Sala ordena a la Fuerza Armada y Estado Mayor investigar sobre desaparición de dos jóvenes a manos de militares en San Martín - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Sala ordena a la Fuerza Armada y Estado Mayor investigar sobre desaparición de dos jóvenes a manos de militares en San Martín

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia en la que ordena a la Fuerza Armada y al Estado Mayor Conjunto investigar la desaparición forzada de dos jóvenes a manos de siete militares ocurrida en el municipio de San Martín en 2014.

Según un comunicado de la Sala, el solicitante interpuso un habeas corpus ante esta instancia en la que se argumentó que los dos jóvenes salieron de su casa y se dirigieron al mercado del municipio de San Martín, donde fueron interceptados por siete soldados uniformados con boina roja-ocre y franja anaranjada, al parecer miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes los habrían desaparecido.

Según el relato, este grupo militar detuvo a los jóvenes, los registraron y los golpearon, luego procedieron a amarrarlos con las manos hacia atrás y los exhibieron recorriendo el mercado. Posteriormente, los subieron a un carro blanco sin placas, doble cabina tipo pick up, y luego de un tiempo, los mismos soldados los bajaron en la Colonia Santa María y desde entonces nadie da información de ellos.

El comunicado de la Sala asegura que pese a que los jóvenes fueron capturados por militares que habitualmente patrullaban el mercado y sus alrededores, nunca fueron remitidos a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República o la autoridad judicial. En este sentido, su detención ha sido ilegal y a estas alturas puede considerarse como una desaparición forzada de personas, manifiesta la publicación.

A criterio de los magistrados lo ocurrido ese 30 de julio de 2014 en el mercado de San Martín puede considerarse como una desaparición forzada a manos de miembros de la Fuerza Armada, pues desde esa fecha en que fueron intervenidos por los soldados no han sido vistos nuevamente.

Como efecto de esta sentencia, la Sala ordena al ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Félix Núñez realicen nuevas indagaciones internas y exhaustivas sobre las desapariciones forzadas de los jóvenes, con el objeto de determinar lo sucedido y los responsables concretos desde el inicio de su desaparición hasta el momento actual en que se desconoce su paradero, para localizarlos y hacer cesar la lesión a sus derechos constitucionales.

Asimismo, les ordena mantener informada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que puedan investigar lo sucedido y se de con el paradero de los dos jóvenes, ya sea vivos o muertos.

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CONDENADOS: Marido y mujer son enviados a la cárcel por extorsionar en San Miguel

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Ricardo Ernesto Cano Ramírez y, su pareja, Carolina del Rosario Ramos Ramos, aceptaron voluntariamente haber “renteado” a tres víctimas a través de llamadas telefónicas y a nombre de la MS-13, con cantidades de 200, 40 y 20 dólares, en el año 2015, afirmaron Fiscales de San Miguel.

Marido y mujer, decidieron someterse a un procedimiento abreviado donde aceptaron el hecho, en el juicio en el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, que condenó a Cano Ramírez, a 45 años tras las rejas (15 años por cada víctima), y a Ramos Ramos a 10 años  (tres años y cuatro meses por cada persona ofendida).

Las tres víctimas con régimen de protección fueron chantajeadas con que les quitarían la vida y de similar forma a través de llamadas telefónicas en el mes de junio del año 2015. Dos de las llamadas fueron realizadas por el hombre desde el penal de San Miguel, donde está recluido. La otra, la hizo la mujer.

A dos de las víctimas le demandaron la entrega de US$1,000.00, al final tras las negociaciones, una de ellas solo entregó US$200.00, y la segunda US$40.00. A la otra persona ofendida le exigieron US$20.00.

Todas las víctimas depositaron el dinero en los servicios de envío de dinero de una compañía telefónica en el mes de junio del año 2015.

Nota tomada de El Blog

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ÚLTIMA HORA: Se suspende audiencia contra violentos jóvenes implicados en protestas y daños

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FOTOS LPG , EL MUNDO SV, EL SALVADOR.COM

Este viernes se suspendió la audiencia inicial contra José Luis Bernal (estudiante de Periodismo de la Universidad de El Salvador) y Brayan Martínez, ambos capturados el miércoles pasado acusados de causar daños al edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la marcha contra la privatización del agua.

El motivo de la suspendió de la diligencia judicial fue porque la jueza del caso presentó problemas de salud, por lo que fue reprogramada para el próximo martes 26 de marzo, a las 10:00 a.m.

Cabe destacar que el día jueves, ambos jóvenes fueron puestos en libertad luego que la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó al Juzgado prisión provisional ni medidas alternas a la detención contra los jóvenes. (Fotos cortesía/Universidad de El Salvador)

Por ello, tanto Bernal como Martínez debían acudir este viernes al Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, a las 10:00 a.m para enfrentar la audiencia inicial por los supuestos daños causados en el edificio de la Corte Suprema de Justicia y algunos vehículos ubicados en la zona.

Desde el momento de su detención, el rector de la UES, Roger Arias, junto a estudiantes y trabajadores del alma mater acompañaron en todo el proceso al estudiante.

“El joven Martínez, perteneciente a artistas urbanos también fue liberado”, señaló Roger Arias.

Según el rector, José Luis Bernal fue detenido mientras daba cobertura a la marcha contra la privatización del agua este miércoles. El estudiante realizaba prácticas de fotografía como parte de su formación académica.

Tras su liberación, el estudiante asistió a una reunión del Consejo Superior Universitario donde expuso que “Si esto está pasando es porque nos quieren detener”.

NOTA TOMADA DE EL BLOG

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Condenan a 110 años de prisión a pandillero por 14 homicidios

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El Juzgado Especializado de Sentencia “B” de San Salvador condenó a 110 años de prisión al pandillero Víctor Alfredo Rivas, por 14 homicidios agravados.

Asimismo otros  14 terroristas más fueron condenados a 13 años cuatro meses de cárcel. 

Los condenados cometieron los hechos entre el 2014 al 2016, en el municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, donde operaba la pandilla a la que los ahora condenados pertenecían.

Durante el fallo se expresó que muchos de los homicidios fueron cometidos por problemas entre pandillas o por “cuotas” de muertes que los pandilleros libres tenían que cometer.

 En el juicio declaró un testigo con criterio de oportunidad quien señaló que  mensualmente tenían que matar a dos personas, orden que era dada por los líderes de la pandilla recluidos en diferentes centros penales como el de Ciudad Barrios.

En el fallo la juzgadora justificó que las condenas se daban porque la declaración del testigo con régimen de protección era congruente a la prueba documental y pericial, porque todo lo narrado por éste se pudo verificar con la prueba de documental y pericial que contaba el proceso.

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