Política
Marchas contra la privatización del agua obligaron a diputados a retroceder 10 años en la discusión de la ley
Una segunda marcha de diferentes expresiones de la sociedad civil obligó a los diputados de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático dar marcha atrás en sus intenciones de incluir privados en el organismo rector, los legisladores decidieron, nuevamente, comenzar de cero y dejar en punto muerto la discusión de la ley que ya lleva 10 años pendiente.
Fue en el inicio de la legislatura 2009-2012 cuando algunos sectores comenzaron a hacer ver la necesidad de una Ley de Agua para cuidar el recurso hídrico, en medio de la crisis mundial por el cambio climático. La legislación comenzó a ser discutida, a cuenta gotas, y se lograron avances como la aprobación de 92 artículos de la Ley General del Agua, propuesta que fue abanderada por la Universidad José Simeón Cañas (UCA) y apoyada por la iglesia católica.
El fantasma de la privatización empezó a rondar en la Asamblea Legislativa y particularmente en los curules de los diputados de ARENA, cuando se intentaba aprobar un ente rector del agua con una mayor cantidad de privados. En este caso, el Estado perdía fuerza en decisiones de cómo preservar el recurso y a quién otorgársela. Una marcha enardecida se encargó de dejar claro el descontento con la propuesta y luego de los incidentes se dio marcha atrás en el tema.
Luego de algún tiempo, la discusión pasó a un segundo plano con la ayuda de los diputados de algunos partidos que se daban el lujo de no asistir a las reuniones y se tuvo que reprogramar en varias ocasiones por falta de quórum. Varios meses después, el tema iba ganando notoriedad cuando se acercaba el momento de discutir el polémico artículo 14 que hablaba sobre la conformación de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Agua (ANA).
Nuevamente el fantasma de la privatización rondó el Órgano Legislativo cuando los partidos ARENA, PCN y PDC repetían la decisión de reducir la participación del Estado en el ANA, un día después la Asamblea se blindó, con todo y agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), para esperar a la población universitaria que salía a las calles y dejar claro que seguían sin estar de acuerdo.
En medio de la manifestación, dos de los legisladores que habían votado a favor de la inclusión de los sectores productivos agropecuarios e industriales, las alcaldías y las Juntas de Agua, Gustavo Escalante y Mayteé Iraheta se echaban para atrás y pidieron retirar los votos el acuerdo, que lo dejó sin validez porque perdían la mayoría.
En la comisión a la que se convocó, en medio de la plenaria que dio vida al aumento del Fodes, la propia Iraheta propuso, ante todo lo sucedido, dejar sin efecto los 15 artículos que se habían aprobado. Algunos reiteraron que no estaban equivocados en su decisión de incluir privados, pero apoyaron la decisión.
“Si nosotros estamos dispuestos a llegar a un consenso, cuando como diputados de los partidos presentes tengamos la voluntad de hacer país, de priorizar las necesidades de los salvadoreños, que en este momento retomemos el estudio, uno a uno, de los artículos de la Ley Integral de Agua que ha estado en discusión”, dijo en la comisión Iraheta, una victoria a medias del FMLN, que se agenció la lucha en varias ocasiones por este tema.
Los siguientes discursos como el del diputado del PCN Raúl Beltrán recalcaron que no hay privatización del recurso ni del ente rector, argumentando que las alcaldías no son entes privados. Pero no mencionó que la Asociación Corporación de Municipalidades (Comures) está dominada por el partido ARENA, el impulsor de todas las privatizaciones del país.
“El elemento delicado se llama privado, aquí le acabamos de apoyar $95 millones a los privados (aumento del Fodes), a las alcaldías que son privadas según el pensamiento… desistimos, corregimos, son 13 años perdidos en darle al país una ley del agua, que siga la ANDA manejándola si es del Estado, y ¿Cuál es el problema? Lo que sucede es que ya comenzó a incendiarse la jungla”, dijo en un tono sarcástico que no agradó ni a Dina Argueta ni a Rina Araujo, ambas del FMLN.
Empezar de cero
La ley que se tomó como base para la discusión y aprobación de los 15 artículos que la comisión llevaba es la Ley Integral del Agua, la que fue presentada en la legislatura anterior, y sus detractores dicen que la elaboró la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la principal gremial empresarial del país. En junio del año pasado se contemplaba solo cinco miembros de la Junta Directiva, con la discusión se amplió a siete.
