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Judicial

Abogada Tania Pastor exige se investigue con prontitud al exfiscal Douglas Meléndez por supuestas torturas a fiscales y empleados de la FGR

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El ex fiscal de la República, Douglas Meléndez siguen ocupando agenda política a nivel nacional, tras ser denunciado por empleados y fiscales de presuntas torturas y violación a los derechos humanos de los demandados.

Los fiscales y trabajadores confesaron en su momento que fueron víctimas de torturas y acciones arbitrarias por parte del exfiscal Meléndez y su equipo más cercano de trabajo encabezado por su primo Wil Walter Ruiz y el fiscal Jorge Cortez (Jefe de la UIF) para obligarlos a ser “testigos criteriados y a mentir” y así fabricar el caso CORRUPTELA y perjudicar al empresario Enrique Rais, al exfiscal Luis Martínez, entre otros.

Tras esta serie de denuncias esta mañana de martes la abogada Tania Pastor pidió que se esclarezca con prontitud las denuncias en contra de Douglas Meléndez Ruiz y el resto de sus colaboradores señalados.

La profesional del derecho expresó en la entrevista de TVX que si el caso Corruptela fue llevado ante tribunales teniendo como origen las declaraciones falsas de los testigos criteriados de toda la investigación, el “caso se cae completo porque la nulidad va hasta atrás”.

Lo anterior según Tania Pastor, podría deberse a un posible caso de actos arbitrarios por parte del exfiscal general Douglas Meléndez o en su defecto a culpa de las personas criteriadas.

“¿Y esta afectación es culpa de los siete criterados, de los cuales se está investigando una tortura hacia ellos, o es culpa de una probable comisión de actos arbitrarios o abuso de autoridad por parte de Douglas Meléndez?”, externó.

“Yo si como población y como ciudadana exijo claridad y transparencia en que eso se dio”, agregó Pastor.

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 La abogada sostuvo que “cuando el río suena es porque trae piedras” refiriéndose a que hay tres casos aislados de denuncias en contra del exfiscal Meléndez, entre ellos el delito de utilizar el centro de escuchas telefónicas de forma ilegal para intervenir teléfonos de empresarios, secretarios generales de partidos políticos, diputados y periodistas. “Incluso el exfiscal Meléndez estaba escuchando al ahora fiscal general Raúl Melara”, dijo.

Se conoció que personalidades como Mauricio Interiano, de ARENA, Medardo González, del Fmln, Roberto Murray Meza, Julio Valdivieso, Mario Salaverría –mano derecha de Tomás  Regalado- entre otros, eran escuchados ilegalmente por parte de Douglas Meléndez y su primo Wil Walter Ruiz.

“Esa es una de las violaciones que pueden haber, por lo que debe investigarse el exfiscal Meléndez”, afirmó Pastor.

Las otras denuncias son por fabricar el caso Corruptela y además obligar a testigos de otros casos a brindar declaraciones falsas.

La abogada sostuvo que el exfiscal Meléndez tenía intimidado a todo el sistema judicial y por eso no actuaron en su contra. “Douglas Meléndez insultó a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el pleno les dijo que tenían clicas dentro de la Corte; que tenían modus operandi; amenazó a abogados a que los investigaría”, expresó.

Judicial

Autoridades piden seis años de cárcel para diputado desaforado Erick García

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En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.

Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.

García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.

Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.

Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.

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Judicial

Exdiputado del FMLN y familia enfrentan juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.

El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.

En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.

A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.

En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.

A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.

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Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.

«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.

Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.

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FGR logra penas de hasta 180 años de cárcel para pandilleros de la MS

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La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.

En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.

Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.

Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.

Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.

Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.

Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.

Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.

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Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.

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