Empleadas de Tigo son privadas de libertad y abusadas en Guazapa - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Empleadas de Tigo son privadas de libertad y abusadas en Guazapa

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La tarde del 26 de diciembre de 2016, cinco empleados de la empresa de telefonía Tigo fueron enviados hacia el municipio de Guazapa, al norte de San Salvador, para realizar su trabajo de ofrecer casa por casa la contratación de paquetes de cable satelital e internet.

El grupo estaba integrado por dos mujeres y tres hombres, quienes abordaron un pequeño microbús de la empresa que los trasladó hasta el cantón San Jerónimo del citado municipio, cuando llegaron eran cerca de las 2:00 de la tarde. El objetivo que llevaban era visitar la mayor cantidad posible de potenciales clientes para llegar a la meta de ventas establecida mensualmente.

Al llegar al lugar, los cinco jóvenes emprendieron sus labores; Brenda, Jorge (nombres cambiados por protección a las víctimas) y el resto se bajaron de la unidad móvil y se dirigieron a una vivienda para comenzar lo que esperaban fuera una jornada productiva.

Lo que no se imaginaron es que antes de tocar la primera puerta, serían interceptados por dos pandilleros del Barrio 18, entre ellos Oscar Rivera Marroquín, quienes los intimidaron con las armas que portaban. Estos les cuestionaron qué andaban haciendo en el lugar; antes que terminaran de increparlos un tercer sujeto se unió al grupo de criminales.

Jorge y Brenda fueron apartados del grupo y conducidos hacia una “casa destroyer”. Él fue golpeado por dos delincuentes, mientras a ella le dieron dos opciones, ser violada o morir. Por su mente pasó la imagen de sus hijos.

Brenda no tuvo más opción que ser abusada sexualmente por los tres pandilleros.

Tras ello, la mujer salió de la habitación en donde la atacaron y logró ver que el resto de sus compañeros estaban retenidos en el interior de la casa, sentados en el piso. Los tres hombres estaban golpeados y Cecilia (nombre cambiado por protección) fue obligada a entrar a la habitación. También fue violada.

Las cinco víctimas fueron despojadas de sus teléfonos celulares y del dinero que portaban y al cabo de tres horas fueron dejados en libertad; sin perder más tiempo, regresaron al vehículo y se fueron del lugar.

En el camino lograron ser localizados por una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de que la empresa telefónica reportara a las autoridades que por mucho tiempo la unidad no tenía movimiento.

Solo un criminal fue sentenciado

Ambas mujeres coincidieron a la hora de brindar sus relatos ante el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador, donde tuvieron que enfrentar -esta vez mediante videoconferencia- a sus verdugos. Del otro lado de la pantalla, desde un penal, estaban los sujetos llenos de tatuajes.

El caso logró ser individualizado por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que Rivera Marroquín, quien fue detenido por la PNC, fue procesado por el delito de violación agravada, robo y privación de libertad.

El Tribunal de Sentencia le impuso una pena de 41 años y 8 meses de prisión, después de que se le comprobara su actuar en el caso.

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CONDENADOS: Marido y mujer son enviados a la cárcel por extorsionar en San Miguel

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Ricardo Ernesto Cano Ramírez y, su pareja, Carolina del Rosario Ramos Ramos, aceptaron voluntariamente haber “renteado” a tres víctimas a través de llamadas telefónicas y a nombre de la MS-13, con cantidades de 200, 40 y 20 dólares, en el año 2015, afirmaron Fiscales de San Miguel.

Marido y mujer, decidieron someterse a un procedimiento abreviado donde aceptaron el hecho, en el juicio en el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, que condenó a Cano Ramírez, a 45 años tras las rejas (15 años por cada víctima), y a Ramos Ramos a 10 años  (tres años y cuatro meses por cada persona ofendida).

Las tres víctimas con régimen de protección fueron chantajeadas con que les quitarían la vida y de similar forma a través de llamadas telefónicas en el mes de junio del año 2015. Dos de las llamadas fueron realizadas por el hombre desde el penal de San Miguel, donde está recluido. La otra, la hizo la mujer.

A dos de las víctimas le demandaron la entrega de US$1,000.00, al final tras las negociaciones, una de ellas solo entregó US$200.00, y la segunda US$40.00. A la otra persona ofendida le exigieron US$20.00.

Todas las víctimas depositaron el dinero en los servicios de envío de dinero de una compañía telefónica en el mes de junio del año 2015.

Nota tomada de El Blog

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ÚLTIMA HORA: Se suspende audiencia contra violentos jóvenes implicados en protestas y daños

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FOTOS LPG , EL MUNDO SV, EL SALVADOR.COM

Este viernes se suspendió la audiencia inicial contra José Luis Bernal (estudiante de Periodismo de la Universidad de El Salvador) y Brayan Martínez, ambos capturados el miércoles pasado acusados de causar daños al edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la marcha contra la privatización del agua.

El motivo de la suspendió de la diligencia judicial fue porque la jueza del caso presentó problemas de salud, por lo que fue reprogramada para el próximo martes 26 de marzo, a las 10:00 a.m.

Cabe destacar que el día jueves, ambos jóvenes fueron puestos en libertad luego que la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó al Juzgado prisión provisional ni medidas alternas a la detención contra los jóvenes. (Fotos cortesía/Universidad de El Salvador)

Por ello, tanto Bernal como Martínez debían acudir este viernes al Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, a las 10:00 a.m para enfrentar la audiencia inicial por los supuestos daños causados en el edificio de la Corte Suprema de Justicia y algunos vehículos ubicados en la zona.

Desde el momento de su detención, el rector de la UES, Roger Arias, junto a estudiantes y trabajadores del alma mater acompañaron en todo el proceso al estudiante.

“El joven Martínez, perteneciente a artistas urbanos también fue liberado”, señaló Roger Arias.

Según el rector, José Luis Bernal fue detenido mientras daba cobertura a la marcha contra la privatización del agua este miércoles. El estudiante realizaba prácticas de fotografía como parte de su formación académica.

Tras su liberación, el estudiante asistió a una reunión del Consejo Superior Universitario donde expuso que “Si esto está pasando es porque nos quieren detener”.

NOTA TOMADA DE EL BLOG

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Condenan a 110 años de prisión a pandillero por 14 homicidios

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El Juzgado Especializado de Sentencia “B” de San Salvador condenó a 110 años de prisión al pandillero Víctor Alfredo Rivas, por 14 homicidios agravados.

Asimismo otros  14 terroristas más fueron condenados a 13 años cuatro meses de cárcel. 

Los condenados cometieron los hechos entre el 2014 al 2016, en el municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, donde operaba la pandilla a la que los ahora condenados pertenecían.

Durante el fallo se expresó que muchos de los homicidios fueron cometidos por problemas entre pandillas o por “cuotas” de muertes que los pandilleros libres tenían que cometer.

 En el juicio declaró un testigo con criterio de oportunidad quien señaló que  mensualmente tenían que matar a dos personas, orden que era dada por los líderes de la pandilla recluidos en diferentes centros penales como el de Ciudad Barrios.

En el fallo la juzgadora justificó que las condenas se daban porque la declaración del testigo con régimen de protección era congruente a la prueba documental y pericial, porque todo lo narrado por éste se pudo verificar con la prueba de documental y pericial que contaba el proceso.

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