Judicial
SENTENCIA: Inspector policial condenado por acoso y agresiones sexuales
El Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador condenó en procedimiento abreviado al inspector de la PNC, Antonio Cruz Preza Sánchez, por los delitos de agresión sexual, acoso sexual y expresiones de violencia contra la mujer, cometidos en perjuicio de tres mujeres.
Los delitos de agresión sexual y acoso sexual fueron cometidos en perjuicio de R. Ramos, por los que fue condenado a tres años de cárcel, en procedimiento abreviado, es decir que el acusado aceptó y confesó los hechos por los que fue acusado, este mecanismo fue solicitado por la parte fiscal y la defensa. Por dicha pena se le otorgó la suspensión condicional del procedimiento, donde se le impusieron las condiciones siguientes: no cambiar de domicilio, tiene prohibido acercarse, ni tener contacto con la víctima, no consumir bebidas embriagantes ni drogas y presentarse cada tres meses a firmar a la instancia judicial, así como cumplir con un tratamiento terapéutico con un psicológico.
Además en concepto de responsabilidad civil por estos delitos le tendrá que pagar mil dólares a la afectada, para resarcir los daños causados. En caso que desobedezca alguna de las condiciones anteriores, se ordenará la detención.
Con respecto al delito de expresiones de violencia contra la mujer, el cual fue cometido en perjuicio de: R. Ramos, S. Cortez y V. Campos, el cual tiene una sanción de multa, el acusado fue condenado al pago de 400 dólares a cada una de las afectadas, asimismo las condiciones impuestas por los otros delitos.
Los hechos ocurrieron entre enero y mayo de 2013, en la delegación de 911 de Alta Vista, jurisdicción de Tonacatepeque, donde el inspector policial en una de las ocasiones llamo a R. Ramos a su oficina para que le llevara unos libros para firmar, aprovechando cerró la puerta y le mostro un video de índole sexual en la computadora, luego la abrazo con fuerza, dándole besos y tocándole sus partes íntimas, asimismo le dijo que le gustaba y que era bonita, ella se mostró disgustada y salió de la oficina, en ese momento él la siguió y le dijo que se tomara un día libre.
Con respecto al delito de las expresiones de violencia, el acusado en las formaciones generales les decía a las víctimas que no hacían bien su trabajo y que eran “pasmadas”, siendo estas palabras ofensivas, al mismo tiempo que no daban resultados y que solo eran un cargo. Luego que las mujeres denunciaran estos hechos fueron trasladadas a otras delegaciones.
Esta vista pública se repitió luego que la Cámara Cuarta de lo Penal de Santa Tecla ordenara repetir el juicio, ya que la Fiscalía General de la Republica apeló el fallo absolutorio en septiembre de 2014, donde el Tribunal Sexto de Sentencia lo declaró inocente por no contar con pruebas suficientes para culpabilizarlo.
En el presente caso la Fiscalía presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales que comprobaron la culpabilidad del inspector, quien valiéndose de su cargo agredía a las mujeres. Entre las pruebas estaban los peritajes psicológicos practicados a las tres mujeres.
Será un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena quien garantice que se cumplan las medidas impuestas.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
