Acusan a jefe del Ministerio de Trabajo por trato denigrante contra la mujer - Diario Digital Cronio de El Salvador
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Acusan a jefe del Ministerio de Trabajo por trato denigrante contra la mujer

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Tres empleadas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) denunciaron a su jefe alterno, porque este las trataba de forma denigrante para burlarse de su peso; el hombre las trataba de “gordas”, “cholas” y les hablaba con otros calificativos peyorativos.

Las constantes faltas de respeto se trasladaron hacia el Centro Judicial “Isidro Menéndez”, en donde el sujeto fue procesado por el delito de expresiones de violencia en contra de las mujeres. Durante el desarrollo del caso, este llegó hasta el Tribunal 1° de Sentencia.

Las víctimas decidieron imponer una denuncia en contra del imputado tras la desesperación que este les provocó por el constante hostigamiento, la desacreditación pública y degradación de su reputación.

Una de ellas indicó que ingresó a un área especial del Ministerio en julio de 2006, pero a finales de 2013 fue trasladada a otra sección . Ahí comenzó su martirio, pues su nuevo jefe no tardó en comenzar a denigrarla.

“¡Qué gran calzón anda!”, “¿Por qué está tan gorda?”, “¡Qué haragana es!”, eran algunas de las frases de burla que el jefe expresaba en contra de ella; cada vez que las decía, el hombre emitía una risa sarcástica.

Por su parte, otra de las demandantes contó al juez que ingresó al Ministerio en 2008. Un año después, en 2009 fue enviada también a otra sección , pero fue hasta el 2012 que el acusado se convirtió en su jefe, quien en varias ocasiones la llamó “gorda”, según su relato ante el juez.

El irrespeto fue tal, que en una ocasión ella gestionó la asignación de un escritorio y al momento en que se lo llevaron a la oficina él le cuestionó dónde lo colocaría: “¿A dónde se lo va a poner, en la nuca?”.

Mientras que con la tercera demandante  todo inició en marzo de 2014, luego de que ella fuera removida de un departamento en donde ingresó el 16 de septiembre de 2008.

A ella la comparaba con otra de sus compañeras de labores, así, a una la bautizó con el nombre de “Cholix uno” y la otra, “Cholix dos”, esto en alusión a la palabra “chola”, que se utiliza como sinónimo de grande.

En una ocasión, la tercera demandante le contó a su jefe que no llevaba su uniforme porque este no le quedaba. Él le respondió de na manera ofensiva: “Por ‘chola’ no le queda el uniforme”, le dijo; por si fuera poco, en lugar de buscar una solución para el problema, el hombre la reportó por no cumplir su obligación de ir uniformada.

Con el transcurso de los días, el jefe la calificó como “la manzana podrida que arruina al grupo de trabajo”. Además, la tildaba de problemática y de haragana tras regresar de un permiso solicitado.

Durante el proceso se conoció que el acusado incluso ordenó que a la tercera demandante le cambiaran el escritorio hacia una esquina de la oficina donde no podía conectar su equipo informático.

Mantendrán medidas por un año

Tras del proceso judicial, el Tribunal 1° de Sentencia ordenó la suspensión condicional del procedimiento durante un año, esto significa que luego que el jefe admitiera los hechos que se le imputan le fueron impuestas medidas que deberá cumplir durante ese tiempo. En caso que incumpla alguna de ellas, el caso volverá a los tribunales.

Luego de conocer el acuerdo, el demandado no podrá cambiar de domicilio y deberá mantener con las víctimas una relación estrictamente laboral y tratarlas con respeto, sin emitir expresiones que dañen su integridad.

Las tres mujeres afectadas podrán solicitar además el traslado hacia otra unidad del Ministerio de Trabajo para evitar relacionarse con el jefe. Las afectadas, sin embargo, no solicitaron ningún pago en concepto de responsabilidad civil.

El demandado estará bajo la observación de un juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena para que cumpla las reglas impuestas en los tribunales, de no cumplir con las mismas, el caso volverá a abrirse.

Por: El Salvador Times.

