Mauricio Funes y La Michy con cuarta orden de captura por caso "Chaparral" - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Mauricio Funes y La Michy con cuarta orden de captura por caso «Chaparral»

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El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador giró una nueva orden de captura en contra del expresidente de la República Mauricio Funes y su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán, por el caso de corrupción en la construcción de la presa «El Chaparral» durante su gestión. 

El caso ahora pasa al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador quien da un plazo de seis meses para continuar con las investigaciones. En este mismo caso son procesados el extitular de CEL Leopoldo Samour; el empresario y amigo cercano de Funes Miguel Menéndez (Mecafé); Mario Pieragostini y José Enfraín Quinteros, ambos representantes de Astaldi.

El 4 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento en su contra por los delitos de lavado de dinero, activos, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho activo.

Las investigaciones apuntan que Funes realizó un pagó más de $108.5 millones a la empresa Astaldi (empresa italiana) luego de que esta dejara en abandono la construcción de la represa El Chaparral.

El fiscal de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero y Activo señaló que de los $45 millones, Astaldi traspasó $3.5 millones para los imputados a través de dos empresas de Miguel Menéndez registradas en Panamá mientras que un millón de dólares sirvió para la instalación del Latín Spa, de Ada Michelle Guzmán.

El ministerio señaló que Funes no actuó como «actor directo pero sí tiene injerencia en la colocación del presidente de CEL que  le giraba instrucciones no de forma oficial pero sí de una forma directa y también era secundado por Miguel Menéndez con quien también tenía tratos».

Esta sería la cuarta orden de aprehensión que el exmandario tiene en su contra. Actualmente se encuentra asilado en Nicaragua.  

Spa a nombre de Ada Mitchelle Guzmán

En el dictamen de acusación señala que Funes y Menéndez ocuparon empresas fachadas para que Astaldi transfiriera $3 millones que sirvieron para la creación y funcionamiento de una franquicia de masajes y peluquería denominada Latin America Spa, donde Guzmán era propietaria junto con su compañero de vida. 

“De esos fondos a nombre de esta sociedad, fueron  adquiridos dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la Colonia  Maquilishuat, donde funcionaba el Spa, y otro en Sierra de Santa Elena, que era residencia de la señora Guzmán”, señaló en Twitter la Fiscalía. En este caso, Guzmán es acusada de lavado de dinero.

Información tomada de El Salvador Times.

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Tribunal de Ética sanciona con $1,006.80 a juez por dar su vehículo a terceros

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El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) anunció que sancionó al Juez de Paz propietario de Santiago Texacuangos, en San Salvador, con $1,006.80 por ceder su vehículo asignado por el estado a personas ajenas a la institución y al Órgano Judicial. 

De acuerdo con el TEG, el juez Fernando Vásquez Martínez permitió a una persona utilizar el vehículo que se les asigna a los jueces de parte del Estado (que se paga con fondos públicos) para que lo utilizara, violando el artículo cinco de la Ley de Ética Gubernamental (LEG). 

«Utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios para el cumplimiento de los fines institucionales para los que están destinados», reza el referido artículo al mencionar las sanciones. El Tribunal aclaró que cuando se entrega vehículos para uso «discrecional» no quiere decir que no tenga restricciones. 

«El TEG reitera que un vehículo de “uso discrecional” no puede interpretarse como uso “libre”, “sin restricciones”, “conforme al criterio personal” sino que siempre debe entenderse como un uso sujeto al cumplimiento del interés público y de los fines encomendados a su institución.», escribió en la cuenta de Twitter de la institución.

Por: El Salvador Times.

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Condenan a psiquiatra por manosear a mujer durante psicoterapia en colonia Escalón

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a tres años de prisión a un psiquiatra identificado como Ernesto Armando Sol Schaeufler, de 46 años, por acoso en perjuicio de la víctima con régimen de protección clave “flor”, quien era su paciente.

A pesar de la sentencia emitida durante la vista pública, dicha pena será sustituida por jornadas de trabajo de utilidad pública, el cual será determinado por un Juzgado de Vigilancia y Ejecución de la Pena.

Fuentes judiciales indicaron que se estableció durante la vista pública la participación de Sol Schaeufler a través del testimonio de la víctima, así como el peritaje de la extracción de la información en la que se concluyó que si hubo comunicación entre el psiquiatra y la víctima, en la que le pedía disculpas por los tocamientos que le realizó.

En el juicio declaró la víctima “Flor”, quien dijo que pasó consulta con el psiquiatra, en su casa de habitación situada en la colonia Escalón, el pasado 9 de febrero de 2017, por un cuadro de depresión, donde el especialista le recetó diferentes tipos de medicamentos como quetiapina, bromazepam y venlafaxina.

Posteriormente, según el testimonio de la víctima; el imputado la citó para realizar una psicoterapia, y le dio una pastilla llamada Olanzapina, sin embargo la paciente no se la tomó.

Luego cuando iniciaba la psicoterapia, el ahora condenado empezó a tocarle sus partes íntimas, por lo que la víctima denunció el hecho ante las autoridades competentes.

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Salen libres 14 personas detenidas en «Operación Escudo Regional», entre ellos dos abogadas, un médico y un policía

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Debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó suficientes pruebas en contra de los señalados, los jueces a cargo de procesar a los detenidos de la «Operación Escudo Regional» dejaron en libertad a 14 personas que fueron detenidas el jueves pasado.

Entre ellos se encontraba Carlos Torres González, un médico de Fosalud, quien labora en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana.

El Juzgado de Instrucción Antimafia sostuvo que no habían pruebas para incriminar a Torres González en el delito que la Fiscalía había señalado.

A los detenidos, la Fiscalía los acusaba de colaborar con estructuras de la Mara Salvatrucha en diferentes puntos del país.

También fueron puestos bajo libertad a Yanira Recinos Miranda y Patricia Alfarom dos abogadas quienes fueron arrestadas en sus viviendas durante la madrugada del día en cuestión.

Por otro lado, un policía también recobró su libertad tras las valoraciones de los jueces. Aunque para ello debieron pagar 500 dólares de fianza y usar brazaletes electrónicos como medida de prevención.

En dicho operativo se realizaron 274 detenciones en departamentos como Sonsonate, La Libertad, Santa Ana, Ahuachapán, entre otros.

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