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Judicial

Profesional del derecho interpone aviso penal ante la FGR por presunta existencia de actos de corrupción en el Juzgado Cuarto de Familia de San Salvador

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En los últimos días ha corrido la noticia que en el Juzgado Cuarto de Familia e San Salvador se estarían dando actos de corrupción cometidos presuntamente por el Secretario y Notificador de la misma sede judicial, según una profesional del derecho quien ya ha interpuesto un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Específicamente, los casos que llamaron más la atención de la demandante han sido los que tienen que ver con declaratorias de divorcio y en de adopción, procesos que han sido según la profesional del derecho, resueltos en tiempo “récord” (pocos días), y que han sido trabajados hasta en la misma oficina de uno de los usuarios o interesados en proceso de divorcio.

Esto ha llevado a la demandante a creer que dentro del juzgado en mención existan graves indicios de haberse cometido actos de corrupción para favorecer a ciertos abogados y sus clientes, brindándoles trámites exprés que contrastan totalmente con el alargamiento de plazos y actividad judicial que normalmente representa diligenciar un proceso de familia en ese tribunal.

En el primero de los casos que llamó la atención del denunciante fue el hecho que un mismo usuario en tres ocasiones solicitó la declaratoria de divorcio de sus respectivos matrimonios y de su clienta con quien después contrajo matrimonio.

Lo curioso de ello es que todos los procesos se llevaron en el mismo juzgado, a pesar que en San Salvador, se cuenta con cuatro juzgados de familia y a la vez con una oficina receptora y distribuidora de demandas que precisamente se encarga de direccionar cada demanda, haciendo prácticamente imposible que las cuatro demandas del mismo peticionante en distintos periodos lleguen al mismo tribunal Juzgado Cuarto de Familia y sean adjudicados a los mismos empleados, el Secretario y el Notificador en todos los casos.

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Sin embargo, los indicios de corrupción quedan en evidencia, al advertir que al demandante se le siguieron sus dos procesos de divorcio con sus respectivas parejas, en el mismo tribunal y se resolvieron con inusitada celeridad impropia de los plazos legales que ordinariamente se requieren para llegar a sentencia en cualquier proceso de divorcio en el referido juzgado. Además, también tuvo un similar beneficio en el mismo juzgado, con un proceso resuelto en cuestión de días, una usuaria que solo meses después terminó por convertirse en la tercera esposa del otro demandante al que se hizo referencia previamente.

De acuerdo a la relación de hechos contenidos en el aviso penal, del que se tuvo conocimiento por parte de este medio, el demandante, habría tenido contacto permanente y compensando por medio de entrega de dádivas al Secretario y Notificador del juzgado de familia donde laboraban los señalados.

Por consecuencia, el pago de esas dádivas le habría permitido al demandante que se manipulara la oficina de distribución de demandas para que sus dos demandas de divorcios y el divorcio de su actual cónyuge, fueren remitidas al Juzgado donde laboran los señalados; las demandas habrían sido preparadas por el notificador, inclusive llegando a trabajarlas en la oficina del demandante y que durante el trámite para declarar la cancelación de los matrimonios contó con asesoría permanente del Secretario del juzgado; finalmente, logró que sus procesos se resolviesen en cuestión de días, cuando lo ordinario en dicho juzgado por un caso similar podía implicar de seis a ocho meses.

Los empleados judiciales señalados en la investigación también habrían asesorado y aceptado beneficios como dádivas en el seguimiento de otros procesos de familia y hasta en más de algún caso de adopción. Finalmente, en el aviso penal, se solicitaron las bitácoras de registros telefónicos del Secretario y Notificador con el demandante y favorecido injustamente por tráfico de influencias, como por conductas que podrían ser constitutivas de los delitos de cohecho activo y cohecho propio.

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Judicial

Capturan a pandilleros acusados de varios crímenes en Santa Ana

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La guerra contra las pandillas que mantiene firme el Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa golpeando los remanentes de estas estructuras criminales y haciendo que sus integrantes sean llevados ante la justicia para que paguen por los crímenes contra la población salvadoreña.

