Mauricio Arrieta presenta denuncia ante la Fiscalía contra notario, Karla Ivette Escamilla, a quien acusa de falsead documental agravada en poder usado para acusarlo - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Mauricio Arrieta presenta denuncia ante la Fiscalía contra notario, Karla Ivette Escamilla, a quien acusa de falsead documental agravada en poder usado para acusarlo

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Este miércoles 11 de septiembre se ha presentado una nueva denuncia contra la abogada y notario, Karla Ivette Escamilla López, quien actualmente está siendo procesada por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Juzgado Cuarto de Instrucción por el delito de Peculado.

La nueva denunciada, relaciona que Karla Ivette Escamilla López con la intención de involucrar falsamente al arquitecto Mauricio Arrieta, ante sus oficios, relacionó falsamente las credenciales con que actúa para otorgar un poder al licenciado René Medrano en nombre de una sociedad en Barbados, poder dado al abogado Jesús Edgardo Ventura Ayala, el día 3 de mayo 2019 y nuevamente al día siguiente, intentó sorprender al magistrado Antonio Durán de la Cámara Tercera de lo Penal, vuelve a sustituir, ante sus propios oficios de notario, y regresa el mismo poder nuevamente a René Medrano.  

Según la denuncia es tan falso y notorio dicho poder, que la notario afirma haber tenido a la vista el documento original, traducida al español la personería de la junta directiva y relata a los seis directores por sus nombres propios y sus cargos, pero “es tan burda la falsedad que dicha sociedad por ley de creación tiene un mínimo de un director y un máximo de 5 directores, cuando ella relaciona 6 directores, con lo cual se comprueba el delito”.

El abogado René Alberto Medrano, presentó una solicitud para constituirse Querellante, el cual hizo acompañar de un Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial, otorgado ante los oficios notariales de la licenciada Karla Ivette Escamilla López, correspondiente a escritura número cincuenta y tres del Libro de Protocolo número quince, de la referida notario, resultando que en tal instrumento consta que fue otorgado: “En la ciudad de San Salvador a las quince horas del día tres de mayo de dos mil diecinueve, por René Alberto Medrano, quien manifestó actuar en nombre y representación de la Sociedad TRADESAL INC., una sociedad de nacionalidad Barbadense, del domicilio de San Michel, Barbados, quien en esa supuesta calidad le otorga poder especial para querellar, amplio y suficiente en cuanto a derecho fuere procedente, a los abogados Carlos Daniel Ayala Turcios, José Carlos Barrientos Díaz y Jesús Edgardo Ventura Ayala”.

Posteriormente, mediante acta notarial otorgada en la ciudad de San Salvador, a las doce horas y quince minutos del día cuatro de mayo de dos mil diecinueve, suscrita ante sí y por sí, el abogado Jesús Edgardo Ventura Ayala, sustituye en todas y cada una de sus partes el poder que le había sido conferido, en el mismo licenciado René Alberto Medrano, es decir quien lo otorgó en supuesta representación de TRADESAL INC, según se desprende de la denuncia.

“Es por tal motivo, que corresponden al verificar la relación de la personería que la notario autorizante efectuó al momento del otorgamiento del relacionado poder, establece que el licenciado René Alberto Medrano contaba con amplias y suficientes credenciales para comparecer y conferir las potestades relacionadas en el poder especial para querellar, lo cual no coincidía con la realidad.

Precisamente, la notario autorizante y hoy denunciada, en el instrumento público señalado expresa dar fe de ser legítima y suficiente la personería con la cual actuó René Alberto Medrano, con lo cual sorprende como acostumbra hacer a los magistrados de la Cámara Tercera de lo penal y le otorgan ilegalmente la calidad de querellante”, comentó el abogado del denunciante.

Esta no es la primera vez que el abogado Medrano acredita ilegalmente una calidad, ya que también intentó hacerlo en otro proceso penal, aludiendo tener la calidad de apoderado de Tradesal. Lo que fue descartado por la Cámara 2a de San Salvador, mencionada el abogado.

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MOP denuncia grandes anomalías en baipás del Puerto de La Libertad por empresa ganadora de licitación

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Las nuevas autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) denunciaron y elevaron al nivel de la Fiscalía la situación que han encontrado en el baipás de La Libertad, donde han señalado presunta corrupción con una empresa que ganó una licitación de más de $60 millones, pero que tiene récord de problemas con trabajos de menor envergadura.

