Judicial
Hombre queda en libertad al pagar $13 mil en concepto de manutención de sus tres hijos
En marzo del año 2001, a sus 21 años, María (nombre cambiado por protección) decidió casarse con David C., el padre de su primer hijo y de quien quedó embarazada tras haber entablado varios años de noviazgo, luego de que su hermano se lo presentara como uno de sus mejores amigos.
En un primer momento, María recibía ayuda por parte de quien creía que era el amor de su vida. Esto pese a que él no trabajaba, pues obtenía dinero por parte de su progenitora –suegra de María-. A pesar de esa dificultad económica, él le propuso que renunciara para poder cuidar al bebé.
La pareja procreó a dos hijos más, por ende ya eran tres, quienes actualmente tienen 16, 14 y nueve años de edad.
Según el expediente judicial, María señaló que David siempre estuvo acostumbrado a tener cierto nivel de vida. Así, era aficionado al polígono de tiro, corría vehículos de carrera en la pista de El Jabalí, surfeaba, visitaba restaurantes en centros comerciales, entre otras actividades.
En 2005, la empresa de la madre de David sufrió una crisis. Se vino abajo, por lo que el hombre dejó de aportar económicamente al hogar por no tener la ayuda de su progenitora. Esto no fue obstáculo para continuar con las salidas y las fiestas, según señala María.
El sujeto continuaba con su actitud de no trabajar ni aportar a la casa, además no apoyaba con los oficios domésticos. María se sentía cansada por todo lo que estaba viviendo, pero pese a ello intentó luchar por su matrimonio.
La afectada asegura que ella programó un viaje a Miami, Estados Unidos, junto a su entonces esposo, en el que ella pagó todo, desde los boletos hasta la estadía y la alimentación. Era una especie de luna de miel que no habían tenido desde que se casaron, pues la unión civil fue hecha en el despacho de una abogada-notaria.
Para María, ese viaje fue un momento clave para recapacitar. Su molestia incremento cuando se dio cuenta de que en la vivienda en donde se encontraban los hijos de ambos les habían cortado la energía eléctrica, cosa que no era nueva. La mujer asegura que David no pagaba los servicios básicos, por lo que debían afrontar esa problemática de buscar la reconexión del agua, y de la luz, por ejemplo.
El divorcio
El detalle de la falta de la luz eléctrica en su vivienda fue lo que le dio el impulso a María para dar el paso para solicitar el divorcio.
En ese proceso, la afectada denunció que su esposo había ejercido violencia intrafamiliar en su contra y que desde su separación -en el año 2008- no había querido abandonar la casa que era propiedad de María. En su denuncia sostuvo que David le revisaba la cartera, la computadora, la ropa interior, la seguía hacia su trabajo para ver qué es lo que hacía o con quien andaba.
El abogado de la afectada pidió al juez la exclusión del hogar en contra de David, pues se negaba a abandonarla, justificando motivos religiosos.
Luego de 10 años de haber compartido juntos, el 22 de junio de 2010, el juez de Familia de Santa Tecla decretó el divorcio entre María y David. En el documento se plasmó que el padre debía contribuir económicamente con sus hijos, por lo que aportaría $450 mensuales, dicha cuota de alimentos contemplaba el pago de $240 mensuales en concepto del colegio de los niños y los restantes para alimentación, más el pago de una cuota de alimentos extra en el mes de diciembre en concepto de aguinaldo.
Además, se estableció en una audiencia el régimen de visita del padre, bajo una custodia compartida.
Según el expediente judicial, hubo un incumplimiento en el aporte de la cuota alimenticia. Además, había una mora considerable en el colegio de los niños, mismos que eran notificados a través de cartas y correos electrónicos por el centro de estudios. Incluso, en varias ocasiones, los niños no eran recibidos en la institución por la deuda escolar.
Las irresponsabilidades tras el divorcio
Por orden del juez, David fue excluido del hogar familiar, por lo que tuvo que abandonar de inmediato el inmueble que le pertenecía a María, mismo que en ese 2010 tuvo que vender para poder pagar varias deudas.
Según el expediente judicial, a partir del año 2011, ya divorciados, David dejó de cumplir con el pago de la cuota de alimentos ordenado por el Juzgado de Familia de Santa Tecla. Con ello también dejó de cancelar las cuotas colegiales de sus hijos.
Debido a que David no canceló a su totalidad la cuota alimenticia sino de manera parcial, en 2015 él ya tenía una deuda de $13,893.
En febrero de 2016, lo adeudado ya ascendía a $18,989 y todo era porque se excusaba que no tenía trabajo o que laboraba esporádicamente, pero su estilo de vida no lo dejó de lado. Siempre realizaba actividades costosas.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una serie de fotografías para argumentar como prueba en el momento en que se desarrolló el proceso judicial. En el documento, se observa a David sobre jet ski, recibiendo un premio tras correr en la pista de El Jabalí, en actividades con sus amigos, entre otras.
A raíz de que en el Juzgado 3° de Familia de San Salvador ya había un proceso en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, además se determinó que sí tenía ingresos económicos para hacer los pagos de la cuota alimentaria, pero él no había hecho efectivo su compromiso.
El proceso en tribunales
A mediados de 2015, María acudió al Juzgado de Familia de Santa Tecla para reclamar el pago de los alimentos de sus hijos a través de la ejecución de sentencia.
Según el documento judicial, el 26 de abril de 2016, al no lograr que David pagara la cuota de alimentos, ese juzgado remitió el caso a la FGR para que se iniciara el proceso por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica, basado en el artículo 201 del Código Penal.
En 2015, ese mismo artículo fue reformado, por lo que a partir de esa fecha contempla como castigo entre dos a cuatro años de prisión como pena máxima, por lo que hoy sí es posible que una persona que no cancele la manutención de sus hijos vaya a la cárcel.
El proceso inició en el Juzgado II de Paz de Santa Tecla y el 27 de junio de 2017 David fue sobreseído definitivamente por el Juzgado II de Instrucción de Santa Tecla en la audiencia preliminar.
Sin embargo, cinco meses después –el 6 de noviembre- la Cámara de lo Penal de la 4° Sección del Centro revocó esa decisión y ordenó la audiencia especial para admitir la acusación.
El 11 de diciembre de 2017 fue desarrollada la audiencia ordenada por la Cámara, en donde David fue enviado a juicio y fue el Tribunal 1° de Sentencia del Centro Integrado tecleño el que envió a prisión al acusado.
David recibió una pena de tres años y seis meses de cárcel, por no haber cancelado la deuda de $13, 893.34 a sus tres hijos menores de edad, en el periodo de 2010 a 2015. Por su irresponsabilidad fue recluido en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona.
Sin embargo, el abogado de David para que este dejara la prisión se respaldó en el artículo 206 del C.P. para una excusa absolutoria, es decir que una vez que cancelara lo adeudado salía de la cárcel. Y así fue, en un solo día -el 7 de junio de este 2018- logró pagar los más de $13,893 con ayuda de amigos y familiares.
El 27 de junio de 2018 David recobró su libertad, pero aún queda pendiente una deuda de $5,093 que cubre el periodo restante hasta la fecha (2016 a 2018), de no cancelarlo podría ser procesado nuevamente.
Por: El Salvador Times.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