A través de un nuevo operativo, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de 29 integrantes de la estructura terrorista Barrio 18 Sureños, quienes delinquían en diferentes partes de Santa Ana, entre estas, el cantón Valle del Matazano.

Con las capturas e intimaciones, la FGR está resolviendo varios casos de homicidio agravado, desaparición de personas, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, detallaron fuentes fiscales.

Entre los detenidos están Óscar Omar Castaneda Arriola, Douglas Rigoberto Barrera Rosales, Selena Maribel Monterrosa Romero y Marcos Ovidio Marroquín Escobar, quienes fueron detenidos en el cantón Valle del Matazano y Los Naranjos, de Santa Ana, y en el cantón Ayutepeque, de Chalchuapa.

Mientras que el resto de los involucrados ya guarda prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y en los centros penales de Izalco, San Vicente, San Francisco Gotera y La Esperanza, conocido como Mariona, donde se les notificaron los nuevos delitos.

Entre los casos resueltos con este operativo se encuentra un triple homicidio ocurrido el 10 de junio de 2020 en la finca Santa Rosa, del cantón Valle del Matazano.

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Judicial

Cárcel a hombre que violó en reiteradas ocasiones a menor de edad

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Camilo Arnoldo Mena recibió una condena de 20 años de prisión por haber sido declarado culpable de la violación de una menor de edad. Las agresiones fueron cometidas por el imputado en marzo de 2022, en el caserío Jicarito, cantón El Coco, Chalchuapa, Santa Ana.

Según la investigación, el imputado tenía una tienda y en horas de la noche la víctima llegó a comprar, él le dijo que el producto se lo entregaría por el portón, aprovechando ese momento para tomar por la fuerza a la menor y agredirla sexualmente.

Luego el imputado la amenazó para que no comentara nada de lo sucedido.

En una segunda ocasión, el imputado la volvió a agredir pero esta vez la menor decidió contarle a un familiar, quien denunció a Mena.

La Fiscalía presentó prueba, documental, pericial y testimonial que demostraron la culpabilidad del imputado, logrando que el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana impusiera la pena.

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Profesor de Quezaltepeque es condenado a 18 años de prisión por acosar a cinco estudiantes

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Carlos Balmore Valdez Morales fue condenado a 18 años de prisión por acosar a 5 estudiantes de octavo grado, en Quezaltepeque, La Libertad.

Según la información de la Fiscalía, los acosos sucedieron en reiteradas ocasiones durante los meses de mayo a noviembre de 2022, el imputado era el docente de las víctimas.

«De acuerdo con las investigaciones, el profesor se aprovechó de la cercanía y autoridad que tenía con sus alumnos para incitarlos a tener relaciones sexuales entre ellos y les invitaba a dormir en su casa, donde los tocaba indebidamente», señaló el fiscal del caso.

La fuente fiscal detalló que Valdez Morales mantenía amenazadas a las víctimas para que cumplieran con sus órdenes o de lo contrario les bajaría las calificaciones; por miedo los menores también callaron.

«En el año 2023, tras cambios de administración y docencia, las víctimas pudieron contar lo que estaban viviendo y los familiares denunciaron al imputado ante las autoridades y ante la Junta de la Carrera Docente para iniciar con las pertinentes investigaciones», indicó el fiscal.

La sentencia fue decretada por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, el cual valoró la prueba documental, pericial y testimonial que presentó el fiscal del caso en el juicio.

Según reportes de la Fiscalía, 12 profesores fueron condenados por delitos sexuales entre 2021 y 2023. La incidencia de las agresiones sexuales de docentes contra estudiantes dista mucho de las cometidas en años anteriores, por ejemplo, entre 2015 y 2020 un total de 125 docentes fueron denunciados por violencia sexual, según los registros del Tribunal de la Carrera Docente, dependencia del ministerior de Educación.

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En otro caso, el pasado 10 de marzo, Mario Arístides Velasco Moreno fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión por el delito de violación en menor e incapaz agravada en modalidad continuada. Según la Fiscalía, los hechos sucedieron entre el 2018 y 2020, en la casa de habitación de la víctima, ubicada en la colonia Málaga, al sur de San Salvador.

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