Miembros de la banda “Los Profesionales” cancelan $20 mil de fianza por continuar el proceso en libertad - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Judicial

Miembros de la banda “Los Profesionales” cancelan $20 mil de fianza por continuar el proceso en libertad

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El juzgado Especializado de Santa Ana liberó a los miembros de la banda denominada “profesionales”, acusados de estafar a personas en el departamento  de Sonsonate.

Los abogados, notarios, contadores y hasta un empleado de la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), integraban un grupo que se dedicaba a hacer traspaso de viviendas, vehículos y diferentes inmuebles de forma ilegal.

Los abogados pagaron $20 mil dólares de fianza para poder continuar el proceso en su contra el libertad. Mientras que el empleado de la PDDH pagó $10 mil dólares.

Francisco Javier Vásquez y Reina Patricia Zelaya Pérez, ambos abogados y los abogados penalistas responden a los nombres de Israel Eduardo Orellana, de 64 años, Daniel Alexander Gómez, de 39 y Víctor Alexander Villegas Gaitán, de 39.

Así como Juan Antonio Hernández Ibarra, empleado de la PDDH,, el contador Francisco Javier Vásquez Cortez y José Alfonso Recinos Cárcamo, de 45 años de edad, quien trabajaba como taxista; a quienes se les decretó instrucción formal con detención provisional.

Todos fueron arrestados el pasado 30 de octubre en diferentes puntos de Sonsonate y San Salvador por ser parte de la estructura que se dedicaba a estafar creando documentos falsos.

 

 

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Sujetos son condenados a 3 años de prisión al intentar introducir en una granja de rehabilitación $200 en sus estómagos

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Dos sujetos fueron sorprendidos intentando introducir $200 a la Granja de Rehabilitación para jóvenes en conflicto de Ilobasco, departamento de Cabañas.

Según el reporte fiscal, dos reos de una Granja Penitenciaria incurrieron en el delito de Tráfico de Objetos Prohibidos en Centros Penitenciarios de Detención o Reeducativos; por lo que fueron condenaron a tres años de prisión sin reemplazo de la pena.

Los imputados identificados como Julián Antonio Chávez y Saúl Francisco Álvarez Benítez, el 9 de mayo de 2018, alrededor de las 4:30 de la tarde, fueron detenidos luego de regresar del Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor del departamento San Miguel, por el intento de introducir objetos prohibidos al interior de la Granja de Rehabilitación, en Ilobasco.

Según el informe fiscal en la fecha antes mencionada, los dos internos habían salido de la Granja de Rehabilitación, con dirección al Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor de San Miguel, y regresaron alrededor de las 4:30 de la tarde de ese mismo día; al llegar los separaron para tenerlos en observación, ya que los custodios que los acompañaron a San Miguel se enteraron que habían ingerido algún objeto extraño.

Mientras los mantenían en observación y en presencia del agente que los custodiaba, comenzaron a expulsar en las heces fecales, el primero Julián Antonio Chávez Guevara, tres pelotitas envueltas en recortes de plástico, seis billetes de la denominación de $20.00 cada uno, haciendo un total de $120, al segundo Saúl Francisco Álvarez Benítez, expulso de la misma manera cuatro billetes de $20 haciendo un total de $80.00; por lo se procedió a la incautación de dichos billetes, coordinando con la Policía Nacional Civil, para que tomaran el procedimiento.

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Continúa juicio contra dos médicos del Instituto de Medicina Legal por negociaciones ilícitas y falsedad ideológica

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Cortesía medios informativos






El Tribunal 2° de Sentencia  de San Salvador continúo hoy la vista pública contra los doctores Juan Carlos Monterrosa  y  Josefina Morales de Monterrosa acusados de negociaciones ilícitas, asimismo se procesa a la sobrina de Morales,   Sindi Berenice García de Portillo  por falsedad ideológica.

Este día declararon seis testigos propuestos por la Fiscalía siendo uno de ellos Héctor Tijiboy, quien es el Director de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI).

Tijiboy  manifestó que él emitió ante la FGR un aviso el 17 de marzo del 2016 sobre algunas inconsistencia presentadas en una unidad de Medicina Legal (IML), luego de que los miembros de la Comisión de Evaluación de Oferta (CEO) le formularan un informe sobre una contratación directa (CD042016), emitida por Monterrosa Pachaca, quien fungía como Director del Laboratorio Biológico Forense de Medicinal Legal.

El informe de compras  refleja que los precios de los productos adquiridos eran hasta 10 veces  mayor al precio del mercado; haciendo saber ante las partes pertinentes el mecanismo para realizar una contratación directa, la cual se da cuando se declara en dos ocasiones una licitación desierta, es decir que no se presenta ninguna empresa a ofrecer sus productos, lo cual le da la facultad al contratante de realizar una contratación directa sin antes ser analizada por la CEO.

Además, declaró que dichos procesos lo realizan los Directores de cada unidad, para posteriormente emitirle la lista de pedidos y proveedores al Director de IML, para que éste se lo traslade a Corte Plena para que el siguiente año el Ministerio de  Hacienda designe el presupuesto solicitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Finalmente, declararon cinco Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron las capturas y allanamientos de los imputados, narrando que en la vivienda de García encontraron un documento que la vinculaban con los doctores Monterrosa, asimismo, declararon que en la oficina de Monterrosa  encontraron boletas del Seguro Social a nombre de García.

La vista pública continuará mañana a las 8 de la mañana, con la exposición de los demás testigos de cargo.

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Pandilleros del Centro Histórico enfrentaran juicio en libertad

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foto La Prensa Gráfica






El Juzgado 10° de ¨Paz de San Salvador resolvió instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional en contra de Ramsés Aarón Hernández Córdova, de 36 años de edad; y Reina Elizabeth Carballo Serrano de 37, ambos acusados de agrupaciones ilícitas en perjuicio del bienestar público.

Según la relación circunstancial de los hechos, presentada en requerimiento por la Fiscalía General de la República, el pasado 11 de enero, alrededor de las 4:00 de la tarde, los dos imputados fueron capturados al interior del punto de microbuses de la ruta 17, en la avenida Cuscatlán, entre la  octava y decima calle poniente en San Salvador, cuando se encontraban pidiendo dinero, de forma intimidante a cada uno de los usuarios de este transporte público, antes de subir a la unidad.

Según declaraciones de los agentes de la Policía Nacional Civil, estaban acompañados de otros seis sujetos, todos intentaron huir y les dieron persecución pero solo se pudo capturar a Ramses Hernández y Reina Serrano, quiens no portaban documentos de identificación.

El Juzgado 10° de paz resolvió las medidas sustitutivas a la detención de no cambiar de domicilio, presentarse a firmar al Juzgado que le sea requerido y presentarse a continuar con el proceso en fase de instrucción cuando les sea establecido.

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