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CONDENADOS: Marido y mujer son enviados a la cárcel por extorsionar en San Miguel

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Ricardo Ernesto Cano Ramírez y, su pareja, Carolina del Rosario Ramos Ramos, aceptaron voluntariamente haber “renteado” a tres víctimas a través de llamadas telefónicas y a nombre de la MS-13, con cantidades de 200, 40 y 20 dólares, en el año 2015, afirmaron Fiscales de San Miguel.

Marido y mujer, decidieron someterse a un procedimiento abreviado donde aceptaron el hecho, en el juicio en el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, que condenó a Cano Ramírez, a 45 años tras las rejas (15 años por cada víctima), y a Ramos Ramos a 10 años  (tres años y cuatro meses por cada persona ofendida).

Las tres víctimas con régimen de protección fueron chantajeadas con que les quitarían la vida y de similar forma a través de llamadas telefónicas en el mes de junio del año 2015. Dos de las llamadas fueron realizadas por el hombre desde el penal de San Miguel, donde está recluido. La otra, la hizo la mujer.

A dos de las víctimas le demandaron la entrega de US$1,000.00, al final tras las negociaciones, una de ellas solo entregó US$200.00, y la segunda US$40.00. A la otra persona ofendida le exigieron US$20.00.

Todas las víctimas depositaron el dinero en los servicios de envío de dinero de una compañía telefónica en el mes de junio del año 2015.

Nota tomada de El Blog

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ÚLTIMA HORA: Se suspende audiencia contra violentos jóvenes implicados en protestas y daños

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FOTOS LPG , EL MUNDO SV, EL SALVADOR.COM

Este viernes se suspendió la audiencia inicial contra José Luis Bernal (estudiante de Periodismo de la Universidad de El Salvador) y Brayan Martínez, ambos capturados el miércoles pasado acusados de causar daños al edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la marcha contra la privatización del agua.

El motivo de la suspendió de la diligencia judicial fue porque la jueza del caso presentó problemas de salud, por lo que fue reprogramada para el próximo martes 26 de marzo, a las 10:00 a.m.

Cabe destacar que el día jueves, ambos jóvenes fueron puestos en libertad luego que la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó al Juzgado prisión provisional ni medidas alternas a la detención contra los jóvenes. (Fotos cortesía/Universidad de El Salvador)

Por ello, tanto Bernal como Martínez debían acudir este viernes al Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, a las 10:00 a.m para enfrentar la audiencia inicial por los supuestos daños causados en el edificio de la Corte Suprema de Justicia y algunos vehículos ubicados en la zona.

Desde el momento de su detención, el rector de la UES, Roger Arias, junto a estudiantes y trabajadores del alma mater acompañaron en todo el proceso al estudiante.

“El joven Martínez, perteneciente a artistas urbanos también fue liberado”, señaló Roger Arias.

Según el rector, José Luis Bernal fue detenido mientras daba cobertura a la marcha contra la privatización del agua este miércoles. El estudiante realizaba prácticas de fotografía como parte de su formación académica.

Tras su liberación, el estudiante asistió a una reunión del Consejo Superior Universitario donde expuso que “Si esto está pasando es porque nos quieren detener”.

NOTA TOMADA DE EL BLOG

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Condenan a 110 años de prisión a pandillero por 14 homicidios

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El Juzgado Especializado de Sentencia “B” de San Salvador condenó a 110 años de prisión al pandillero Víctor Alfredo Rivas, por 14 homicidios agravados.

Asimismo otros  14 terroristas más fueron condenados a 13 años cuatro meses de cárcel. 

Los condenados cometieron los hechos entre el 2014 al 2016, en el municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, donde operaba la pandilla a la que los ahora condenados pertenecían.

Durante el fallo se expresó que muchos de los homicidios fueron cometidos por problemas entre pandillas o por “cuotas” de muertes que los pandilleros libres tenían que cometer.

 En el juicio declaró un testigo con criterio de oportunidad quien señaló que  mensualmente tenían que matar a dos personas, orden que era dada por los líderes de la pandilla recluidos en diferentes centros penales como el de Ciudad Barrios.

En el fallo la juzgadora justificó que las condenas se daban porque la declaración del testigo con régimen de protección era congruente a la prueba documental y pericial, porque todo lo narrado por éste se pudo verificar con la prueba de documental y pericial que contaba el proceso.

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