Juez 8º de Instrucción es acusado penalmente por cometer Prevaricato contra Enrique Rais - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Juez 8º de Instrucción es acusado penalmente por cometer Prevaricato contra Enrique Rais

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Esta mañana de viernes, trascendió que el Juez Octavo de Instrucción de San Salvador, Mario Osmín Mira Montes, fue denunciado penalmente por los abogados del empresario Enrique Rais.

Según consta en el documento, Mira Montes fue denunciado por el delito de prevaricato, el cual es un ilícito donde el juez dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

El delito por el cual es acusado el Juez Octavo de Instrucción es penalizado en las leyes salvadoreñas, tal cual lo estipula el Código Penal.

De acuerdo con el abogado Miguel Avelar, “Rais ha sido la persona directamente afectada por las resoluciones pronunciadas por Mira Montes y que contienen hechos con relevancia penal”.

En el pasado, los apoderados legales del empresario Enrique Rais han denunciado que se está llevando una persecución contra su definido, así como una serie de irregularidades en el caso, entre ellas la sostiene que el juez Mira Montes fue traído desde el Juzgado de Paz de Soyapango para que conociera este caso en específico.

Esta es una de las varias luchas que el empresario Rais ha tenido contra funcionarios salvadoreños, hace unas semanas se conoció que Fiscalía General de República (FGR) preparaba nueva trampa contra Enrique Rais, en esa ocasión, abogados de Rais le enviaron a la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero,  una solicitud hecha para que la procuradora tome cartas en el asunto en torno a la usurpación a los derechos del empresario salvadoreño, pues sus derechos constitucionales están siendo pisoteados por el Ministerio Público que se ha negado a notificar cuales son esos delitos que se le pretenden imputar.

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Exmilitar vendió a título personal 16 armas de fuego adquiridas de forma ilegal, por el delito pasará 10 años de prisión

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El mayor retirado Miguel Ángel Pocasangre Escobar, de 53 años, fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador.

Los actos ilegales cometidos por el militar fueron comercio y depósito de armas, en perjuicio de la paz pública.

“El militar retirado vendió a título personal 16 armas de fuego en diferentes fechas en la ciudad de San Salvador, las cuales adquirió de forma irregular entre 1994 y 1995, siendo vendidas entre 2005 y 2012” indicaron fuentes judiciales.

Según las investigaciones estas armas en su primera matricula no poseen elementos de ley de esos años, tampoco corre dicha documentación en el Ministerio de Defensa. En siete de las 16 armas de fuego se produjeron alteraciones y modificaciones en el número de serie original.

La vista pública contra Pocasangre se desarrolló desde el 18 de octubre, continuando el 19, 22, 25, asimismo 1, 6, 9 y 19 de noviembre, además el 3 de diciembre, este último se recibió informes sobre las armas de fuego del Ministerio de la Defensa Nacional y la Policía Nacional Civil.

Además, en la audiencia desfilaron 16 testigos de cargo, aparte de las pruebas documentales, como el peritaje balístico, peritaje físico-químico realizado a 11 de las 16 armas. 

El tribunal concluyó que las matrículas de las armas se realizaron de manera fraudulenta, no se acreditó el origen lícito, por lo tanto Pocasangre vendió armas que fueron alteradas sus series, por lo cual fue declarado culpable. 

Este juicio fue ordenado por la Cámara Primera de lo Penal de Primera Sección del Centro, luego de la apelación presentada por la Fiscalía, ya que en abril de 2016, había sido sobreseído definidamente, quedando libre de cargos, esto por un juzgado de instrucción en audiencia preliminar.

 

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Pandillera secuestró a un menor de edad para quitarle la vida supuestamente por ser de un bando contrario, por el delito pasará 28 años bajo prisión

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El Juzgado Especializado de Sentencia “B” condenó a 28 años de prisión a la pandillera Adilia Roxana Bautista Flores, por el delito de Agrupaciones Ilícitas  y por un caso de Homicidio agravado en perjuicio de Alonso Antonio L..

Según lo expuesto por el testigo con criterio de oportunidad, manifestó que él fue parte de la agrupación ilícita, la cual operaba en Cojutepeque y Santa Cruz Michapa, Cuscatlán, donde los miembros de la pandilla infundían el terror entre los habitantes de la zona.

Asimismo, narró como cometieron el homicidio del menor Alonso Antonio, el cual fue reportado como desaparecido por su familiares el 7 julio del 2014, manifestando el testigo, que lo privaron de libertad porque tenían conocimiento que era pandillero contrario, por lo cual la ahora condenada fue la primera en pegarle con un arma blanca a la víctima.

Según los informes policiales, la víctima fue localizada semienterrada el 10 de julio del 2014, en la Colonia Santa Bárbara, en el kilómetro 29 y medio de la carretera Panamericana, Cuscatlán.

La prueba testimonial presentada al juzgador coincide con la prueba documental y pericial que consta en el proceso, por lo cual Bautista Flores fue declarada culpable de los ilícitos que se le imputaban.

Imagen de referencia.

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Encontró a su pareja en un cervecería junto a otra mujer y minutos más tarde planeó su muerte, ahora pasará 10 años tras las rejas

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El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador condenó a 10 años de cárcel a Jaqueline Mercedes Osorio Rivas por el delito de homicidio agravado tentado en perjuicio de una víctima con régimen de protección.

En el juicio se contó con la declaración que rindió la víctima, quien dijo que el 28 de julio de 2017 se encontraba al interior de una cervecería departiendo bebidas embriagantes con una joven, llegó la ahora condenada junto a otra a insultar a su pareja, por lo que éste intervino para que ya no continuara la discusión, posteriormente se retiró del lugar.

Horas más tarde, según manifestó ante el juzgador; regresó a los alrededores de dicha cervecería a departir con otras personas, momento que llegaron dos sujetos con aspecto de pandillero quienes comenzaron a dispararle, por lo que él utilizó su arma de fuego para detener el ataque.

Producto de las agresiones recibió tres impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Asimismo, desfiló el testigo con clave “Julio”, quien reiteró el dicho de la víctima y agregó que escuchó cuando la ahora condenada recibió una llamada telefónica en la que le decían “que lo mataran”; por lo que observó cuando ésta proporcionó las armas de fuego con las que ejecutaron el hecho delictivo.

Según  dictaminó el médico forense del Instituto de Medicina legal (IML), las lesiones sanarían en un aproximado de 150 días.

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