Reforma que otorga autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la FGR es avalada por la Sala de los Constitucional - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Reforma que otorga autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la FGR es avalada por la Sala de los Constitucional

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La Sala de lo Constitucional avaló la reforma que otorga autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con lo que se supera el veto presidencial que había impuesto el mandatario Salvador Sánchez Cerén a la reforma aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa que daba independencia a la UIF.

Según la resolución, la Sala considera que la reforma no implica invasión a la atribución de la Fiscalía de dirigir la investigación del delito, ni la desplaza. 

La reforma fue aprobada en la Asamblea, sin apoyo de GANA y FMLN. Sin embargo, Sánchez Cerén le impuso su veto. El partido oficial y el presidente alegaron que esta reforma representaba una duplicidad de labores, por lo que Sánchez Cerén lo vetó alegando que había inconstitucionalidad.

La Asamblea reaccionó y con los votos de ARENA, GANA, PCN, PDC y los dos independientes se pusieron de acuerdo, tras conocerse que El Salvador fue suspendido de la entidad que aglutina a las unidades de inteligencia financiera de 159 países: el grupo Egmont, una entidad con sede en Canadá. Impidiéndole compartir información sobre casos de corrupción a escala internacional.

No obstante, el mandatario envió a la Sala la reforma para que fuese esgrimida en esa instancia. En aquel momento, aún no se habían elegido los magistrados. Sin embargo, este día ya hay una sentencia en firme. 

Con esta reforma, ahora la UIF se independiza de la UIF con el fin de que tengan libertad para poder ejecutar investigaciones relacionadas a casos de corrupción y delitos de lavado de dinero y de activos.

Anteriormente, esta unidad estaba organizada y dirigida por el fiscal general y laboraba bajo una dependencia funcional del representante del ministerio público.

Información tomada de El Salvador Times.

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Sujeto se refugió en un Hospedaje luego de asesinar a su esposa y hoy fue condenado a 30 años en prisión

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La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar de la oficina fiscal de Apopa logró la condena de Juan Antonio Arévalo, a cumplir una pena de 30 años de cárcel por el delito de feminicidio agravado.

Hecho ocurrido en residencial Altavista  II, Tonacatepeque, San Salvador, el 28 de junio de 2017.

Según la relación de los hechos el hoy condenado se encontraba en el interior del hospedaje La Mansión, ubicado al costado oriente de parque Centenario, de San Salvador, quien solicitó a un empleados del lugar que llamara a la Policía. Cuando los agentes policiales llegaron al llegar, Arévalo les manifestó que horas antes había asesinado a su esposa con su arma de fuego, en Residencial Altavista II.

Las autoridades a cargo de la investigación coordinaron la inspección en la vivienda donde el sujeto aseguro que había disparado en contra de su esposa.

La víctima fue encontrada lesionada de bala en la vivienda de la residencial Alta Vista, y trasladada para recibir asistencia médica en Hospital Nacional de San Bartolo, Ilopango, posteriormente fue ingresada de gravedad en el Hospital General del Instituto del Salvadoreño del Seguro Social, donde falleció el 15 de julio de 2017.

Al imputado  le fue incautada un arma de fuego, tipo pistola, calibre nueve milímetros, y un cargador con siete cartuchos, evidencia que cotejada con los casquillos encontrados en la escena, lo que determinaron la participación del sujeto en los hechos antes mencionados.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, San Salvador, en audiencia de vista pública, sentenció a 30 años de prisión a Juan Antonio Arévalo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS LOURDES COLÓN

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INSÓLITO: Peligroso ladrón de San Salvador vuelve a las calles sin brazalete electrónico

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El Juzgado 4° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Hugo Bladimir Ramírez Clímaco, de 34 años de edad, acusado de robo agravado y resistencia en perjuicio de Diana A. y la administración pública. Mientras que a Glenda Contreras, de 39 años,   la jueza ordenó pasar al 4° de Instrucción con medidas sustitutivas.

De acuerdo con la acusación, el 5 de febrero, agentes policiales se hicieron presentes al distrito número 6 de ésta capital, debido a que les informaron que agentes del CAM se encontraban con una víctima de robo y ésta manifestó que cuando se conducía en el transporte colectivo de la Ruta 41 D, tres sujetos le habían robado su celular y a varias personas.

Además, la víctima les dijo que su celular contaban con un sistema de ubicación y que según ese dispositivo lo ubicaba en el “Bar As de Oro”, situado en la 4ª Avenida Norte, entre 5ª y 3ª Calle Poniente, de esta ciudad.

Al llegar al lugar, la víctima identificó a Ramírez como uno de los participantes en el hecho quien salió del lugar acompañado de Glenda, el sujeto manifestó que era su esposa. Cuando una agente iba a registrar a Glenda, el imputado la amenazó y comenzó a insultarla con palabras soeces. A la mujer le encontraron un celular con las mismas características del celular de la víctima. Por tales motivos fueron detenidos a las 4:40 de la tarde de ese día.

En este proceso el juzgado había autorizado la colocación de un dispositivo electrónico al reo Ramírez, por lo que envió un oficio al Ministerio de Justicia y Seguridad para que realizaran el estudio de la viabilidad.

Sin embargo el Ministerio no envió la respuesta sobre la factibilidad de aplicación del dispositivo al reo, por lo que el juzgado revocó dicha medida con base al Artículo 13 de la Constitución, el cual plantea los plazos improrrogables en cuanto a la detención; es decir que si se esperaba el estudio, el juzgado iba a incurrir en una inconstitucionalidad al violarle los derechos al procesado.

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ÚLTIMA HORA: Corte Suprema rechaza demanda contra elección del Fiscal General

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Foto El Mundo Sv

La Sala de lo Constitucional declaró improcedente una de las demandas presentadas contra la elección de Raúl Melara.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda contra la elección de Raúl Melara como Fiscal General de la República presentada por Óscar Oswaldo Campos Molina y José Ramón Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), y argumentó que fue por no cumplir los requisitos para su admisión y carecía de los elementos procesales mínimos y necesarios para “habilitar un análisis de fondo”.

“Tenía un carácter estrictamente subjetivo, pues se limita a a exponer alegatos sin presentar ningún elemento indiciario ni los parámetros de control correctos para sostener que el proceso de selección (de Melara), su resultado o el dictamen respectivo tuvieran las deficiencias alegadas”, sostuvieron los magistrados.

En la demanda se argumentaba que no se había constatado la moralidad y la competencia notorias del abogado Melara Morán, ya que en el dictamen de selección no existía ningún argumento que indicara que se analizó la documentación de todos los candidatos a fin de ponerar los perfiles.

También planteaban los demandantes que no fue comprobada la idoneidad para el cargo de Melara, pues su hoja de vida no reflejaba experiencia en el ámbito penal o procesal penal, y que los mismos informes de diversas instituciones del sector público no acreditaban su competencia notoria.

Pero además argumentaron que Melara trabajó como funcionario en gobierno del partido político de un excandidato a la Presidencia y que fue asesor legal de este.

La Sala de lo Constitucional dice que esta es la primera de las demandas contra la elección de Melara que evacua, que las otras que han sido presentadas siguen en estudio.

Melara fue elegido el 20 de diciembre de 2018 como Fiscal General de la República para el período de tres años, el cual inició el pasado 6 de enero de 2019, y que concluye el 5 de enero de 2022.

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