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Tres sujetos solicitan un UBER en bar de La Zona Rosa y terminan robando el carro del conductor

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Tres sujetos, entre ellos un menor de edad, fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando transitaban en el sector conocido como el pañuelo, de la colonia Libertad, a bordo de un vehículo robado, perteneciente a un conductor que presta los servicios de UBER.

Según lo relatado por la víctima, los hechos ocurrieron a eso de las 6:45 de la mañana del 11 de agosto de este año, cuando atendió una solicitud del servicio UBER que provenía de un bar situado en La Zona Rosa, específicamente en la calle La Reforma.

Al llegar al lugar, el afectado localizó al joven que pidió el transporte y este estaba junto a otros dos más. Los tres se encontraban en las afueras del sitio de entretenimiento y al subir al automotor le pidieron los llevara al barrio Santa Anita.

Cuando la víctima conducía sobre la 22 calle Poniente, cerca del bulevar Venezuela, los jóvenes le robaron sus pertenencias, lo bajaron del vehículo y lo amenazaron con que no debía reportar nada a la PNC.

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, los imputados fueron identificados como Mauricio Alfredo Iraheta Linares, de 20 años de edad; y Bryan Alexander Bonilla Bonilla, de 20 años; y el joven de 17 años. Los primeros dos fueron enviados a prisión de manera provisional por el Juzgado 8° de Paz de San Salvador; mientras que el último sujeto fue remitido al Juzgado Primero de Menores.

La detención de los imputados

La tarde del mismo día en que los tres jóvenes robaron el vehículo del conductor de UBER, la PNC logró localizarlos a eso de las 2:00 de la tarde y fueron acusados del delito de robo de vehículos automotores.

El requerimiento de la Fiscalía manifiesta que una hora antes de la detención el sistema de emergencias del 911 alertó a un grupo de agentes policiales que en el sector de la colonia Libertad se desplazaba un vehículo con reporte de robo.

Momentos después, los policías lograron ubicar al vehículo sobre la 17 avenida Sur, por lo que lo intervinieron. Iraheta era quien conducía y al momento en que los agentes le solicitaron los documentos del carro indicó que no los tenía, mientras que los otros dos sujetos no pudieron dar las razones del porqué iban a bordo.

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Defensores en “Caso Corruptela” aseguran que sus clientes fueron sometidos a una serie de torturas para obligarlos a criteriarse bajo la administración de Douglas Meléndez

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Parte defensora en “Caso Corruptela” asegura que sus clientes fueron sometió a una serie de torturas para obligarlos a criteriarse

Más señalamientos siguen vertiéndose en contra del exfiscal de la República, Douglas Meléndez, quien es acusado de presuntas torturas hacia testigos criteriados para fabricar pruebas “amañadas” el caso “Corruptela”, con el fin de una posible reelección al frente Fiscalía General de la República (FGR).

Esta vez la parte defensora de los acusados mencionó que a sus clientes se les sometió a una serie de torturas para obligarlos a criteriarse y así declarar a favor de la FGR para ganar el caso en mención.

De hecho, el Juzgado 4o de Instrucción días atrás reconoció mediante una resolución judicial de las graves ilegalidades que fueron cometidas por la Fiscalía en el “Caso Corruptela” y otros más bajo la administración de Douglas Meléndez.

“Se ha señalado una serie de irregularidades por la mala investigación ilegal que la Fiscalía General de la República (FGR) en este caso particular”, dijo uno de los defensores.

Al experto en derecho indicó que dentro del caso existe una serie de anomalías cometidas por la FGR en su momento como la invasión de funciones hacia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), nombrar defensores particulares a testigos bajo criterio de oportunidad y el pago de honorarios a los mismos.

“Hay una serie de cuestiones bien puntales y delicadas. La fiscalía invadió funciones propias de la Procuraduría General de la República en el criterio de oportunidad perverso que en su oportunidad se les otorgó a mis defendidos, en tato la fiscalía liberó defensores y les pagó honorarios a éstos”.

