: El Salvador Times.
A menos de un mes para que finalice el período legislativo 2021-2024, se visualizan cambios dentro de la Asamblea Legislativa; entre estos, que 39 de los diputados ya no continuarán en el Órgano Legislativo durante el próximo trienio.
Los motivos por los que no seguirán durante el período 2024-2027 son diversos, y en algunos casos atienden a situaciones personales, pero en términos generales se puede identificar que 18 legisladores no buscaron la reelección el 4 de febrero anterior.
En este grupo hay cinco de la fracción de ARENA, entre ellos Alberto Romero, quien se encuentra detenido mientras es procesado por el delito de enriquecimiento ilícito; Margarita Escobar y René Portillo Cuadra, quienes solicitaron permiso para ausentarse por enfermedad, renovado en varias ocasiones pero ya no retomaron sus obligaciones públicas; y Rodrigo Ávila Avilés, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue acusado de recibir sobresueldos provenientes de la partida secreta de Casa Presidencial durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca.
En el caso de la fracción de Nuevas Ideas, son nueve diputados que no participaron en la elección; entre ellos, Gerardo Aguilar y José Ilofio García, desaforados y procesados judicialmente por recibir dádivas a cambio de favores políticos; y Érick García, quien se encuentra detenido mientras enfrenta un proceso judicial por el delito de falsedad documental.
Tampoco participó Jhonny Tennant Wright, de Nuestro Tiempo, partido que desaparecerá; ni los tres diputados disidentes de ARENA: Carlos Reyes, Donato Vaquerano y Jorge Rosales.
Sí buscaron la reelección 17 legisladores, pero no recibieron el apoyo de la población necesario para permanecer en el cargo. En este grupo están los cuatro diputados del FMLN, quienes en ocasiones no votaban de la misma forma, dejando entrever una división en la fracción roja; se suman cuatro diputados tricolor, cuatro diputados de GANA, entre ellos Romeo Auerbach, quien terminó separándose del partido; y cuatro diputados de Nuevas Ideas que no lograron las marcas ni los votos requeridos para mantenerse.
Un tercer grupo que ya no regresará al Salón Azul de la Asamblea como diputados está conformado por cuatro de Nuevas Ideas que participaron en las elecciones municipales y se convirtieron en alcaldes.
Ellos son José Urbina, alcalde electo de San Salvador Oeste; Marcela Pineda, alcaldesa electa de La Paz Este; Jorge Castro, jefe municipal electo de Santa Ana Oeste; y Edwin Serpas, alcalde electo de la alcaldía de La Unión Norte. Recibirán sus credenciales el próximo 25 de abril.
Un factor importante que incide de alguna manera en que varios de los diputados ya no continúen es la nueva conformación del congreso, que pasa de tener 84 a 60 escaños, una decisión establecida en el decreto legislativo 755, del 7 de junio de 2023.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregará a finales de este mes las credenciales a los concejos municipales y diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) electos en los comicios del 3 de marzo pasado.
Guillermo Wellman, magistrado electoral, detalló a «Diario El Salvador» que las credenciales a los nuevos funcionarios de elección popular se entregarán el jueves 25 del corriente mes y año.
Wellman aclaró que los documentos oficiales a los nuevos funcionarios municipales los dará cada Junta Electoral Departamental (JED), es decir, que el acto será en los 14 departamentos.
«La ley da la facultad a la JED para que ellos puedan entregar [las credenciales], pero también ello lo avala el organismo colegiado», explicó el funcionario electoral.
Por su parte, el TSE entregará solo las credenciales a los diputados electos del Parlacen, foro político regional con sede en Ciudad de Guatemala, en el que El Salvador tiene 20 diputados.
En marzo pasado, los salvadoreños eligieron a las autoridades de 44 gobiernos municipales y a los diputados del Parlacen.
De acuerdo con los resultados del escrutinio final, Nuevas Ideas ganó 28 alcaldías, GANA seis, el PCN tres, el PDC cuatro, la coalición PCN-PDC una, ARENA una y Fuerza Solidaria una. Los funcionarios de los gobiernos locales tomarán posesión de sus cargos el 1.º de mayo próximo para un período de tres años.
La elección de parlamentarios dejó a Nuevas con 13 diputaciones, dos para ARENA, dos para el FMLN, uno para GANA, uno para el PDC y uno para el PCN.
Los diputados tomarán sus curules en octubre de 2026 para cinco años. El Salvador también llevó a cabo en febrero pasado las elecciones presidenciales y legislativas, que las ganó también Nuevas Ideas, cuyas credenciales ya se entregaron.
Política
La seguridad ciudadana y la paz social continuarán con nueva prórroga del régimen de excepción
Durante un mes más permanecerá vigente el Régimen de Excepción, con la nueva prórroga que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa, hoy durante la sesión plenaria ordinaria.
Los parlamentarios recibieron del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, la solicitud de aprobación de la vigésima quinta prórroga del Régimen, por un período de 30 días, para continuar con las tareas de captura de todas las personas que pertenecen o participan en la actividad criminal de las pandillas.
La iniciativa fue ampliamente discutida y aprobada con dispensa de trámite con 67 votos de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN, PDC y diputados independientes. Siete diputados de la oposición votaron en contra y cuatro abstenciones.
El régimen de excepción suspende las garantías constitucionales de las personas que pertenecen a las pandillas, que en nuestro país son consideradas como grupos terroristas.
De acuerdo con el Decreto, esta herramienta es aplicada para enfrentar un fenómeno sin precedentes reconocido a escala mundial que llevó al país a convertirse en una de las naciones más violentas del planeta.
La solicitud presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública detalla que aún existen remanentes de las pandillas en libertad, por lo cual aún existe la amenaza de que se reagrupen y continúen afectando a la población.
Desde el mes de marzo de 2022, cuando fue aprobado por primera vez el régimen de excepción hasta la fecha, las instituciones que conforman el gabinete de seguridad han logrado la captura de 79,184 miembros de las pandillas 18 y la MS-13.
«Ahora somos un país atractivo ante el mundo, pero no podemos confiarnos; porque aún hay personas que andan viendo cómo hacer el mal, hay personas que quieren reagruparse para sembrar miedo a la población», detalló el diputado de Nuevas Ideas Jonathan Hernández.
El régimen ha logrado una reducción en de otros delitos que cometían estos grupos criminales como las extorsiones y por el contrario ha motivado a los emprendedores a retomar sus negocios.
Otras de las consecuencias positivas del régimen es que el país ha creado un clima de seguridad adecuado para las inversiones, para potenciar el turismo y por consiguiente para enrumbar al país al desarrollo económico.
«Gracias al clima de seguridad, los salvadoreños y los extranjeros disfrutaron de las vacaciones de semana santa con total tranquilidad», detalló el diputado de Nuevas Ideas Walter Alemán.
