Así reaccionó Mauricio Funes a su cuarta demanda en su contra - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Así reaccionó Mauricio Funes a su cuarta demanda en su contra

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El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador giró ayer la cuarta orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes y su actual pareja, Ada Mitchell Guzmán, por el caso Chaparral donde son acusados de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado.

Sobre la resolución el Fiscal General dijo que “Es la cuarta orden de captura en contra del ex mandatario Funes, por lo que habrá que seguir el proceso de extradición en la Corte Suprema de Justicia”.

En contra de Funes se acumulan ya la orden de captura por el caso “Saqueo Público”, donde es acusado de lavado de dinero y el desvío de $350 millones; el “caso Corruptela”, donde le acusan de sobornar al exfiscal general, Luis Martínez para no investigarlo y el caso ROS, donde lo acusan de difundir información reservada.

La situación jurídica de Funes y Guzmán estaba pendiente, luego que la jueza Novena de Paz enviara a prisión a Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, también acusado de lavado de dinero.

También fue girada la captura del expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour Gómez, Mario Federico Pieragostini Maiochi, representante de Astaldi en el país, así como el de José Efraín Quinteros, un contador que habría tapado el origen del dinero.

Según la Fiscalía, CEL presidida por Samour, negoció con ASTALDI pagar $45, 244,418 millones más por la obra inconclusa en la presa hidroeléctrica El Chaparral y dar por cerrado el contrato, supuestamente, por situaciones “imprevistas e imprevisibles”.

El Ministerio Público acusa que de los $45.2 millones adicionales que recibió ASTALDI, la empresa italiana entregó $3.5 millones en dádivas a través de sociedades “offshore” a Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé” y que parte de este dinero sirvió para constituir a la sociedad vinculada con el exmandatario Funes y su pareja Ada Mitchell Guzmán, denominada Latin America Spas.

Ante este nuevo giro de captura el ex mandatario se pronunció al respecto y dijo que “todos los casos de corrupción que me imputa la FGR se basan únicamente en declaraciones de criterio de dudosa actuación y reputación como Jorge Hernández y Leonel Flores”

Por otra parte Funes dijo que “la única prueba que tiene la FGR del supuesto soborno que recibí de ASTALDI es lo declarado por un criteriado que resultó ser el mismo abogado que recomendó y avaló a CEL el pago a los italianos. Lo peor que eso le ha bastado a la jueza para admitir el caso y ordenar mi detención”

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Tribunal de Ética sanciona con $1,006.80 a juez por dar su vehículo a terceros

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El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) anunció que sancionó al Juez de Paz propietario de Santiago Texacuangos, en San Salvador, con $1,006.80 por ceder su vehículo asignado por el estado a personas ajenas a la institución y al Órgano Judicial. 

De acuerdo con el TEG, el juez Fernando Vásquez Martínez permitió a una persona utilizar el vehículo que se les asigna a los jueces de parte del Estado (que se paga con fondos públicos) para que lo utilizara, violando el artículo cinco de la Ley de Ética Gubernamental (LEG). 

«Utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios para el cumplimiento de los fines institucionales para los que están destinados», reza el referido artículo al mencionar las sanciones. El Tribunal aclaró que cuando se entrega vehículos para uso «discrecional» no quiere decir que no tenga restricciones. 

«El TEG reitera que un vehículo de “uso discrecional” no puede interpretarse como uso “libre”, “sin restricciones”, “conforme al criterio personal” sino que siempre debe entenderse como un uso sujeto al cumplimiento del interés público y de los fines encomendados a su institución.», escribió en la cuenta de Twitter de la institución.

Por: El Salvador Times.

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Condenan a psiquiatra por manosear a mujer durante psicoterapia en colonia Escalón

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a tres años de prisión a un psiquiatra identificado como Ernesto Armando Sol Schaeufler, de 46 años, por acoso en perjuicio de la víctima con régimen de protección clave “flor”, quien era su paciente.

A pesar de la sentencia emitida durante la vista pública, dicha pena será sustituida por jornadas de trabajo de utilidad pública, el cual será determinado por un Juzgado de Vigilancia y Ejecución de la Pena.

Fuentes judiciales indicaron que se estableció durante la vista pública la participación de Sol Schaeufler a través del testimonio de la víctima, así como el peritaje de la extracción de la información en la que se concluyó que si hubo comunicación entre el psiquiatra y la víctima, en la que le pedía disculpas por los tocamientos que le realizó.

En el juicio declaró la víctima “Flor”, quien dijo que pasó consulta con el psiquiatra, en su casa de habitación situada en la colonia Escalón, el pasado 9 de febrero de 2017, por un cuadro de depresión, donde el especialista le recetó diferentes tipos de medicamentos como quetiapina, bromazepam y venlafaxina.

Posteriormente, según el testimonio de la víctima; el imputado la citó para realizar una psicoterapia, y le dio una pastilla llamada Olanzapina, sin embargo la paciente no se la tomó.

Luego cuando iniciaba la psicoterapia, el ahora condenado empezó a tocarle sus partes íntimas, por lo que la víctima denunció el hecho ante las autoridades competentes.

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Salen libres 14 personas detenidas en «Operación Escudo Regional», entre ellos dos abogadas, un médico y un policía

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Debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó suficientes pruebas en contra de los señalados, los jueces a cargo de procesar a los detenidos de la «Operación Escudo Regional» dejaron en libertad a 14 personas que fueron detenidas el jueves pasado.

Entre ellos se encontraba Carlos Torres González, un médico de Fosalud, quien labora en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana.

El Juzgado de Instrucción Antimafia sostuvo que no habían pruebas para incriminar a Torres González en el delito que la Fiscalía había señalado.

A los detenidos, la Fiscalía los acusaba de colaborar con estructuras de la Mara Salvatrucha en diferentes puntos del país.

También fueron puestos bajo libertad a Yanira Recinos Miranda y Patricia Alfarom dos abogadas quienes fueron arrestadas en sus viviendas durante la madrugada del día en cuestión.

Por otro lado, un policía también recobró su libertad tras las valoraciones de los jueces. Aunque para ello debieron pagar 500 dólares de fianza y usar brazaletes electrónicos como medida de prevención.

En dicho operativo se realizaron 274 detenciones en departamentos como Sonsonate, La Libertad, Santa Ana, Ahuachapán, entre otros.

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