Alcalde de ARENA permanecerá en prisión acusado de tráfico de drogas y de personas - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Alcalde de ARENA permanecerá en prisión acusado de tráfico de drogas y de personas

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El alcalde arenero Lucio Ayala Flores fue enviado a prisión mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra, en el que se le acusa de tener vínculos con el narco y de tráfico de personas.

El Juzgado 14° de Paz de San Salvador celebró este día la audiencia inicial en su contra, en la que se determinó enviar el caso a la etapa de instrucción y mantener al edil en prisión en lo que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa desarrolla las diligencias de investigación del caso.

Ayala mientras participaba en la audiencia fue notificado de un nuevo delito que pesa en su contra – el de tráfico ilegal de personas- y este se sumó al de la acusación de distribuir drogas desde la comuna de San Antonio La Cruz, Chalatenango, donde fue reelecto el pasado 4 de marzo.

Una representante de la Fiscalía General de la República (FGR) llegó hasta donde estaba Ayala Flores para informarle del nuevo delito que se suma a las investigaciones.

El edil y el resto de implicados fueron trasladados esta mañana al Centro Judicial “Isidro Meléndez” para conocer la etapa inicial del proceso en el que se le señala de tráfico de drogas.

La investigación señala que el funcionario recibía droga proveniente de Honduras, la cual era escondida en las instalaciones de la alcaldía y posteriormente era trasladada a San Salvador, donde se distribuía en la comunidad Tutunichapa.

De esta manera el alcalde continuará detenido, pase lo que pase, luego de celebrarse la audiencia inicial en su contra en el tribunal Decimocuarto de Paz de San Salvador.

Esta mañana también se conoció que una banda de traficantes de mercadería y ganado que fue desarticulada en Metapán podría tener vínculos con Ayala Flores.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reveló recientemente que aún no se ha tomado decisión sobre el futuro de la alcaldía que Ayala Flores ganó nuevamente con la bandera de ARENA.

Investigadores del caso señalaron que luego de la captura del alcalde, quien también es conocido con el alias de “El Patrón”, se localizaron rastros de droga en carros y propiedades de este, algo que el funcionario ha desmentido en declaraciones a la prensa.

Ayala Flores intentó justificar el nivel de vida que ostenta asegurando que es un prominente ganadero de la zona.

Según fiscales a cargo del caso, entre 2013 y 2014 el alcalde compró diez terrenos los cuales están valorados en $72,500 y que podrían ser producto de actividades ilícitas.

Por: El Salvador Times

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CONDENADOS: Marido y mujer son enviados a la cárcel por extorsionar en San Miguel

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Ricardo Ernesto Cano Ramírez y, su pareja, Carolina del Rosario Ramos Ramos, aceptaron voluntariamente haber “renteado” a tres víctimas a través de llamadas telefónicas y a nombre de la MS-13, con cantidades de 200, 40 y 20 dólares, en el año 2015, afirmaron Fiscales de San Miguel.

Marido y mujer, decidieron someterse a un procedimiento abreviado donde aceptaron el hecho, en el juicio en el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, que condenó a Cano Ramírez, a 45 años tras las rejas (15 años por cada víctima), y a Ramos Ramos a 10 años  (tres años y cuatro meses por cada persona ofendida).

Las tres víctimas con régimen de protección fueron chantajeadas con que les quitarían la vida y de similar forma a través de llamadas telefónicas en el mes de junio del año 2015. Dos de las llamadas fueron realizadas por el hombre desde el penal de San Miguel, donde está recluido. La otra, la hizo la mujer.

A dos de las víctimas le demandaron la entrega de US$1,000.00, al final tras las negociaciones, una de ellas solo entregó US$200.00, y la segunda US$40.00. A la otra persona ofendida le exigieron US$20.00.

Todas las víctimas depositaron el dinero en los servicios de envío de dinero de una compañía telefónica en el mes de junio del año 2015.

Nota tomada de El Blog

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ÚLTIMA HORA: Se suspende audiencia contra violentos jóvenes implicados en protestas y daños

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FOTOS LPG , EL MUNDO SV, EL SALVADOR.COM

Este viernes se suspendió la audiencia inicial contra José Luis Bernal (estudiante de Periodismo de la Universidad de El Salvador) y Brayan Martínez, ambos capturados el miércoles pasado acusados de causar daños al edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la marcha contra la privatización del agua.

El motivo de la suspendió de la diligencia judicial fue porque la jueza del caso presentó problemas de salud, por lo que fue reprogramada para el próximo martes 26 de marzo, a las 10:00 a.m.

Cabe destacar que el día jueves, ambos jóvenes fueron puestos en libertad luego que la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó al Juzgado prisión provisional ni medidas alternas a la detención contra los jóvenes. (Fotos cortesía/Universidad de El Salvador)

Por ello, tanto Bernal como Martínez debían acudir este viernes al Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, a las 10:00 a.m para enfrentar la audiencia inicial por los supuestos daños causados en el edificio de la Corte Suprema de Justicia y algunos vehículos ubicados en la zona.

Desde el momento de su detención, el rector de la UES, Roger Arias, junto a estudiantes y trabajadores del alma mater acompañaron en todo el proceso al estudiante.

“El joven Martínez, perteneciente a artistas urbanos también fue liberado”, señaló Roger Arias.

Según el rector, José Luis Bernal fue detenido mientras daba cobertura a la marcha contra la privatización del agua este miércoles. El estudiante realizaba prácticas de fotografía como parte de su formación académica.

Tras su liberación, el estudiante asistió a una reunión del Consejo Superior Universitario donde expuso que “Si esto está pasando es porque nos quieren detener”.

NOTA TOMADA DE EL BLOG

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Condenan a 110 años de prisión a pandillero por 14 homicidios

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El Juzgado Especializado de Sentencia “B” de San Salvador condenó a 110 años de prisión al pandillero Víctor Alfredo Rivas, por 14 homicidios agravados.

Asimismo otros  14 terroristas más fueron condenados a 13 años cuatro meses de cárcel. 

Los condenados cometieron los hechos entre el 2014 al 2016, en el municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, donde operaba la pandilla a la que los ahora condenados pertenecían.

Durante el fallo se expresó que muchos de los homicidios fueron cometidos por problemas entre pandillas o por “cuotas” de muertes que los pandilleros libres tenían que cometer.

 En el juicio declaró un testigo con criterio de oportunidad quien señaló que  mensualmente tenían que matar a dos personas, orden que era dada por los líderes de la pandilla recluidos en diferentes centros penales como el de Ciudad Barrios.

En el fallo la juzgadora justificó que las condenas se daban porque la declaración del testigo con régimen de protección era congruente a la prueba documental y pericial, porque todo lo narrado por éste se pudo verificar con la prueba de documental y pericial que contaba el proceso.

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