Instrucción formal con detención provisional para sacristán que asesinó a sacerdote Cecilio Pérez en Juayúa - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Instrucción formal con detención provisional para sacristán que asesinó a sacerdote Cecilio Pérez en Juayúa

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El Juzgado de Paz de Juayúa, en Sonsonate, decretó esta mañana la instrucción formal con detención provisional contra Abraham Heriberto Mestizo Pérez, de 33 años, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de homicidio agravado en perjuicio de quien en vida fuera el sacerdote Cecilio Pérez.

Dicho delito se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 128 y 129 del Código Penal.

durante la audiencia inicial, el  Ministerio Público ofertó prueba documental, pericial y testimonial que fueron suficientes para que el juez tuviera los elementos de convicción suficientes tanto para acreditar la existencia del delito, así como también para sostener razonablemente la participación del incoado en la comisión del delito; y, con ello, remita el proceso a la etapa de instrucción.

Todo ello, tal y como lo exige el Artículo 329 del Código Procesal Penal, donde también se establece que la medida cautelar de la detención se otorga cuando la pena del delito es superior a los tres años de prisión.

Sacristán, presunto asesino del párroco de Juayúa.

La FGR ha solicitado un plazo de 180 días para continuar con las investigaciones en torno al caso. Sin embargo, será el Juzgado 1º de Instrucción de Sonsonate el que decida si accede o modifica la petición fiscal.

El hecho que le imputan a Mestizo Pérez ocurrió el 18 de mayo recién pasado al interior de la habitación del sacerdote en la casa parroquial, ubicada en el cantón San José La Majada, en Juayúa. El cadáver presentaba una lesión originada por arma de fuego, según las primeras pesquisas.

El imputado que está siendo procesado fue capturado en la colonia Las Margaritas, de Nahuizalco, el lunes 10 de junio, por agentes de la División Central de Investigaciones (DCI) de San Salvador.

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FISCAL MELARA – Pandillas, drogas, deudas y venganza, las principales causas del alto índice de personas desaparecidas

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El fiscal general de la República, Raúl Melara, informó que las principales causas del alto índice de personas desaparecidas en El Salvador son las pandillas, problemas relacionados a las drogas, migración, entre otros.

Datos de las autoridades de seguridad revelan que en el país desaparecen un promedio de nueve personas al día, una cifra que en los últimos días es más alta que la tasa de homicidios diarios. Por tal razón, dijo Melara, que se debe atacar la problemática.

En varias ocasiones, el jefe del ministerio público ha dicho que la Fiscalía va a enfilar esfuerzos con el tema y por eso creó la Unidad Especializada para casos de personas desaparecidas.

“Estamos hablando de población bastante joven que está desapareciendo, hay que ver que está sucediendo, hemos dado casos que a veces son venganza, drogas, pandillas inclusive hasta por deudas, gente que se siente agobiada y que se va y cree que con eso se le acaba el problema y lo que realmente trae es otro”, indicó Melara en la entrevista matutina de Noticiero Hechos.

El Fiscal agregó que se debe poder diferenciar entre las personas que quieren migrar y los que están siendo víctimas de la criminalidad y es ahí donde entra la unidad especializada que se creó.

“Es importante que podamos trabajar con Policía, que sinceremos los números y que trabajamos de la mano con Medicina Legal, leí que Medicina Legal hizo un convenio con Cruz Roja Internacional para tener un software para identificar restos, esto es importante y ojalá lo podamos utilizar en conjunto con la Fiscalía y Policía para poder esclarecer este problema”, añadió.

Dentro de la problemática, dijo Melara, hay cuestiones que dar falsos números, por ejemplo una persona desaparece y la familia pone las denuncias en la Fiscalía y en la Policía, pero a los días aparece pero la familia no avisa a las autoridades y oficialmente queda como una persona desaparecida.

Agregó que la FGR y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha trabajado un protocolo de acción urgente en estos casos, para que las personas pongan las denuncias en las sedes fiscales y las autoridades tienen 72 horas para realizar las diligencias, porque en ese plazo hay más probabilidades de lograr ubicar al desaparecido.

“Si en el plazo de 72 horas no se logró saber de la persona, el caso para a la Unidad de Desaparecidos, que estará con el protocolo activado durante 30 días y es ahí donde se va a tratar de depurar los procesos y en el caso de que esto no sea así, ya pasará a hacer una investigación normal en las unidades pertinentes”, explicó Melara.

NOTA DE EL SALVADOR TIMES

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Exviceministra de Comercio e Industria en 2004-2009 enviada a juicio civil por no justificar más de 100 mil dólares en sus ingresos

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Blanca Imelda Jaco de Magaña, quien fue viceministra de Comercio e Industria en el gobierno de Elías Antonio Saca, ha sido enviada a juicio civil por no justificar $103,225.42 en sus ingresos patrimoniales.

Jaco de Magaña se desempeñó en el gabinete económico liderado por Yolanda Mayora de Gavidia, en el período 2004-2009.

Ese fue el período investigado y analizado por la Corte a la exfuncionaria.

En la demanda se incluye al esposo Álvaro Alfredo Magaña Granados y Mónica Alexandra Martínez Jaco.

Según la información este es también un ex miembro del gabinete de Saca que es enviado a juicio por indicios de enriquecimiento ilícito.

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FOTOS: Fiestas, prostitutas y alcohol, así era la lujosa vida Gustavo A. Martínez, cabecilla de pandillas arrestado en Ataco

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El cabecilla de una estructura criminal que opera en el país, Gustavo Adolfo Martínez, quien fuera detenido por la Policía en una residencia de Concepción de Ataco, Ahuachapán, tenía una vida de lujos al estilo de narcotraficantes, de acuerdo con las autoridades.

Ayer, al ser llevado a un tribunal de San Salvador para enfrentar audiencia preliminar por las acusaciones de financiamiento por actos de terrorismo, daba muestra de sus capacidades adquisitivas. Vestía ropa de marcas costosas, diferente al resto de imputados trasladados de bartolinas hacia juzgados.

Según las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscalía, el sujeto obtenía altas sumas de dinero provenientes de extorsiones y venta de droga o armas.

En la residencial donde habita, por la cual pagaba 1,500 dólares mensuales de alquiler, realizaba fiestas costosas, de acuerdo al relato policial.

Su estilo de vida era holgado en dicha zona exclusiva del municipio de Concepción de Ataco.

Los fines de semana, Martínez desarrollaba fiestas con mujeres (prostitutas), abundante licor y drogas, según la fuente.

Al momento de ser capturado, el pasado 10 de julio, los agentes asignados al procedimiento incautaron 1,627 dólares en efectivo, además de 21 teléfonos celulares.

También se decomisaron dos tablets, dos pistolas sin documentación legal y una camioneta todoterreno.

Habría negociación

Previo a la audiencia de ayer viernes, el imputado y su abogado habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía para negociar un proceso abreviado, afirmaron fuentes del Centro Judicial.

La Fiscalía aclaró en su cuenta de Twitter, que no se ha otorgado ningún proceso abreviado al imputado, aunque no descartó sostener una negociación.

La audiencia programada para este viernes no se desarrolló ante la solicitud del proceso abreviado. De llegarse a un acuerdo, el sujeto confesaría sus delitos.


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