Además, los denunciantes aseguraron que fueron ignorados reparos de Corte de Cuentas de la República (CCR) y hablan hasta de una amistad entre jefes del ministerio con la empresa ganadora de la licitación.

La construcción del proyecto que ha sido denunciado se realiza en la carretera al Puerto de La Libertad donde se divide en tres segmentos, uno es la apertura de calle, el segundo es la construcción de un puente y el tercer segmento —que es donde existen los señalamientos— es el empalme de la vía con la carretera Litoral.

El titular del MOP, Romeo Rodríguez Herrera, manifestó que les quisieron “esconder” la situación.

“En el segmento tres es donde encontramos las anomalías, de hecho al principio nos escondieron qué es lo que estaba sucediendo dentro del proyecto. Nuestro abogado y nosotros empezamos a indagar y encontramos que estaba a punto de vencer la fianza y ahí fue que actuamos y procedimos a la caducidad del contrato”, indicó.

«Hicieron ganar» a la empresa la licitación

El ministro relató que todo se inició desde el proceso de licitación, ya que desde el ministerio, en ese entonces a cargo de Eliud Ayala, “hicieron ganar” a la empresa Eben Ezer para hacerse cargo de las obra, esto a pesar de que la empresa tiene un amplio récord negativo con proyectos de menor envergadura.

“La empresa había participado en diferentes contratos con el FISDL (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local) Fovial (Fondo de Conservación Vial) en el MOP y no había tenido capacidad de reacción, de hecho había solicitado en diferentes ocasiones prórrogas en contratos mucho más pequeños: de tres millones, un millón de dólares, 500 mil… y en esta obra solo el segmento tres anda por los $17 millones”, denunció Rodríguez.

Agregó que incluso hubo personas de la institución que le recomendaron a Eliud Ayala no contratar a la empresa por los problemas que había tenido. De acuerdo a las leyes salvadoreñas, un titular de una entidad no puede influir para la adjudicación de un proyecto.

“Dicen que le recomendaron al ministro no adjudicarle a la empresa por los problemas que había tenido, pero al parecer —según lo que dicen— es que hay una relación de amistad con estas personas. A pesar de ello se le adjudica a la empresa. Al menos en papeles cumplió con los porcentajes, cumplió la parte técnica y luego llevó la oferta económica más baja y por eso se le adjudicó. Obviamente hay indicios de que no se debía hacer adjudicado”, explicó.

Contrato firmado y múltiples retrasos

Luego de finalizado el proceso, en el contrato firmado entre la entidad del Estado y la empresa privada se establecía un período de seis meses para realizar el diseño y un año para ejecutar los trabajos.

“Se le enviaron diferentes informes al exministro por diferentes incumplimientos… la empresa empezó con retrasos con el diseño, no entregaba porque normalmente se tiene ciertas entregas parciales y se revisa con los equipos. Se crea una unidad ejecutora con el préstamo, normalmente están pendientes de supervisión entonces se estaban dando anomalías de que no cumplían ni siquiera con el diseño y no habían avances, se le estaba informado de esto (a Eliud Ayala), cuando se dio el retraso del diseño se enviaron informes para colocar multas y hacían caso omiso de estos documentos”, indicó.

De acuerdo a Romero Rodríguez, las autoridades de esa época solo le colocaron una multa a la empresa, a pesar de los recurrentes informes, pero solo porque “andaba por ahí” la Corte de Cuentas de la República (CCR).

“Imagino que se tuvo temor (por la CCR) y se puso la multa, pero de ahí se enviaron diferentes multas prácticamente cuando se había cumplido un año, seis meses de retraso del diseño porque llevaban un año y tuvieron una reunión, según comentaron los administradores del contrato, con el exministro y otras personas de alto nivel”, señaló.

$5 millones de anticipo que se utilizaron «para otro tipo de cosas»

En esa reunión, dijo el ministro, se les quitó los celulares a todos los que estaban dentro y se acordó “ayudarle” a la empresa a terminar porque no se había iniciado la construcción y solo les quedaba seis meses para cumplir con los 18 que se habían pactado.

Rodríguez añadió que en ese momento se podía haber terminado el contrato porque no se podía hacer en seis meses lo que estaba programado para un año.

