Exfiscal Luis Martínez habría divulgado material reservado aprovechándose de su cargo como titular de la FGR - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Exfiscal Luis Martínez habría divulgado material reservado aprovechándose de su cargo como titular de la FGR

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En el Tribunal 6° de Sentencia de San Salvador inicio este día la vista pública contra el ex Fiscal General de la Republica, Luis Antonio Martínez González, por el delito de divulgación de material reservado en perjuicio de Antonio Rodríguez, conocido como “padre Toño”.

El exsacerdote lo denuncio tras conocerse que supuestamente había revelado material reservado de su vida privada.
Según Fiscalía, cuenta con 14 testigos de cargo, de los cuales dos de ellos son peritos.

Ayer rindieron su declaración dos testigos, pero uno continuará con la declaración mañana a las 8:30 de la mañana.

Martínez es acusado de divulgar conversaciones personales del padre Toño en torno a una investigación realizada en 2014 en la cual se utilizó el sistema de intervención telefónica, cuando fungió como fiscal general en el periodo del 2012 -2015.

 

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Jefe de farmacia del hospital psiquiátrico suministró anestesia vencida a casi 100 pacientes y ahora enfrentará juicio

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El jefe de farmacia del hospital psiquiátrico de Soyapango es señalado de permitir el suministro de medicamento vencido a casi un centenar de pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente en 2015 y de los cuales en varios casos se tiene registro de complicaciones en el quirófano del sanatorio del cual el director estaba al tanto de dicha situación.

Pese a tener ocho años de laborar en el hospital nacional psiquiátrico “Dr. José Molina Martínez”, el químico farmacéutico y jefe de farmacia, Mauricio F., de 37 años de edad, decidió suministrar Propofol 1% que ya había caducado a 94 pacientes quienes no se enteraron de lo sucedido. 

La denuncia de los 94 casos fue interpuesta por miembros del sindicato de los trabajadores del Ministerio de Salud (Sitramisal) la cual llegó a oídos de la Dirección General de Medicamentos (DGM) quienes realizaron una investigación en la farmacia que dio como resultado el hallazgo de 66 ampollas vencidas en dos lotes diferentes.

El 14 de septiembre de 2015, inspectores fiscales y miembros de la DGM llegaron la farmacia central, almacenes y quirófanos del hospital, para verificar lo que hasta ese entonces se manejaba como rumores.

El informe de las autoridades señaló que 43 ampolletas vencieron en enero de 2015 y que otras 23 en abril del mismo año. Es decir que el producto disponible en farmacia tenía más de siete meses de caducidad.

Luego de las investigaciones, se determinó que en mayo 31 pacientes fueron inyectadas con la anestesia vencida, mientras que en junio se contabilizaron otros 63 pacientes a los que se le aplicó el medicamento.

El director estaba al tanto de todo

Tras ser procesado, el 6 de noviembre del 2018 -durante la audiencia preliminar-, la defensa del imputado señaló que no había pruebas suficientes para comprobar un daño certero en la salud de las personas que habían sido atendidas con dicho anestésico debido a que ningún paciente ha interpuesto alguna denuncia.

Asimismo, señalaron que el imputado no era el único que estaba de acuerdo en dicho procedimiento y apuntaron a otras autoridades de avalar dicha decisión entre ellos el director del centro de salud.

“Si tenía conocimiento previo que el medicamento estaba vencido, de hecho tuvimos una reunión con el director y con otro doctor que en ese momento era jefe de operaciones. Para mí mala suerte no quedó ningún documente que estableciera que si tuvimos esa reunión y que llegamos al acuerdo de utilizar el medicamento”, señaló el imputado.

Al mismo tiempo, Mauricio señaló que una tecnóloga del centro asistencial también estaba al tanto de la situación y que únicamente se limitó a revisar la receta para llevarla a la sala de operaciones donde se introdujo a uno de los pacientes.

Otro de los puntos de los cuales la defensa se auxilió fue en la falta de abastecimiento de dicho insumo, elemento que no ha sido comprobado ante el tribunal a cargo del proceso.

“Cambio de conducta” en pacientes

En el expediente judicial presentado por este caso se señaló el caso de pacientes a quienes los médicos y enfermeras que los atendían observaron extraños comportamientos luego de aplicarles la anestesia.

