Mauricio Funes no será entregado por Daniel Ortega a la justicia salvadoreña - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Mauricio Funes no será entregado por Daniel Ortega a la justicia salvadoreña

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El ex presidente de El Salvador, Mauricio Funes, continuará como refugiado político de acuerdo al diputado sandinista y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Jacinto Suárez , quien opina que Funes no es un delincuente.

“(Funes) es un refugiado político, no hay razón para que se le pueda entregar (a El Salvador), ya tiene un estatus de asilado político (y eso) lo protege de cualquier solicitud de extradición”, afirmó el diputado orteguista.

La declaración del personero del régimen de Ortega coincide con la posición desafiante de Funes que en sus cuentas de redes sociales aseguró: “Me tiene sin cuidado la posición de Nayib y su próximo gobierno sobre mi asilo en Nicaragua”.

El régimen de Daniel Ortega mantiene la protección a Funes con el estatus de asilo político, por lo que no lo entregará a la justicia de El Salvador para que enfrente las acusaciones por supuesta corrupción, afirmó Suárez.

Funes y su núcleo familiar se encuentran asilados y bajo la protección del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega desde septiembre de 2016. Su permanencia allá tiene el respaldo del FMLN que le aconsejó no regresar al país para no ser enjuiciado por desfalcar $350 millones de fondos públicos durante su mandato.

Información tomada de El Blog.

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Esto es lo que ganan los dos empleados de la Asamblea acusados de participar en el asesinato del político Ramón Kury

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Óscar Remberto Delgado Martínez y Samuel Elías Delgado Navas han sido acusados de participar en el asesinato de Ramón Kury, prominente político del Partido de Concertación Nacional (PCN). Además de unirles un lazo de sangre por ser hermanos, comparten su lugar de trabajo, pues son empleados de la Asamblea Legislativa. 

El presidente de este Órgano de Estado, Norman Quijano, confirmó que ambos son empleados de la Asamblea. De hecho precisó que uno fue contratado en mayo del 2012 y el otro en mayo del 2018. 

La lista de empleados del Órgano Legislativo, en poder de El Salvador Times, con el detalle de todos los trabajadores legislativos hasta enero de 2019 detalla que ambos trabajan en la Asamblea en la plana del grupo parlamentario del PCN. 

Para el caso de Delgado Martínez, está contratado como colaborado administrativo y devenga un salario mensual de $1,500. Por su parte, su hermano, Delgado Navas està contratado también como colaborador administrativo, pero este tiene un salario bastante inferior y es de $400 mensuales. 

El lunes pasado, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dio detalles de estos supuestos hechores y aseguró que ambos eran parte de la seguridad del secretario general del PCN, Manuel Rodríguez. Aunque señaló que solo uno de ellos era empleado de la Asamblea. Sin embargo, este medio corroboró que se tratan de ambos hermanos. 

Esta mañana, Quijano comunicó que ambos sujetos han sido suspendidos de sus cargos, sin goce se sueldo mientras se desarrolla el proceso judicial pues ambos están siendo acusados de haber sido parte del asesinato de Kury el 28 de abril de 2018 en la sede del partido.

Según la investigación Delgado Martínez había servido como motorista de la camioneta en la que iba también el agente Santos Hernández Beltrán, miembro activo del Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), quien presuntamente le disparó a Kury. Luego, habrían escapado en la misma camioneta del lugar. 

De igual forma, se dijo que Delgado Navas habría prestado vigilancia para que se cometiera con éxito el  hecho criminal. 

Al momento de la detención, a Delgado Martínez se le incautó un arma de fuego, además se le encontraron tres matrículas de diferentes armas y una de ellas fue utilizada para asesinar al pecenista.

Por: El Salvador Times.

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FGR interviene 21 propiedades y $2 millones a personas relacionadas con el lavado de dinero

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La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR) intervino 21 inmuebles y $2 millones que estaban de manera ilícita en poder de nueve personas radicadas en el oriente del país.

La Fiscalía explicó que este caso se origina de una investigación realizada en contra de personas que son procesada por lavado de dinero y activos.

De acuerdo con el reporte, las propiedades intervenidas se encuentran en los municipios de San Carlos y San Francisco Gotera, Morazán; y en Lolotique, San Miguel.

“Tras analizar las pruebas obtenidas y fortalecer las investigan, se ha determinado que los bienes tienen una procedencia injustificada, por lo cual se procede a materializarlos y a seguir el correspondiente proceso de despojo en el Tribunal de Extinción de Dominio”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

Los afectados en este caso son Jaime Adalberto Flores y otros cinco miembros de su familia, así como contra Sonia Marisela Maya Márquez y dos parientes.

A cada uno de los vinculados, le fueron encontrados productos financieros y transacciones bancarias significativas, en diferentes entidades financieras. El período de investigación en el sistema financiero inicia desde el año 2004 y finaliza en el 2015, habiéndose establecido que los movimientos de fondos en el sistema financiero están concentrados en entre los años 2008 al 2014.

Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR ha establecido que las personas implicadas registraron montos preliminares en ingresos por valor de $18,8 millones y egresos por $16,6 millones.  Las cantidades de dinero que tenían los imputados no fueron justificadas mediante fuente legal de ingresos.

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Imponen cuatro años de prisión a sujeto que extorsionaba a un transportista del occidente del país

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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador en procedimiento abreviado impuso cuatro años de prisión a Mario Enrique Hernández Navarro, acusado de extorsión en perjuicio de un transportista.

El procedimiento abreviado fue solicitado por las partes y autorizado por la jueza, en el cual el acusado acepta y confiesa el hecho, con el beneficio que la pena sea menor.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2014, en la zona occidental del país, donde sujetos que se identificaban como miembros de maras le hicieron llamadas a un transportista, donde le decían que tenía que entregar la cantidad de 400 dólares ese mismo mes.

Le indicaron a la víctima que las siguientes entregas serían de $200 dólares, eso como condición para que el transportista siguiera trabajando pues de lo contrario le harían daño a sus empleados.

Por este mismo caso ya fue condenado otro sujeto, quien también fue capturado en flagrancia, indicaron fuentes judiciales.

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