“No aplicaron la caducidad del contrato, al contrario. Lo que hicieron fue poder dejar todo el panorama para poder entregar todo el anticipo de $5 millones a la empresa y continuar. Quedaron de acuerdo en apoyar lo más que podían a la empresa para poder terminar, al final como nadie se quería comprometer el administrador de contrato le envió informes al exministro”, relató Rodríguez Herrera.

La persona que administraba el contrato, dijo, envió un memorándum a Eliud Ayala, en el que se le informaba que necesitaban entregar el anticipo y que de no contestar en un tiempo estipulado, se iba a entregar.

“Justo no contestaron el documento y procedieron a entregar el anticipo. Se hizo un plan del anticipo, de las obras que se tenían que hacer, pero al final el anticipo se utilizó para otro tipo de cosas. Se enviaron informes del uso inadecuado del anticipo y de igual manera no se tuvo respuesta de las autoridades, nadie decía nada y continuaron con lo mismo”, apuntó.

Debido a todos esos problemas que se habían presentado, la CCR envió durante todo el proyecto seis reparos e incluso en mayo de 2019, a pocos días del cambio de gobierno, la Corte envió un documento pidiendo la caducidad del contrato.

El historial de Eben Ezer

Romeo Rodríguez manifestó que Eben Ezer tiene adjudicados varios proyectos en el Ejecutivo, solo que es una empresa que actúa con varios nombres. Con el Fovial, por ejemplo, tenía adjudicados cinco proyectos.

“Básicamente en cada uno de los proyectos había tenido problemas para la ejecución de las obras y eso ya era de conocimiento dentro de toda la institución, se rumoraba entre las mismas personas de que no iban a cumplir, ya sabían ellos de que no iban a cumplir”, aseveró. 

El ministro también señaló que las autoridades anteriores no quisieron hacer nada por resolver el problema porque “si hubieran querido” hubieran terminado el contrato antes del cambio de gobierno e informar de lo que estaba pasando.

Por todas las irregularidades que se dieron, según el ministro de Obras Públicas, es que acudió el miércoles a las instalaciones de la Fiscalía a interponer un aviso por posible corrupción para que sea el Ministerio Público el encargado de dirigir las investigaciones. 

Por: El Salvador Times.

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Imponen 2 años más de cárcel a sujeto que elaboró un plan para fugarse de bartolinas

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El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso dos años de cárcel a José Antonio Benito Benítez, por el delito de evasión.

La jueza lo encontró responsable del ilícito cometido, por todas las pruebas presentadas en el juicio, por la Fiscalía General de Republica (FGR).

Benito se encontraba detenido en las bartolinas del Cenizal ubicadas en San Marcos en el departamento de San Salvador, el 10 agosto de 2013; cuando a eso de las 6:30 de la mañana, los presos de la celda uno, que eran cuatro entre ellos el ahora condenado, interceptaron al agente que estaba a cargo en ese momento al abrir la puerta, le hicieron una llave, le quitaran el arma de equipo y lo neutralizaron, los otros sujetos lo golpearon.

Los demás agentes se percataron del hecho, por lo que apoyaron al agente lesionado, y lo rescataron, Medicina Legal le realizó un examen, el cual reportaba que las lesiones sanarían en un promedio de ocho días.

Benito se encontraba detenido en ese momento por el delito de extorsión, mismo por el que también fue procesado y condenado a 15 años de cárcel, sumando dos más por este delito. Los otros internos también fueron procesados por favorecimiento a la evasión.

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El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador reprogramó juicio de exdirectores de Centros Penales por actos arbitrarios

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El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador reprogramó para el martes 24 de septiembre, el fallo programado para este lunes, contra los exdirectores de Centros Penales Rodil Hernández Somoza y Nelson Rauda Portillo, acusados de administración fraudulenta y actos arbitrario.

Los acusados, habrían desviado un aproximado $206 mil dólares de las cuentas de 21 tiendas penitenciarias durante sus administraciones.

Nelson Rauda asumió el cargo el pasado 7 de febrero del 2012 y llegó hasta el 10 d junio del 2013. Mientras, Rodil Hernández ejerció como director desde el  11 de junio del 2013 y finalizó hasta el 31 de mayo del 2017.

Nueve años de prisión  es la solicitud que ha hecho la Fiscalía General de la República (FGR) que ha pedido al juez para los dos exdirectores de Centros Penales.

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