Más de 700 mil dólares se desviaron de fondos de la fiscalía para pagar deudas de tarjetas de créditos y remodelaciones de casas según la FGR durante el periodo de Luis Martínez - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Judicial

Más de 700 mil dólares se desviaron de fondos de la fiscalía para pagar deudas de tarjetas de créditos y remodelaciones de casas según la FGR durante el periodo de Luis Martínez

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“La Fiscalía General de la República (FGR) fue prostituida y estaba al servicio de empresarios corruptos”, dijo esta tarde el fiscal general, Douglas Menéndez, durante una rueda de prensa donde explicaron la forma de operar realizada durante la gestión del exfiscal Luís Martínez. El caso fue catalogado como operación “Corruptela”.

El exfiscal, Luis Martínez, desvió $735,896.14 de las arcas de la Fiscalía General de la República (FGR) con las que pagó sus tarjetas de crédito, remodelaciones en su vivienda y blindó vehículos particulares, según la FGR.

Luego de dos años de una intensa investigación al interior de la FGR, el fiscal explicó que durante la administración anterior se sustrajeron $735,866.14 de las arcas de la entidad de justicia. Menéndez detalló esta tarde que durante la gestión del exfiscal se cometieron una serie de actos de corrupción con el objetivo de favorecer a varios funcionarios de justicia, empresarios hasta llegar al expresidente de la República, Mauricio Funes y sus allegados.

El jefe de la unidad de delitos de lavado de dinero, Jorge Cortez, dijo que “se realizaron contrataciones ilegales, específicamente en contrataciones ilícitas que se desarrollaron para favorecer a empresas de los mismos involucrados en este caso de Enrique Rais, remodelación de viviendas, reparación de vehículos particulares a los cuales se suministraba reparaciones pagado con los fondos de la intuición, se blindaron algunos de los vehículos tambien pagados con los fondos de la institución y específicamente”.

Cortez enfatizó que las acciones ilegales se realizaron a través de esquemas legales. 

El titular de la unidad catalogó como algo “inédito” dentro de la máxima institución justicia que Martínez junto con el exgerente general de la FGR, Mauricio Antonio Yanes Morales, utilizaran tarjetas de débito a nombre de la fiscalía para comprar artículos de lujo  “a diestra y siniestra” mientras realizaban viajes especiales en el extranjero.

“Aparte de haber obtenido los viáticos que conforme a ley les correspondían luego cargaban esos montos viáticos complementarios (extras) que fueron creados a partir de esta administración para poder justificar esas derogaciones”, señaló.

El ministerio público informó esta mañana que se han girado alrededor de 25 órdenes de capturas de las cuales se han hecho efectivas 13. “Estos hechos de corrupción tiene que ver con la administración superior de la FGR; es un caso abierto desde dos años sobre actos de corrupción”, explicó Menéndez.

En dicha operación se han determinado los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, lavado de dinero y activos y cinco delitos más.

Vía El Salvador Times

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A juicio empleada de la  PNC acusada de cobrar por limpiar  solvencias de antecedentes

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El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador  ordenó auto de apertura a juicio contra  Reina Isabel Acosta, por los delitos de  cohecho propio y falsedad documental agravada con la modalidad del delito de falsedad material y sobreseyó provisionalmente por no acreditar suficientes elementos de prueba, al abogado  Edgardo Antonio Molina Morales por  cohecho activo y estafa.

Reina Isabel Acosta

Para el juez Rigoberto Chicas  hay probabilidad positiva que la imputada  realizó   actividades impropias de sus funciones,  ella debió   respetar su funciones como servidora pública.

El juzgador también envió a juicio a Rolando Elías Julián Belloso, por tenencia, portación o conducción irresponsable de armas de fuego, la Fiscalía lo acusó de tenencia de armas de guerra, pero según el resultado de un peritaje  de funcionamiento  a las tres armas  se corroboró que el mecanismo de disparo no es automático y que al parecer fueron utilizados en la época de la guerra civil, por lo tanto  no se pudo acreditar que son armas de guerra, sostuvo el juzgador.

Según la acusación fiscal, la  imputada  laboraba  en el Departamento Jurídico de la Oficina de Solvencias de la PNC  y que supuestamente cobraba  a cambio de limpiar los antecedentes penales de las solvencias.

La  investigación surgió  a raíz  de denuncia de una víctima con régimen de protección quien relató  que en noviembre del año 2016 sacó una solvencia de antecedentes penales en la cual le aparecía un delito el cual ya había cumplido la pena. Por tal motivo el 15 de noviembre de ese año presuntamente se contactó con el abogado Molina quien le cobró 600 dólares para borrarle  permanentemente los antecedentes.

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A JUICIO – Desde  2011 se le adjudicaban más del 87 % los contratos del Laboratorio Genético de Medicina Legal a DIPROLAB

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El Tribunal 2° de Sentencia continúo la vista pública contra los doctores Juan Carlos Monterrosa  y  Josefina Morales de Monterrosa acusados de negociaciones ilícitas, asimismo se procesa a la sobrina de Morales,  Sindi Berenice García de Portillo  por falsedad ideológica.

 Uno de los testigos de cargo, quien fue una de las dos personas que elaboraron un peritaje manifestó que según documentación proporcionada desde el 2011 al 2016 Diprolab obtuvo entre el 87% al 100% de las compras directos, de los productos distribuidos por ésta.

Asimismo, manifestó que según el Art. 26 de la (LACAP) “no podrán participar como ofertantes: c) El cónyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vinculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con los funcionarios públicos y empleados públicos mencionados en el literal anterior, así como las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales… por lo tanto la señora García de Portillo no podía ofertar”, acotó.

Para mañana se prevé que declaren los testigos de la defensa de los acusados, entre los cuales se encuentra el ex Director de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña.

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Juez condenó a cárcel a un sujeto que estafó a un banco

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El Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador condenó en procedimiento abreviado a un año de cárcel a Eduardo Alexander González Pineda, por el delito de estafa; en perjuicio de Banco Scotiabank.

El procedimiento abreviado fue autorizado por el juez, luego de ser solicitado por las partes, el cual consiste en que el imputado acepte y confiese los hechos por los que se le acusa. Dicha pena no fue reemplazada porque el ahora condenado ya está purgando otra condena por el delito de extorsión.

Según manifestó González en su declaración, en 2014 un amigo le dijo que si quería obtener dinero, y le propuso que fuera a retirar un crédito a un banco que él le iba proporcionar los documentos para que le hicieran entrega del dinero como un crédito.

Posteriormente y luego de obtener los documentos falsos fue a retirar 7 mil 600 dólares, de los cuales a él le estregaron 300 dólares.

Además de la pena, tendrá que responder civilmente por la cantidad de dinero que retiro, y retribuírselo al banco.

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