La irrupción del ahora presidente electo Nayib Bukele influenció, de alguna u otra forma, la situación porque él fue tajante el decir que no estaba de acuerdo con lo establecido por la Asamblea y sacó la bandera de la privatización, misma que adoptó su partido y lo dejó claro su diputado en la comisión, Adelmo Rivas.
Al salir de la comisión, Argueta dijo que lo que quería el PCN era dejar de lado la discusión del tema hasta que Bukele asumiera la Presidencia y sondear cómo estaban las posturas del tema. Sostuvo que la intención del PDC era engavetar la propuesta y que la presión social había podido con los legisladores que dieron su voto para aprobar ese artículo 14.
“No se ha querido reconocer en la comisión, pero en la práctica se ha retrocedido a una decisión tomada el pasado lunes 18, donde dejaba la concentración de las decisiones del agua en el país en manos privadas. Creo que ha ganado el país y quiero insistir en que el movimiento social y las organizaciones, la presión desde el territorio ha logrado desistir posiciones y eso sí es democracia”, dijo.
El Frente exaltó la participación de la Universidad de El Salvador (UES) en los métodos de presión, a pesar de que un sector de los manifestantes abucheó y lanzó bolsas con agua a los diputados rojos que intentaron darse un baño de multitudes. El reclamo “vendidos, en 10 años no hicieron nada” caló en los ánimos de algunos legisladores y decidieron irse de nuevo a sus oficinas.
El Salvador está en la misma posición por la que arrancó las discusiones sobre este tema hace más de una década, sin una legislación que venga a regular el cuido del recurso hídrico, pero en una posición peor que cuando se comenzó a concebir una Ley de Agua.
Tras diez años infértiles que han culminado con más protestas y capturados que avances y con el cambio climático aumentando sus influencias en el mundo, la Comisión de Medio Ambiente deberá iniciar de cero a trabajar con todos los anteproyectos que habían.
Si las posturas de ARENA de incluir privados en las decisiones y la pasividad del Frente, que no agilizó mientras tuvo correlación de fuerzas, se mantienen el camino de aquí para adelante podría desembocar en el destino que tienen otras ciudades con servicios racionalizados o, en el peor de los casos, sin una gota de agua.
Por: El Salvador Times.
A menos de un mes para que finalice el período legislativo 2021-2024, se visualizan cambios dentro de la Asamblea Legislativa; entre estos, que 39 de los diputados ya no continuarán en el Órgano Legislativo durante el próximo trienio.
Los motivos por los que no seguirán durante el período 2024-2027 son diversos, y en algunos casos atienden a situaciones personales, pero en términos generales se puede identificar que 18 legisladores no buscaron la reelección el 4 de febrero anterior.
En este grupo hay cinco de la fracción de ARENA, entre ellos Alberto Romero, quien se encuentra detenido mientras es procesado por el delito de enriquecimiento ilícito; Margarita Escobar y René Portillo Cuadra, quienes solicitaron permiso para ausentarse por enfermedad, renovado en varias ocasiones pero ya no retomaron sus obligaciones públicas; y Rodrigo Ávila Avilés, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue acusado de recibir sobresueldos provenientes de la partida secreta de Casa Presidencial durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca.
En el caso de la fracción de Nuevas Ideas, son nueve diputados que no participaron en la elección; entre ellos, Gerardo Aguilar y José Ilofio García, desaforados y procesados judicialmente por recibir dádivas a cambio de favores políticos; y Érick García, quien se encuentra detenido mientras enfrenta un proceso judicial por el delito de falsedad documental.
Tampoco participó Jhonny Tennant Wright, de Nuestro Tiempo, partido que desaparecerá; ni los tres diputados disidentes de ARENA: Carlos Reyes, Donato Vaquerano y Jorge Rosales.
Sí buscaron la reelección 17 legisladores, pero no recibieron el apoyo de la población necesario para permanecer en el cargo. En este grupo están los cuatro diputados del FMLN, quienes en ocasiones no votaban de la misma forma, dejando entrever una división en la fracción roja; se suman cuatro diputados tricolor, cuatro diputados de GANA, entre ellos Romeo Auerbach, quien terminó separándose del partido; y cuatro diputados de Nuevas Ideas que no lograron las marcas ni los votos requeridos para mantenerse.
Un tercer grupo que ya no regresará al Salón Azul de la Asamblea como diputados está conformado por cuatro de Nuevas Ideas que participaron en las elecciones municipales y se convirtieron en alcaldes.
