FGR interviene 21 propiedades y $2 millones a personas relacionadas con el lavado de dinero - Diario Digital Cronio de El Salvador
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FGR interviene 21 propiedades y $2 millones a personas relacionadas con el lavado de dinero

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La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR) intervino 21 inmuebles y $2 millones que estaban de manera ilícita en poder de nueve personas radicadas en el oriente del país.

La Fiscalía explicó que este caso se origina de una investigación realizada en contra de personas que son procesada por lavado de dinero y activos.

De acuerdo con el reporte, las propiedades intervenidas se encuentran en los municipios de San Carlos y San Francisco Gotera, Morazán; y en Lolotique, San Miguel.

“Tras analizar las pruebas obtenidas y fortalecer las investigan, se ha determinado que los bienes tienen una procedencia injustificada, por lo cual se procede a materializarlos y a seguir el correspondiente proceso de despojo en el Tribunal de Extinción de Dominio”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

Los afectados en este caso son Jaime Adalberto Flores y otros cinco miembros de su familia, así como contra Sonia Marisela Maya Márquez y dos parientes.

A cada uno de los vinculados, le fueron encontrados productos financieros y transacciones bancarias significativas, en diferentes entidades financieras. El período de investigación en el sistema financiero inicia desde el año 2004 y finaliza en el 2015, habiéndose establecido que los movimientos de fondos en el sistema financiero están concentrados en entre los años 2008 al 2014.

Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR ha establecido que las personas implicadas registraron montos preliminares en ingresos por valor de $18,8 millones y egresos por $16,6 millones.  Las cantidades de dinero que tenían los imputados no fueron justificadas mediante fuente legal de ingresos.

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Exjefe del GRP acusado de encubrimiento en el asesinato de la agente Carla Ayala será procesado en libertad

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Un juez ha ordenado procesar en libertad a un comisionado de la PNC vinculado con el asesinato de Carla Ayala, confirmaron fuentes judiciales.

De acuerdo con datos oficiales, el jefe policial es acusado por el encubrimiento en torno al asesinato de la agente Carla Ayala, destacada en la delegación de Apopa, en la unidad de Asuntos Internos de la PNC.

La decisión del juez surgió luego que al jefe policial sse le practicara un examen psicosocial realizado por Medicina Legal.

Las medidas sustitutivas a la detención tienen que ver con que mientras siga el proceso judicial en su contra deberá presentarse cada 15 días a firmar a los tribunales.

Además, tiene prohibido salir del país y cambiar de dirección domiciliar, entre otras medidas.

“El exjefe del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) fue detenido en la posterior etapa del proceso y según las indagaciones, por el delito que tiene, se le pudo beneficiar con este tipo de resolución”, detalla la información difundida por los juzgados.

En este caso, el proceso judicial es realizado en el Juzgado Especializado para una vida libre violencia y discriminación para la Mujer.

Se informó que el resultado de las pruebas que le realizaron al policía indicaron que padece de ansiedad; será en octubre cuando se conozca la fecha de la audiencia preliminar.

La agente Ayala desapareció la madrugada del 29 de diciembre de 2017 y el cadáver fue encontrado meses más tarde.

Por: El Salvador Times.

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MOP denuncia grandes anomalías en baipás del Puerto de La Libertad por empresa ganadora de licitación

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Las nuevas autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) denunciaron y elevaron al nivel de la Fiscalía la situación que han encontrado en el baipás de La Libertad, donde han señalado presunta corrupción con una empresa que ganó una licitación de más de $60 millones, pero que tiene récord de problemas con trabajos de menor envergadura.

Además, los denunciantes aseguraron que fueron ignorados reparos de Corte de Cuentas de la República (CCR) y hablan hasta de una amistad entre jefes del ministerio con la empresa ganadora de la licitación.

La construcción del proyecto que ha sido denunciado se realiza en la carretera al Puerto de La Libertad donde se divide en tres segmentos, uno es la apertura de calle, el segundo es la construcción de un puente y el tercer segmento —que es donde existen los señalamientos— es el empalme de la vía con la carretera Litoral.

El titular del MOP, Romeo Rodríguez Herrera, manifestó que les quisieron “esconder” la situación.

“En el segmento tres es donde encontramos las anomalías, de hecho al principio nos escondieron qué es lo que estaba sucediendo dentro del proyecto. Nuestro abogado y nosotros empezamos a indagar y encontramos que estaba a punto de vencer la fianza y ahí fue que actuamos y procedimos a la caducidad del contrato”, indicó.

«Hicieron ganar» a la empresa la licitación

El ministro relató que todo se inició desde el proceso de licitación, ya que desde el ministerio, en ese entonces a cargo de Eliud Ayala, “hicieron ganar” a la empresa Eben Ezer para hacerse cargo de las obra, esto a pesar de que la empresa tiene un amplio récord negativo con proyectos de menor envergadura.

“La empresa había participado en diferentes contratos con el FISDL (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local) Fovial (Fondo de Conservación Vial) en el MOP y no había tenido capacidad de reacción, de hecho había solicitado en diferentes ocasiones prórrogas en contratos mucho más pequeños: de tres millones, un millón de dólares, 500 mil… y en esta obra solo el segmento tres anda por los $17 millones”, denunció Rodríguez.

Agregó que incluso hubo personas de la institución que le recomendaron a Eliud Ayala no contratar a la empresa por los problemas que había tenido. De acuerdo a las leyes salvadoreñas, un titular de una entidad no puede influir para la adjudicación de un proyecto.