En un documento firmado por los galenos se informó que el paciente experimentó “cambios de conducta” luego de finalizar el efecto de Propofol 1%; mientras que otro, luego de salir del efecto de la anestesia, “presentó un lenguaje arrastrado y somnoliento y que no se podía mantener en pie”.

Por su parte, la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico Farmacéutico emitió una sanción económica en contra del hospital -que no está especificada en el expediente judicial- por lo que debido a esto tomaron medidas en la utilización de Propofol 1%.

Luego de más de tres años de procesos judiciales, este jueves el tribunal Tercero de sentencia realizara la vista pública en contra del jefe de farmacia del hospital a quien se le atribuye el delito de despacho o comercio indebido de medicamentos en perjuicio de la salud pública.

 

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Fiscalía presenta acusación del caso “Destape a la corrupción fase III” vinculado al expresidente Saca

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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juzgado 9° de Instrucción de San Salvador el dictamen de acusación en contra de Carlos Agustín Gamero, Laabin Nimrod Tóchez Maravilla, el contador Esteban Cañas Calderón y Enrique Guatemala, quienes son acusados por el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

Según la declaración de una fiscal del caso, este proceso es una continuación que inició con el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y que por la complejidad de la investigación se derivó en varias fases.

Presuntamente, a los procesados se les atribuye  un blanqueo aproximado de 12 millones de dólares, dinero que fue movilizado tras crear empresas y sociedades para lavar el efectivo  sustraído de la Cuenta Subsidiaria  Especial del Tesoro Público de Casa Presidencial.

Estas personas fueron acusadas el pasado 5 de noviembre  como imputados ausentes  en el Juzgado 9° de Paz, el único que está detenido es Cañas Calderón.

La fiscalía informó que junto al dictamen acusatorio presentaron abundante prueba pericial, documental  y alrededor de 60 testigos.

 

 

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Hasta enero de 2019 se sabrá si los restos encontrados en Usulután son los de la empleada de Pollo Campestre, su familia sigue viviendo un calvario

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Pese a que la Policía Nacional Civil (PNC) informó que la desaparición de una empleada de Pollo Campestre terminó en el asesinato de la joven, la familia víctima del caso sigue sin recibir la confirmación de que los restos humanos encontrados en un pozo de Usulután son de la joven.

El padre de Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años de edad, se quejó del trato recibido por empleados de Medicina Legal quienes no le dan una respuesta concreta sobre los resultados del ADN que confirmará la noticia adelantada desde la corporación.

“Yo fui en la mañana (miércoles) a Medicina Legal a preguntar y me dijeron que si los resultados no salían antes de las vacaciones, los iban a tener hasta enero de 2019”, expresó el padre de la joven quien desapareció en mayo del presente año.

La familia Flores señaló estar viviendo un verdadero calvario desde hace seis meses, tiempo que se alargará aún más ante la manera en la que se está trabajando en este nuevo caso de feminicidio.

“He recibido muestras de apoyo y me han ofrecido ayuda mis otros familiares, vecinos y amigos quienes están esperando los resultados para apoyarme en cuanto a los gastos fúnebres”, detalló el hombre.

Según lo detallado, luego de ser notificado sobre la situación del caso de Flores, las autoridades le solicitaron fotografías de los dientes de su hija para compararlos con las osamentas.

Actualmente, el cadáver en estudio se encuentra en la sede de Medicina Legal de Usulután, pero es en San Salvador donde se están las pruebas correspondientes.

Según señaló este hombre, la familia lo único que desea es tener pronto los resultados del ADN para sentirse tranquilos y poder dar cristiana sepultura a su hija.

Pedirán ampliar investigación a Fiscalía

Respecto al asesino de su hija, el padre pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva ya que consideró que pueden haber más involucrados en el hecho.

“Voy a pedir la investigación porque creo que no sólo él ha participado en el hecho, ya que para hacer un trabajo así a simple vista se ve que hay más involucrados”, remarcó.

El afectado argumentó que la Fiscalía tiene que revisar las cámaras de seguridad, para verificar el recorrido que el asesino hizo desde el municipio de Mejicanos hasta Usulután.

 

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