PNC detiene a “coyote” guatemalteco - Diario Digital Cronio de El Salvador
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PNC detiene a “coyote” guatemalteco

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La tarde de este domingo, un hombre de origen guatemalteco fue arrestado en un paso fronterizo de El Salvador.

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) manifestaron que el sujeto fue detenido por llevar de manera ilegal a personas de un país a otro, una actividad por la que estas personas también son conocidas como “coyotes”.

De acuerdo con efectivos de la PNC, el guatemalteco fue aprehendido por elementos de la División de Seguridad Fronteriza (DSF) de la Policía en la frontera San Cristóbal, en el departamento de Santa Ana.

En las próximas horas Luis Alberto Rafael, de 38 años de edad, será puesto a las órdenes de los tribunales correspondientes para que responda ante la ley.

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Sujetos cometieron 42 casos de hurtos de vehículos, recepción y agrupaciones ilícitas, por los delitos no les alcanzará la vida para pagar su condena

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Fuentes judiciales informaron esta tarde sobre la condena que recibió un grupo de 15 integrantes de estructuras que operaban en la zona oriental del país.

Estos sujetos fueron encontrados culpables de hasta 42 casos de hurtos de vehículos, así como recepción y agrupaciones ilícitas.

Por tal razón, “el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel impuso condenas que oscilan entre los 10 y 146 años de cárcel” a los 15 implicados.

Entre los condenados se encuentran José Victorino Gómez Hernández, Ronis Martínez Robles, José Vladimir López y Elmer Antonio Cienfuegos.

Otros imputados por este caso y que recibieron largas condenas son Luis Francisco Zavaleta, Carlos Humberto Gáleas y María Elena Hernández de Contreras, entre otros.

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Historial pandilleril de “El Thunder” habría provocado que un grupo exterminio terminara con la vida de su madre y hermanos

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Luis Alberto Castillo Aguirre, alias “El Thunder”, de 20 años, integrante de una estructura delincuencial y quien estuvo en la lista de “los 100 más buscados” fue condenado a 20 años de prisión por quitar la vida de una mujer.

La víctima fue identificada como Mercedes Iglesias Garay, de 48 años. Fue lesionada en varias ocasiones por este sujeto a mediados del 2017.

El hecho ocurrió en la casa de la mujer en el caserío Los Iglesias, del cantón La Fragua, del municipio de Moncagua, departamento de San Miguel.

Testigos presenciales y quienes brindaron su declaración ante un tribunal sostienen que un grupo de sujetos, miembros de la MS, llegaron al lugar, pero quien arremetió contra la señora fue Castillo Aguirre.

El dictamen forense estableció que la mujer perdió la vida por un “traumatismo craneoencefálico severo, producido por proyectiles” indicó una fuente judicial.

“El Thunder” figuró en la lista de los 100 más buscados, por quien la Policía Nacional Civil (PNC) ofreció una recompensa para quien contribuya a su captura, por el riesgo que representaba para la población.

Castillo Aguirre, fue detenido en agosto del año 2017, en la colonia La Esperanza de San Miguel, a quien se le acusó de operar en los municipios de Moncagua, Chapeltique y Lolotique.

En agosto del año 2017, también  su madre, dos hermanas y un hermano perdieron la vida a manos de un supuesto grupo de exterminio.

Sus cuerpos abandonados a la orilla de la carretera Panamericana, cerca del kilómetro 115, del cantón Los Planes, del municipio de Guadalupe.

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Profesional del derecho interpone aviso penal ante la FGR por presunta existencia de actos de corrupción en el Juzgado Cuarto de Familia de San Salvador

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En los últimos días ha corrido la noticia que en el Juzgado Cuarto de Familia e San Salvador se estarían dando actos de corrupción cometidos presuntamente por el Secretario y Notificador de la misma sede judicial, según una profesional del derecho quien ya ha interpuesto un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Específicamente, los casos que llamaron más la atención de la demandante han sido los que tienen que ver con declaratorias de divorcio y en de adopción, procesos que han sido según la profesional del derecho, resueltos en tiempo “récord” (pocos días), y que han sido trabajados hasta en la misma oficina de uno de los usuarios o interesados en proceso de divorcio.

Esto ha llevado a la demandante a creer que dentro del juzgado en mención existan graves indicios de haberse cometido actos de corrupción para favorecer a ciertos abogados y sus clientes, brindándoles trámites exprés que contrastan totalmente con el alargamiento de plazos y actividad judicial que normalmente representa diligenciar un proceso de familia en ese tribunal.

En el primero de los casos que llamó la atención del denunciante fue el hecho que un mismo usuario en tres ocasiones solicitó la declaratoria de divorcio de sus respectivos matrimonios y de su clienta con quien después contrajo matrimonio.

Lo curioso de ello es que todos los procesos se llevaron en el mismo juzgado, a pesar que en San Salvador, se cuenta con cuatro juzgados de familia y a la vez con una oficina receptora y distribuidora de demandas que precisamente se encarga de direccionar cada demanda, haciendo prácticamente imposible que las cuatro demandas del mismo peticionante en distintos periodos lleguen al mismo tribunal Juzgado Cuarto de Familia y sean adjudicados a los mismos empleados, el Secretario y el Notificador en todos los casos.

Sin embargo, los indicios de corrupción quedan en evidencia, al advertir que al demandante se le siguieron sus dos procesos de divorcio con sus respectivas parejas, en el mismo tribunal y se resolvieron con inusitada celeridad impropia de los plazos legales que ordinariamente se requieren para llegar a sentencia en cualquier proceso de divorcio en el referido juzgado. Además, también tuvo un similar beneficio en el mismo juzgado, con un proceso resuelto en cuestión de días, una usuaria que solo meses después terminó por convertirse en la tercera esposa del otro demandante al que se hizo referencia previamente.

De acuerdo a la relación de hechos contenidos en el aviso penal, del que se tuvo conocimiento por parte de este medio, el demandante, habría tenido contacto permanente y compensando por medio de entrega de dádivas al Secretario y Notificador del juzgado de familia donde laboraban los señalados.

Por consecuencia, el pago de esas dádivas le habría permitido al demandante que se manipulara la oficina de distribución de demandas para que sus dos demandas de divorcios y el divorcio de su actual cónyuge, fueren remitidas al Juzgado donde laboran los señalados; las demandas habrían sido preparadas por el notificador, inclusive llegando a trabajarlas en la oficina del demandante y que durante el trámite para declarar la cancelación de los matrimonios contó con asesoría permanente del Secretario del juzgado; finalmente, logró que sus procesos se resolviesen en cuestión de días, cuando lo ordinario en dicho juzgado por un caso similar podía implicar de seis a ocho meses.

Los empleados judiciales señalados en la investigación también habrían asesorado y aceptado beneficios como dádivas en el seguimiento de otros procesos de familia y hasta en más de algún caso de adopción. Finalmente, en el aviso penal, se solicitaron las bitácoras de registros telefónicos del Secretario y Notificador con el demandante y favorecido injustamente por tráfico de influencias, como por conductas que podrían ser constitutivas de los delitos de cohecho activo y cohecho propio.

 

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