Trabajador de Vidrí es obligado a renunciar luego de quedar gravemente herido en accidente de tránsito provocado por empleado de Sykes - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Judicial

Trabajador de Vidrí es obligado a renunciar luego de quedar gravemente herido en accidente de tránsito provocado por empleado de Sykes

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Foto de referencia.

Un empleado en entrenamiento de Vidrí fue obligado a firmar su carta de renuncia luego de sufrir un accidente de tránsito en su motocicleta que lo dejó en estado grave, producto de la imprudencia de un operador de Sykes. En el percance también resultó lesionado otro de sus parientes.

La diversión de una noche se terminó convirtiendo en el inicio de una pesadilla para Joel, de 30 años de edad, quien junto con Elmer, su cuñado, salió a celebrar que había conseguido un empleo en el departamento de fontanería de Vidrí. El responsable de esto es German B., de 29 años, un empleado de Sykes, quien por no respetar la señal de alto impactó violentamente con la motocicleta.

Según la relación de los hechos, el trágico hecho sucedió el 28 de abril del 2018 al filo de las 9:00 de la noche. Segundos antes del impacto, Germán conducía su vehículo a toda velocidad sobre el bulevar Monseñor Romero y la 23 Calle Oriente de San Salvador, por acortar tiempo decidió acelerar haciendo caso omiso a una señal de alto sin percatarse que una motocicleta venía al paso.

El infractor impactó la parte delantera de la moto y lanzó por el aire a los dos jóvenes. Según los familiares de las víctimas, la noche de la tragedia German no pretendió responsabilizarse de los hechos. “No quiso darnos la cantidad que le pedimos para solventar los daños”, señaló una integrante del núcleo familiar.

Producto de las lesiones, los médicos le señalaron que la recuperación de Joel sería prolongada algo de lo que la empresa se valió para obligarlo a renunciar. “Iba con mi cuñado. Yo sufrí varios golpes y me lesioné ambas rodillas y me fracture la clavícula… No puedo caminar bien, tengo lesionada la clavícula y tengo miedo de que me vuelva a operar otra vez”, explicó.

El personal médico que lo atendió le señaló que se le colocaría una platina ortopédica, la cual está valorada entre $800 y $900. Sin embargo, no cuenta con el dinero para poder costearlas.

El otro de los afectados fue Elmer, quien salió gravemente herido ya que luego del impacto salió “volando” de la motocicleta hasta parar impactar de forma violenta contra el pavimento mientras esto sucedía se preguntó: “¡Dios mío!, ¿Por qué nos pasó esto?”.

Entre lágrimas, la víctima comenzó a notar que “no sentía los pies. No sabía con exactitud lo que había pasado cuando llegó la ambulancia vi que uno de mis piel colgaba”, señaló. Pasó 43 días ingresado casi el mismo tiempo que su pariente.

El desempleo y un proceso judicial 

El accidente lo llevó a permanecer ingresado por varios días provocando que la administración de la empresa optara por la sustitución inmediata de este elemento, debido a que no completó el tiempo de prueba. Algo de lo que se valieron para pedirle que presentara su carta de renuncia.

“La empresa no se iba a hacer responsable. Ellos (recursos humanos) me dijeron que estaba aprueba y que tenía que renunciar. Yo no he renunciado, fue la misma empresa que me obligó”, señaló.

Posterior a esto,  comenzó a realizar diferentes terapias para recuperar la movilidad de los miembros dañados pero en su cabeza no podía controlar su desesperación ya que tenía deudas que saldar y no contaba con el dinero. La moto quedó totalmente destrozada. Joel la había adquirido días atrás y apenas iba a pagar la segunda cuota del vehículo valorado en $2,021.07.

“Tengo miedo de andar otra vez en moto y me pongo nervioso cuando pasa un cerca un vehículo”, señaló con resignación.  

German es procesado en el Tribunal Sexto de sentencia por el delito de lesiones culposas y espera el fallo en los próximos días. El juez será quien determine la responsabilidad civil y penal.

 

Nota de El Salvador Times

 

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Sujetos son condenados a 3 años de prisión al intentar introducir en una granja de rehabilitación $200 en sus estómagos

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Dos sujetos fueron sorprendidos intentando introducir $200 a la Granja de Rehabilitación para jóvenes en conflicto de Ilobasco, departamento de Cabañas.

Según el reporte fiscal, dos reos de una Granja Penitenciaria incurrieron en el delito de Tráfico de Objetos Prohibidos en Centros Penitenciarios de Detención o Reeducativos; por lo que fueron condenaron a tres años de prisión sin reemplazo de la pena.