Ellos son José Urbina, alcalde electo de San Salvador Oeste; Marcela Pineda, alcaldesa electa de La Paz Este; Jorge Castro, jefe municipal electo de Santa Ana Oeste; y Edwin Serpas, alcalde electo de la alcaldía de La Unión Norte. Recibirán sus credenciales el próximo 25 de abril.
Un factor importante que incide de alguna manera en que varios de los diputados ya no continúen es la nueva conformación del congreso, que pasa de tener 84 a 60 escaños, una decisión establecida en el decreto legislativo 755, del 7 de junio de 2023.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregará a finales de este mes las credenciales a los concejos municipales y diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) electos en los comicios del 3 de marzo pasado.
Guillermo Wellman, magistrado electoral, detalló a «Diario El Salvador» que las credenciales a los nuevos funcionarios de elección popular se entregarán el jueves 25 del corriente mes y año.
Wellman aclaró que los documentos oficiales a los nuevos funcionarios municipales los dará cada Junta Electoral Departamental (JED), es decir, que el acto será en los 14 departamentos.
«La ley da la facultad a la JED para que ellos puedan entregar [las credenciales], pero también ello lo avala el organismo colegiado», explicó el funcionario electoral.
Por su parte, el TSE entregará solo las credenciales a los diputados electos del Parlacen, foro político regional con sede en Ciudad de Guatemala, en el que El Salvador tiene 20 diputados.
En marzo pasado, los salvadoreños eligieron a las autoridades de 44 gobiernos municipales y a los diputados del Parlacen.
De acuerdo con los resultados del escrutinio final, Nuevas Ideas ganó 28 alcaldías, GANA seis, el PCN tres, el PDC cuatro, la coalición PCN-PDC una, ARENA una y Fuerza Solidaria una. Los funcionarios de los gobiernos locales tomarán posesión de sus cargos el 1.º de mayo próximo para un período de tres años.
La elección de parlamentarios dejó a Nuevas con 13 diputaciones, dos para ARENA, dos para el FMLN, uno para GANA, uno para el PDC y uno para el PCN.
Los diputados tomarán sus curules en octubre de 2026 para cinco años. El Salvador también llevó a cabo en febrero pasado las elecciones presidenciales y legislativas, que las ganó también Nuevas Ideas, cuyas credenciales ya se entregaron.
Política
La seguridad ciudadana y la paz social continuarán con nueva prórroga del régimen de excepción
Durante un mes más permanecerá vigente el Régimen de Excepción, con la nueva prórroga que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa, hoy durante la sesión plenaria ordinaria.
Los parlamentarios recibieron del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, la solicitud de aprobación de la vigésima quinta prórroga del Régimen, por un período de 30 días, para continuar con las tareas de captura de todas las personas que pertenecen o participan en la actividad criminal de las pandillas.
La iniciativa fue ampliamente discutida y aprobada con dispensa de trámite con 67 votos de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN, PDC y diputados independientes. Siete diputados de la oposición votaron en contra y cuatro abstenciones.
El régimen de excepción suspende las garantías constitucionales de las personas que pertenecen a las pandillas, que en nuestro país son consideradas como grupos terroristas.
De acuerdo con el Decreto, esta herramienta es aplicada para enfrentar un fenómeno sin precedentes reconocido a escala mundial que llevó al país a convertirse en una de las naciones más violentas del planeta.
La solicitud presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública detalla que aún existen remanentes de las pandillas en libertad, por lo cual aún existe la amenaza de que se reagrupen y continúen afectando a la población.
Desde el mes de marzo de 2022, cuando fue aprobado por primera vez el régimen de excepción hasta la fecha, las instituciones que conforman el gabinete de seguridad han logrado la captura de 79,184 miembros de las pandillas 18 y la MS-13.
«Ahora somos un país atractivo ante el mundo, pero no podemos confiarnos; porque aún hay personas que andan viendo cómo hacer el mal, hay personas que quieren reagruparse para sembrar miedo a la población», detalló el diputado de Nuevas Ideas Jonathan Hernández.
El régimen ha logrado una reducción en de otros delitos que cometían estos grupos criminales como las extorsiones y por el contrario ha motivado a los emprendedores a retomar sus negocios.
Otras de las consecuencias positivas del régimen es que el país ha creado un clima de seguridad adecuado para las inversiones, para potenciar el turismo y por consiguiente para enrumbar al país al desarrollo económico.
«Gracias al clima de seguridad, los salvadoreños y los extranjeros disfrutaron de las vacaciones de semana santa con total tranquilidad», detalló el diputado de Nuevas Ideas Walter Alemán.