“Dicen que le recomendaron al ministro no adjudicarle a la empresa por los problemas que había tenido, pero al parecer —según lo que dicen— es que hay una relación de amistad con estas personas. A pesar de ello se le adjudica a la empresa. Al menos en papeles cumplió con los porcentajes, cumplió la parte técnica y luego llevó la oferta económica más baja y por eso se le adjudicó. Obviamente hay indicios de que no se debía hacer adjudicado”, explicó.

Contrato firmado y múltiples retrasos

Luego de finalizado el proceso, en el contrato firmado entre la entidad del Estado y la empresa privada se establecía un período de seis meses para realizar el diseño y un año para ejecutar los trabajos.

“Se le enviaron diferentes informes al exministro por diferentes incumplimientos… la empresa empezó con retrasos con el diseño, no entregaba porque normalmente se tiene ciertas entregas parciales y se revisa con los equipos. Se crea una unidad ejecutora con el préstamo, normalmente están pendientes de supervisión entonces se estaban dando anomalías de que no cumplían ni siquiera con el diseño y no habían avances, se le estaba informado de esto (a Eliud Ayala), cuando se dio el retraso del diseño se enviaron informes para colocar multas y hacían caso omiso de estos documentos”, indicó.

De acuerdo a Romero Rodríguez, las autoridades de esa época solo le colocaron una multa a la empresa, a pesar de los recurrentes informes, pero solo porque “andaba por ahí” la Corte de Cuentas de la República (CCR).

“Imagino que se tuvo temor (por la CCR) y se puso la multa, pero de ahí se enviaron diferentes multas prácticamente cuando se había cumplido un año, seis meses de retraso del diseño porque llevaban un año y tuvieron una reunión, según comentaron los administradores del contrato, con el exministro y otras personas de alto nivel”, señaló.

$5 millones de anticipo que se utilizaron «para otro tipo de cosas»

En esa reunión, dijo el ministro, se les quitó los celulares a todos los que estaban dentro y se acordó “ayudarle” a la empresa a terminar porque no se había iniciado la construcción y solo les quedaba seis meses para cumplir con los 18 que se habían pactado.

Rodríguez añadió que en ese momento se podía haber terminado el contrato porque no se podía hacer en seis meses lo que estaba programado para un año.

“No aplicaron la caducidad del contrato, al contrario. Lo que hicieron fue poder dejar todo el panorama para poder entregar todo el anticipo de $5 millones a la empresa y continuar. Quedaron de acuerdo en apoyar lo más que podían a la empresa para poder terminar, al final como nadie se quería comprometer el administrador de contrato le envió informes al exministro”, relató Rodríguez Herrera.

La persona que administraba el contrato, dijo, envió un memorándum a Eliud Ayala, en el que se le informaba que necesitaban entregar el anticipo y que de no contestar en un tiempo estipulado, se iba a entregar.

“Justo no contestaron el documento y procedieron a entregar el anticipo. Se hizo un plan del anticipo, de las obras que se tenían que hacer, pero al final el anticipo se utilizó para otro tipo de cosas. Se enviaron informes del uso inadecuado del anticipo y de igual manera no se tuvo respuesta de las autoridades, nadie decía nada y continuaron con lo mismo”, apuntó.

Debido a todos esos problemas que se habían presentado, la CCR envió durante todo el proyecto seis reparos e incluso en mayo de 2019, a pocos días del cambio de gobierno, la Corte envió un documento pidiendo la caducidad del contrato.

El historial de Eben Ezer

Romeo Rodríguez manifestó que Eben Ezer tiene adjudicados varios proyectos en el Ejecutivo, solo que es una empresa que actúa con varios nombres. Con el Fovial, por ejemplo, tenía adjudicados cinco proyectos.

“Básicamente en cada uno de los proyectos había tenido problemas para la ejecución de las obras y eso ya era de conocimiento dentro de toda la institución, se rumoraba entre las mismas personas de que no iban a cumplir, ya sabían ellos de que no iban a cumplir”, aseveró. 

El ministro también señaló que las autoridades anteriores no quisieron hacer nada por resolver el problema porque “si hubieran querido” hubieran terminado el contrato antes del cambio de gobierno e informar de lo que estaba pasando.

Por todas las irregularidades que se dieron, según el ministro de Obras Públicas, es que acudió el miércoles a las instalaciones de la Fiscalía a interponer un aviso por posible corrupción para que sea el Ministerio Público el encargado de dirigir las investigaciones. 

Por: El Salvador Times.

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Imponen 2 años más de cárcel a sujeto que elaboró un plan para fugarse de bartolinas

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El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso dos años de cárcel a José Antonio Benito Benítez, por el delito de evasión.

La jueza lo encontró responsable del ilícito cometido, por todas las pruebas presentadas en el juicio, por la Fiscalía General de Republica (FGR).

Benito se encontraba detenido en las bartolinas del Cenizal ubicadas en San Marcos en el departamento de San Salvador, el 10 agosto de 2013; cuando a eso de las 6:30 de la mañana, los presos de la celda uno, que eran cuatro entre ellos el ahora condenado, interceptaron al agente que estaba a cargo en ese momento al abrir la puerta, le hicieron una llave, le quitaran el arma de equipo y lo neutralizaron, los otros sujetos lo golpearon.

Los demás agentes se percataron del hecho, por lo que apoyaron al agente lesionado, y lo rescataron, Medicina Legal le realizó un examen, el cual reportaba que las lesiones sanarían en un promedio de ocho días.

Benito se encontraba detenido en ese momento por el delito de extorsión, mismo por el que también fue procesado y condenado a 15 años de cárcel, sumando dos más por este delito. Los otros internos también fueron procesados por favorecimiento a la evasión.

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