Los imputados identificados como Julián Antonio Chávez y Saúl Francisco Álvarez Benítez, el 9 de mayo de 2018, alrededor de las 4:30 de la tarde, fueron detenidos luego de regresar del Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor del departamento San Miguel, por el intento de introducir objetos prohibidos al interior de la Granja de Rehabilitación, en Ilobasco.

Según el informe fiscal en la fecha antes mencionada, los dos internos habían salido de la Granja de Rehabilitación, con dirección al Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor de San Miguel, y regresaron alrededor de las 4:30 de la tarde de ese mismo día; al llegar los separaron para tenerlos en observación, ya que los custodios que los acompañaron a San Miguel se enteraron que habían ingerido algún objeto extraño.

Mientras los mantenían en observación y en presencia del agente que los custodiaba, comenzaron a expulsar en las heces fecales, el primero Julián Antonio Chávez Guevara, tres pelotitas envueltas en recortes de plástico, seis billetes de la denominación de $20.00 cada uno, haciendo un total de $120, al segundo Saúl Francisco Álvarez Benítez, expulso de la misma manera cuatro billetes de $20 haciendo un total de $80.00; por lo se procedió a la incautación de dichos billetes, coordinando con la Policía Nacional Civil, para que tomaran el procedimiento.

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Continúa juicio contra dos médicos del Instituto de Medicina Legal por negociaciones ilícitas y falsedad ideológica

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Cortesía medios informativos






El Tribunal 2° de Sentencia  de San Salvador continúo hoy la vista pública contra los doctores Juan Carlos Monterrosa  y  Josefina Morales de Monterrosa acusados de negociaciones ilícitas, asimismo se procesa a la sobrina de Morales,   Sindi Berenice García de Portillo  por falsedad ideológica.

Este día declararon seis testigos propuestos por la Fiscalía siendo uno de ellos Héctor Tijiboy, quien es el Director de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI).

Tijiboy  manifestó que él emitió ante la FGR un aviso el 17 de marzo del 2016 sobre algunas inconsistencia presentadas en una unidad de Medicina Legal (IML), luego de que los miembros de la Comisión de Evaluación de Oferta (CEO) le formularan un informe sobre una contratación directa (CD042016), emitida por Monterrosa Pachaca, quien fungía como Director del Laboratorio Biológico Forense de Medicinal Legal.

El informe de compras  refleja que los precios de los productos adquiridos eran hasta 10 veces  mayor al precio del mercado; haciendo saber ante las partes pertinentes el mecanismo para realizar una contratación directa, la cual se da cuando se declara en dos ocasiones una licitación desierta, es decir que no se presenta ninguna empresa a ofrecer sus productos, lo cual le da la facultad al contratante de realizar una contratación directa sin antes ser analizada por la CEO.

Además, declaró que dichos procesos lo realizan los Directores de cada unidad, para posteriormente emitirle la lista de pedidos y proveedores al Director de IML, para que éste se lo traslade a Corte Plena para que el siguiente año el Ministerio de  Hacienda designe el presupuesto solicitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Finalmente, declararon cinco Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron las capturas y allanamientos de los imputados, narrando que en la vivienda de García encontraron un documento que la vinculaban con los doctores Monterrosa, asimismo, declararon que en la oficina de Monterrosa  encontraron boletas del Seguro Social a nombre de García.

La vista pública continuará mañana a las 8 de la mañana, con la exposición de los demás testigos de cargo.

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Pandilleros del Centro Histórico enfrentaran juicio en libertad

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foto La Prensa Gráfica






El Juzgado 10° de ¨Paz de San Salvador resolvió instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional en contra de Ramsés Aarón Hernández Córdova, de 36 años de edad; y Reina Elizabeth Carballo Serrano de 37, ambos acusados de agrupaciones ilícitas en perjuicio del bienestar público.

Según la relación circunstancial de los hechos, presentada en requerimiento por la Fiscalía General de la República, el pasado 11 de enero, alrededor de las 4:00 de la tarde, los dos imputados fueron capturados al interior del punto de microbuses de la ruta 17, en la avenida Cuscatlán, entre la  octava y decima calle poniente en San Salvador, cuando se encontraban pidiendo dinero, de forma intimidante a cada uno de los usuarios de este transporte público, antes de subir a la unidad.

Según declaraciones de los agentes de la Policía Nacional Civil, estaban acompañados de otros seis sujetos, todos intentaron huir y les dieron persecución pero solo se pudo capturar a Ramses Hernández y Reina Serrano, quiens no portaban documentos de identificación.

El Juzgado 10° de paz resolvió las medidas sustitutivas a la detención de no cambiar de domicilio, presentarse a firmar al Juzgado que le sea requerido y presentarse a continuar con el proceso en fase de instrucción cuando les sea establecido.

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