El mismo abogado defensor recalcó que “La Fiscalía no está para nombrarle defensores particulares a las personas sometidas a procesos de investigación”.

Sobre las presuntas torturas a las que habrían sido sometidos sus defensores subrayó que la FGR los obligó a declarar a su favor, caso contrario serían expuestos a los medios de comunicación y terminarían encarcelados.

“Ese es un tema bastante delicado porque si lo queremos ver como tortura, pueden darse de forma física o psicológica. En ese sentido nosotros siempre hemos manejado que las amenazas pudieron darse orientadas a qué sino colaboraban de los hechos que se les estaban atribuyendo, iban a ser procesados y expuestos ante los medios comunicación masiva. Aparte de eso iban a ir detenidos”  

Dejó en claro también que en este proceso que actualmente se ventila en los juzgados “ellos lo están enfrentando por voluntad propia. Ellos renunciaron al criterio de oportunidad para someterse al proceso y que salga a la luz esta investigación ilegal que sobre ellos se ejerció”, sentenció la parte defensora.  

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Extorsionistas de San Marcos son condenados a 15 años de prisión

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El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de cárcel a Erick Antonio Valeriano y José Raúl Aguilares por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante en la zona de San Marcos.

Asimismo, el Tribunal les impuso cancelar la cantidad de $600 en concepto de responsabilidad civil.

Según el relato de la víctima con régimen de protección, fue extorsionada por aproximadamente tres años, en la que supuestos miembros de pandillas le exigieron $600 mensuales.

Argumentó que mediante anónimos amenazantes, los extorsionistas le manifestaban “que de no entregar peligraba la vida de todos”, relató la víctima.

Condenan a 15 años de cárcel a extorsionistas que exigían $600 mensuales a víctimaEl Tribunal 2° de Sentencia de San…

Posted by Centros Judiciales El Salvador on Tuesday, 17 September 2019

Dijo también que mensualmente llegaban a retirar el dinero a su negocio, pero que en diciembre de 2018, le exigieron la cantidad de $1,200, por lo que decidió interponer denuncia policial donde los agentes realizaron entregas controladas, logrando la captura de los ahora condenados.

A ambos condenado, se les encontró el dinero el que previamente había sido seriado por los agentes policiales.

Foto referencia.

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LARGA CONDENA: Sentencian a 58 años de prisión a sujeto que abusó de dos niñas en San Martín y Soyapango

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Jesús N.N. fue condenado por violar a dos niñas de seis años, las cuales según información de la Fiscalía eran sus familiares; los casos fueron reportados en los municipios de San Martín y Soyapango durante el 2006 y 2012.

Según la investigación de los fiscales, el primer caso ocurrió en San Martín cuando el sujeto aprovechaba para agredirla sexualmente y violarla a una de las menores mientras sus padres se encontraba trabajando.

Después, el sujeto cambió de lugar de residencia en Soyapango donde volvió actuar de la misma manera en contra de una menor.

Las agresiones y violaciones ocurrieron cuando las menores tenían seis años; actualmente tienen 19 y 13 años.

Los casos fueron reportados ante la Fiscalía y la PNC, la denuncia dejó como resultado la detención del agresor al que procesaron judicialmente.

Más de medio siglo encerrado 

El lunes 16 de septiembre, el sujeto enfrentó vista pública en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por los delitos de violación en menor o incapaz agravada y continuada, agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada y agresión sexual en menor o incapaz agravada.

Al comprobar su participación en estos casos, el juzgado lo condenó a 58 años de prisión; de ese total, 26 fueron por el delito de violación en menor o incapaz; 16 por agresión sexual en una de las niñas quien ahora es mayor de edad; y 16 más por el delito de agresión sexual.

Durante las investigaciones, los fiscales de la Unidad de Delitos relativos de la Mujer, Niñez y Adolescencia, de la oficina de Soyapango demostraron en el juicio que el comportamiento del condenado era consecuente con su actuar criminal.

Ese argumento fue planteado por el Ministerio Público debido a que se presentaron diversos peritajes científicos realizados por expertos del Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador a las víctimas.

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