Judicial
Prisión preventiva para acusados de homicidio de niño de 9 años
El Juzgado de Paz de Candelaria de la Frontera decretó instrucción formal con detención provisional contra Pablo Gilberto Martínez y José Antonio Cruz, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de homicidio agravado en perjuicio de quien en vida fuera un menor de 9 años de edad.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó prueba documental, pericial y documental para acreditar la existencia del delito y la posible participación de los imputados en la comisión del delito. Entre estas, álbum fotográfico, inspecciones y allanamientos, entre otras.
Además, consta en el proceso que el imputado Pablo Gilberto realizó una confesión del delito cometido en sede administrativa, frente a inspectores policiales y un abogado; aunque durante la audiencia inicial se abstuvo de rendir la declaración indagatoria.
Ante esto, el Juez consideró que se logró establecer que hay indicios suficientes para considerar que estas personas podrían ser las responsables de haber cometido el homicidio. Por ello, envió el proceso a la siguiente etapa para que la Fiscalía continúe con las investigaciones; y decretó la detención provisional tomando en cuenta que se trata de un delito grave.
El hecho por el que se abrió este proceso ocurrió el 23 de agosto en el caserío Boca de la Montaña, del cantón Casas de Teja, en Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
La última vez que vieron con vida al menor, según testigos, fue la tarde del viernes 23 de agosto, cuando iba en compañía de Pablo Gilberto. Después, ya no regresó a su casa. Sus parientes lo reportaron como desaparecido en la Policía la noche del mismo día; y no fue sino hasta el sábado 24 por la mañana que lo encontraron sin vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de dos personas que se encuentran vinculadas en el delito de hurto por medios informáticos.
Las personas fueron identificadas como José Alexis Osorio Moran y Ada Lisseth Granados Álvarez, quienes fueron capturados en el departamento de Chalatenango.
Según los reportes, ambos le enviaron un link a una víctima a través de un correo electrónico. Al abrir ese correo, la víctima comenzó a recibir mensajes de movimientos en su cuenta bancaria.
Posteriormente, los imputados se habían hecho 5 transferencias a distintas cuentas de banco, por lo que se hizo un total de $14,000.
El pandillero Oscar Wilfredo Hernández fue sentenciado a 20 años de prisión por matar a un hombre después de que este se negara a pagar dinero de extorsión, en el distrito de El Rosario, departamento de Cuscatlán.
Este caso se dio en diciembre de 2016, cuando la víctima fue atacada con arma de fuego mientras caminaba por la calle principal de la colonia El Calvario en El Rosario, Cuscatlán.
El condenado, junto con otros dos pandilleros, interceptaron al campesino identificado como Eliézar de Jesús Peña Martínez, de 63 años, y le ordenaron detenerse, pero el hombre no les hizo caso y siguió su camino, por lo que los sujetos le dispararon causándole la muerte. Los pandilleros exigían que el campesino les diera dinero a cambio de no atentar contra su vida.
La víctima recibió varias heridas de bala en el cráneo, cuello y estómago. Otros pandilleros que acompañaron a Hernández ya están cumpliendo penas de prisión. Estos responden a los nombres de Wilfredo Hernández Navarro y José Efraín Sánchez Echeverría, miembros del barrio 18
Un par de sujetos enfrentaron una audiencia inicial en su contra tras ser acusados por el delito de hurto al interior de una sucursal de una reconocida cadena de supermercados.
Los imputados fueron identificados como, Erick Geovanny H. Z. y William Abimail C., de 25 y 20 años respectivamente,
El hecho se registró el jueves de la semana pasada, cuando los sujetos ingresaron al local, en el distrito de San Martín y procedieron a tomar una botella de licor para meterla en un bolsón.
No contaron con que serían detectados por las cámaras de vigilancia del establecimiento. El personal de seguridad los retuvo hasta que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para capturarlos.
Por los hechos, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín resolvió autorizar la conciliación entre los sujetos y el representante legal de la empresa; como parte de la conciliación se les impuso no volver a ingresar a ninguna sucursal; además, pagaron $50 que corresponde al valor de lo hurtado.
